Las leyes secundarias permitirán investigar, sancionar y reparar el daño, responde la Codehum a ONG

*Actualmente no tiene la fuerza coercitiva para emitir una sentencia que se acate de forma obligatoria por el gobierno, reconoce Ramón Navarrete

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de  Guerrero (Codehum) sigue siendo un instrumento de moral de la sociedad, pero no tiene la fuerza coercitiva para emitir una sentencia que se acate de forma obligatoria por el gobierno, reconoció el presidente interino del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno.
Aseguró que sus recomendaciones se apegan a los instrumentos internacionales y nacionales, en respuesta a las críticas de organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos que cuestionan su eficiencia y autonomía.
Para confirmarlo, indicó que en los últimos tres años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -como sinodal de los organismos estatales-, revisó 20 recomendaciones impugnadas en el estado, y en lugar de revocarlas o modificarlas, avaló todas.
En consulta telefónica desde la ciudad de México, informó que a partir de las reformas constitucionales del 2011, sobre el reconocimiento pleno de los derechos humanos, se tienen que aprobar nuevos instrumentos que permitan su aplicación.
Precisamente, el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra desde ayer (y durará cuatro días) en la ciudad de México, dijo que se habló de la necesidad de acelerar las leyes secundarias federales que se tienen que adicionar.
Explicó que en esta situación se encuentra Guerrero, que acaba de aprobar la nueva Constitución y tendrá que revisar las leyes secundarias que motiven la transformación en derechos humanos.
Ayer en la edición de El Sur, se publicó un desplegado en el que el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro) y el Movimiento Popular Guerrerenses (MPG), denuncian deficiencias en las recomendaciones de la Codehum en la aplicación de los estándares internacionales, que sólo invocan los instrumentos “pero no realiza un estudio razonado de sus alcances”.
Navarrete señaló que las recomendaciones están debidamente razonadas, pero la transformación de los derechos humanos está sujeta a las reformas, “y no es suficiente el cambio jurídico por sí mismo para el avance en materia de derechos humanos”, añadió.
Recordó que ahora no sólo es tarea del organismo la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos humanos, sino de todos los funcionarios públicos, y en el gobierno tendrán que contar, en su propio organigrama, con mecanismos para enfrentar esta responsabilidad.
Aceptó que se ha discutido bastante en las cortes que los organismos de derechos humanos no sólo tenga una fuerza moral, “no tenemos otra fuerza que no sea esa, pero estamos en la mejor postura de escuchar a políticos, a críticos y a quienes se sumen a la defensa de derechos humanos”.
Desde que asumió la presidencia de manera interina, señaló que está interviniendo en los movimientos sociales en lugar de esperar en el escritorio a que los problemas estallen “cuando sean irreversibles los daños causados”.
Consideró falsa la denuncia de que la Codehum no prioriza la capacitación sobre la reforma constitucional para el mejor desempeño de los trabajadores, porque están fomentando los cursos al interior e impulsaron la primera maestría entre los organismos de derechos humanos.
Aclaró que en la medida que se aprueben las leyes secundarias se tendrá que hacer lo propio para investigar, sancionar y reparar el daño, como exigen las organizaciones, en tanto, todos pueden aportar sus propuestas y recomendaciones.
Subrayó que en las recomendaciones se establecen medidas de reparación del daño, pero no tienen mecanismos para obligar a las autoridades locales a cumplirlos.
Adelantó que el organismo va a presentar una propuesta avanzada porque desde que se creó hace 24 años, en 1990, han pasado muchas cosas. Aunque las organizaciones consideraron que este desfazamiento legal afectó su autonomía, legitimidad, credibilidad y desempeño.
Navarrete precisó que las reformas están en la agenda del gobernador, un poder, el Ejecutivo estatal, al que no pueden ni apresurar ni marcar una pauta.