Los desplazados de Coyuca de Catalán están abandonados por el gobierno, dice la Redgro

*Van por el cuarto año que no siembran para comer y ellos tienen que depender, casi en su totalidad, de la buena voluntad de los gobernantes”, afirma el coordinador de esa organización, Manuel Olivares

El coordinador de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández solicitó ayer una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para evaluar la situación de los desplazados de la sierra de Coyuca de Catalán, refugiados desde noviembre del 2012 en Ayutla.
Olivares Hernández se reunió este lunes a la 1:00 de la tarde con la directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Fanny Ruth Lara Figueroa.
A pregunta expresa el coordinador de la Redgro mencionó que la funcionaria se comprometió a gestionar??una reunión con el gobernador o con su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre Guitiérrez.
Olivares indicó que Lara Figueroa les informó que el gobierno del estado ya pagó una parte de un terreno en la que se reubicará a desplazados de La Laguna que están en Puerto las Ollas desde finales del 2012, pero sostuvo que la ubicación del lugar no se podía dar a conocer por cuestiones de seguridad.
Mencionó que en la reunión no se fijaron fechas tentativas en las que se podrían reunir con el gobernador para atender los problemas que están viviendo los refugiados de la sierra de Coyuca de Catalán que viven en la comunidad de El Tepanco, municipio de Ayutla.
En noviembre del 2012 varias familias de las comunidades serranas como La Laguna, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos huyeron a otros lugares debido a las agresiones de los grupos de sicarios que implantaron un régimen de terror en esa zona.
Algunas familias se establecieron en la comunidad de Puerto las Ollas en donde todavía viven, y otras se instalaron en los pueblos de El Tepanco y La Unión del municipio de Ayutla.
El 29 de noviembre del 2012 fue asesinada??la dirigente de los desplazados de La Laguna, Juventina Villa Mojica cuando encabezaba a un grupo de 45 familias que se desplazaban a Puerto las Ollas.
“Las más de 32 familias con las que hemos venido acompañando prácticamente van por el cuarto año que no siembran para comer y ellos tienen que depender, casi en su totalidad, de la buena voluntad de los gobernantes y nunca les han resuelto. Les llevan algunas despensas, que son de esas que da el DIF, de esas electoreras que no resuelven sus necesidades básicas”, relató.
Reflexionó que “el caso de estas personas por ser el más antiguo representa un precedente, vemos que el gobierno no ha demostrado el interés real de poder sentar unas bases para poder atender los demás problemas que se han ido presentando”.
Alertó que la preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos radica en que cuando el gobierno del estado reubique en un predio a los refugiados estos perderían el carácter de desplazados, con lo que las autoridades estarían eludiendo una responsabilidad de atención que les corresponde con esta población.
Y “ellos al perder su carácter de desplazados o si pasaran a ser reubicados prácticamente el gobierno se estaría desentendiendo de las demás necesidades”, expresó.
Denunció que las familias desplazadas de las comunidades La Laguna y Hacienda de Dolores han sido abandonadas por las autoridades estatales.
“Desde ya hace un buen tiempo prácticamente desde hace dos años le estamos dando seguimiento al problema de los desplazados por la violencia principalmente en la zonas de La Laguna y Hacienda de Dolores (en la sierra de Coyuca de Catalán)”, recordó.
Consideró que el desplazamiento interno de comunidades debido a la inseguridad es grave en el estado de Guerrero, “yo creo que es un problema bastante grave sobre todo en la zona serrana de Coyuca de Catalán en donde las familias han terminado siendo refugiadas en comunidades extrañas a la suyas o con diferentes familias”.
El defensor de derechos humanos puntualizó que “muchos de los desplazados han tenido que moverse en grupos, pero muchos lo han hecho solos, como familias”.
Abundó que en lo que concierne a los desplazados de la sierra de Coyuca de Catalán no tienen las condiciones necesarias para regresar a los lugares de los que partieron, porque en sus comunidades siguen operando los grupos delincuenciales que los orillaron a huir.
Agregó que “quienes se han movido en grupos han podido en conjunto resolver sus problemas y sus necesidades y los que se han marchado como núcleo familiar se han refugiado con otros parientes y conocidos, que tienen dentro y fuera del estado”.
“Aquí algo que nos preocupa es que del desplazamiento por motivos de la inseguridad es un tema que sigue sin ser tocado como un asunto que representa el verdadero drama y desastre humano que se vive en las comunidades de Guerrero”, manifestó.
“Llama mucho la atención que todo este tipo de problemas se está dando en regiones donde las empresas mineras tienen concesiones y nos da cierta certeza de que al gobierno de Guerrero le interesa que los pueblos de??la Tierra Caliente y la Montaña queden despoblados para que no haya esa resistencia a estas empresas y sobre todo en donde el régimen de propiedad es colectivo, como los ejidos y los bienes comunales, de alguna manera no puedan ejercer el derecho a la defensa de la tierra y los recursos naturales”, explicó.
“También hemos visto cómo el gobierno se ha hecho omiso en su deber para defender y garantizar los derechos humanos de la población desplazada, y en este caso el derecho a la vida y el derecho al patrimonio de las personas. En ese sentido los desplazados están totalmente desprotegidos”, lamentó.
Añadió que “para el gobierno lo más importante es que esa zona de donde ellos fueron expulsados y desplazados puedan ya no regresar y quede despoblado para que las empresas mineras puedan hacer sus negocios, así como los grupos de la delincuencia organizada y quienes se dedican a la explotación de la madera. (Fernando Hernández / Chilpancingo).