Con un plantón en Casa Guerrero, denuncian despojo y pide indemnización

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Con un plantón en la puerta tres de Casa Guerrero, el representante del grupo Unidos por Guerrero, Carlos Lara Razo, demandó ayer la indemnización y reparación del daño por el despojo de dos hectáreas de tierras que sufrió por parte del gobierno del estado.

El agraviado quien dijo que no han procedido dos denuncias penales y una civil demandó, asimismo una audiencia con el gobernador René Juárez, porque dijo que están involucrados en el despojo funcionarios de su gobierno mientras que otros están obstaculizando la solución del conflicto.

Desde las 9 de la mañana Lara Razo, acompañado sólo de otras dos personas colocó una gran manta en las rejas de la puerta tres de la residencia oficial y después del medio día denunció que el lunes le ofrecieron que a las 11 de la mañana sería recibido por funcionarios estatales en Casa Guerrero pero que hasta la una de la tarde seguía esperando.

Dijo que el ocho de julio del 2000 un grupo de 20 agentes de la Policía Judicial del Estado encabezados por el extinto comandante, Walfred Adame Bailón, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno estatal, Rogelio Gutiérrez Barrios y la directora de la escuela secundaria Heberto Castillo, María del Socorro Garibo, tomaron dos hectáreas de tierras de su propiedad ubicadas en el predio El Salado al noroeste de esta capital de donde desalojaron a una familia que le cuidaba el terreno.

Informó que en el terreno fue construida la escuela primaria y el jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano y que desde entonces no había ventilado públicamente el caso porque quería que se resolviera por la vía judicial.

Lara Razo presentó la denuncia por el delito de despojo ante la Agencia del Ministerio Público de esta capital en donde se integró la averiguación previa Bra/sc/01/246/2000 el 2 de febrero del 2000.

También presentó la denuncia “por imputación de hechos falsos y simulación de pruebas, calumnias y falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial, reparación de daños y perjuicios por un millón de pesos” por la que se integró la averiguación previa Bra/sc/04/1688/2002.

Esta denuncia la presentó en contra de José Andraca Patrón, Alberto Guzmán Solano María del Socorro Santiago y Rogelio Gutiérrez Barrios quienes fueron los que se posesionaron en un principio del predio.

Asimismo presentó otra denuncia por la vía civil “por acciones de nulidad de documentos apócrifos” presentados por José Andraca Patrón, María de Lourdes Adame y del gobierno del estado, ante el juzgado primero de primera instancia en materia civil en donde se integró el expediente 54/2001-II.

Sin embargo denunció que ninguna de estas demandas ha procedido por lo que ahora ha decidido dar la lucha por la vía política.

Lara Razo informó que el gobierno estatal aceptó el predio por medio de una simulación de venta de las dos hectáreas de tierras, por las que presuntamente pagó 570 mil pesos al particular José Andraca Patrón, a pesar de que sabía que el terreno estaba en litigio y que el vendedor y presunto propietario no había comprobado ser el propietario.

Indicó que a pesar de las instrucciones del gobernador René Juárez al secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, quien autorizó la compra del terreno, a Daniel Pano Cruz, por haber utilizado para la construcción de escuelas el terreno y al procurador Jesús Ramírez Guerrero y al secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve por ser los responsables de resolver el problema por la vía jurídica y política, los funcionarios no han atendido el problema.

Informó que junto a las dos hectáreas que fueron invadidas por el gobierno estatal todavía se encuentran en litigio con José Andraca Patrón otras 55 hectáreas, de las cuales señaló que 10 de ellas fueron “donadas” por el presunto propietario al ex alcalde José Luis Peralta Lobato para que lo apoyara con la regularización del fraccionamiento que pretende.