EDITORIAL

 Una fiscal contra el secreto de las fuentes

La fiscalía especial que investiga el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa citó a una diligencia de carácter penal a la reportera de El Sur Maribel Gutiérrez Moreno.

Esta decisión es considerada por nosotros como un agravio al trabajo periodístico, pues se toma pese al acuerdo cada vez más amplio en la sociedad que señala que los reporteros no deben ser citados a declarar en investigaciones penales por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión para que revelen sus fuentes de información.

Aquí coinciden no solamente el gremio propiamente, sino asimismo la Sociedad Interamericana de Prensa que agrupa a los consorcios más grandes de los medios impresos del continente. Del mismo modo, a raíz de citatorios similares a colegas de los diarios de circulación nacional Reforma, El Universal y La Jornada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos defendió el derecho de los reporteros a conservar en secreto el nombre de sus fuentes, e incluso su presidente José Luis Soberanes anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de legislación al respecto, que seguirá al proyecto de Ley Federal de los Derechos Mínimos para el Ejercicio del Periodismo que presentó en febrero el grupo parlamentario del PRD.

Por si esto fuera insuficiente, debe recordarse que México es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuya Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se estipula que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

En este contexto de creciente coincidencia social en torno a la naturaleza del trabajo de los reporteros, lo menos que puede decirse es que la fiscal especial Margarita Guerra muestra una insensibilidad que no puede cubrir ninguna aparente intención de investigar a fondo el caso Digna Ochoa.

Aquí, la reportera Maribel Gutiérrez no tiene más que decir que lo que ya escribió en su reportaje publicado en estas páginas desde el 5 de junio del año pasado, y recogido de diversas maneras en los más importantes medios escritos y electrónicos del país.

Queremos contribuir al debate entre nuestros colegas y la sociedad para decir que los reporteros no sólo no debieran acudir a estos citatorios, sino que éstos no deben siquiera existir. En ningún caso los reporteros, en el ejercicio de su labor, pueden ser considerados como testigos ni tampoco como indiciados.