Esperan magistrados la restitución de sus cargos tras el fallo de la Corte

De la corresponsalía, Chilpancingo * Los dos magistrados y una jueza que fueron inhabilitados por el Congreso local por haber dejado en libertad a un ex integrante de la banda de secuestradores que dirigía Pedro Baragán González, serán restituidos en sus cargos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a su favor la controversia constitucional.

“No he recibido la notificación oficial, pero nosotros ya esperábamos esa resolución, y por fin se nos va hacer justicia”, declaró Miguel Maya Manrique, uno de los magistrados destituidos por el Congreso.

En septiembre del 2001, el Congreso local inhabilitó del cargo durante seis años a los magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique así como a la jueza María del Pilar León Flores quienes revocaron una sentencia condenatoria de 22 años seis meses en contra de Carlos Alberto García Castro quien con miembros de la banda de Pedro Barragán González secuestraron en 1996 a Oscar Ibáñez Reyes, hijo del empresario de Chilpancingo, Javier Ibáñez Sandoval, asesinado a tiros en marzo del 2002.

En la resolución de la SCJN, estimó que el dictamen de valoración previa emitido por la Comisión Instructora del Congreso local, mediante el cual se admitió y declaró procedente la denuncia de juicio político contra los dos magistrados y la jueza, no podía ser analizado.

Uno de los abogados que llevan el caso y que fue contratado por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, señaló que la SCJN resolvió un primer recurso de controversia constitucional en el que se impugnó que la Comisión Instructora de la anterior Legislatura Local –que estaba integrada por los diputados Roberto Torres Aguirre, Misael Medrano Baza, Sebastián de la Rosa Peláez– abordara indebidamente la demanda de juicio político contra los funcionarios judiciales.

En una segunda controversia constitucional que se interpuso ante la SCJN, se impugna la resolución final aprobada por el Congreso del Estado en el que acuerda inhabilitar por seis años para desempeñar cargos públicos.

El ex magistrado de la Sala Penal del TSJ, Miguel Maya Manrique, afirmó que aunque no ha recibido oficialmente la resolución de la SCJN, ya esperaba este resultado.

“No sé si la anterior legislatura local actuó con criterios políticos para que nos inhabilitaran del cargo, pero sí considero que hicieron una injusticia con nosotros”, manifestó.

Y no descartó entablar una demanda de carácter civil contra el Congreso local por el daño moral.

“A mí en lo personal me dañaron moralmente, también a mi familia, a mis hijos”, externó el ex magistrado.

Uno de los abogados de los ex funcionarios judiciales indicó que seguramente la SCJN va a notificar al Congreso local de esa resolución y le va a solicitar que emita un nuevo decreto donde a los dos magistrados y a la jueza se les restituya de sus cargos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, entrevistado el miércoles dijo que hasta ese día la SCJN no le había notificado la resolución.

Y sostuvo que de ser cierta la versión, no se puede hablar de “triunfos o derrotas” de uno de los poderes del estado, “sino que simplemente se respetó el Estado de derecho”.