Silvestre Pacheco León

CRONICA MUNICIPALISTA

  Los incendios forestales

Ni siquiera para contar bien los incendios forestales resultan confiables las autoridades, menos para explicar e incidir en las causas principales que los provocan. Ahora lo que queda claro es que su empeño principal consiste en ganar en el papel la guerra de las cifras.

Si hubiera un interés oficial por cuidar lo que queda de bosque en el estado, se atendería menos el manejo propagandístico de su combate y más a las iniciativas para su prevención.

En efecto, qué caso tiene hablar sobre el precio en que rentarán las aeronaves que transportarán el agua para abatir el fuego, o del papel de los narcotraficantes en la provocación de los incendios en las partes más intrincadas de la sierra, si el presupuesto raquítico para el sector ni se prioriza ni se cuida y si la superficie para cultivo de enervantes crece en vez de disminuir.

Ahora ya no se habla del daño severo que provoca a la capa vegetal la agricultura de tumba roza y quema, ni los desmontes para ampliar la frontera ganadera, y mucho menos de los programas que buscan incentivar proyectos rural amables con la naturaleza.

Todos dan por hecho que el deterioro ambiental vive un proceso irreversible y que lo más recomendable es nadar de a muertito esperando que todo pase sin mayor alteración en la conducta oficial.

A pesar de todo eso, nosotros debemos insistir en la enorme cantidad de propuestas surgidas de las organizaciones sociales que se preocupan por la conservación de los recursos naturales, aún de los renovables.

En el mes de enero, en Ixtapa, en el Encuentro Estatal denominado Una Política Ambiental para Guerrero, lo mismo se presentaron propuestas de apoyo a proyectos productivos respetuosos del ambiente, que medidas para la recuperación de cuencas.

El Colectivo Costa Libre presentó una serie de propuestas de política ambiental en las que se establece el papel estratégico de la sociedad civil coordinándose con el sector oficial.

Se trata de que las autoridades ambientales, en vez de renunciar o alejarse de sus compromisos y responsabilidades, asuman su obligación de acercarse a los actores principales del medio rural para que sea a partir de que ambos conozcan la realidad del campo, asuman de manera común la conducta más adecuada para la preservación de los recursos naturales.

Se trataba de que desde hace un mes, cuando en el campo sus habitantes se preparan en programar sus actividades para la siembra, tanto la Semarnat, la Conafor, la Profepa, la PGR y las autoridades municipales, asistieran a las asambleas ordinarias mensuales de los ejidos y de las comunidades para exponer la problemática que vive el bosque y las consecuencias que sufre la sociedad.

Si bien es cierto que el fuego se utiliza como una herramienta ahorradora de mano de obra en el proceso de desbrozar y preparar la tierra para los cultivos como el maíz y el forraje, también lo es que existe la obligación de que sea la autoridad la que permita el cambio de uso del suelo para convertir una selva o un bosque en un pastizal o en un tlacolol.

Eso sucede con la norma que establece la obligación de que se hagan guardarayas en las tumbas, que se inicie la quema al revés de cómo es la costumbre, que se avise a la comunidad y a los vecinos cuando se vaya a utilizar lumbre e incluso, que se organice en común esa actividad que suele ser el origen de los incendios que luego se vuelven incontrolables.

Sólo para insistir en algo que no checa con el sentido común debemos comentar aquí el caso de los narcotraficantes, pues el argumento bastante socorrido de que son los sembradores de mariguana y amapola los autores de los mayores incendios, sería la más segura pista para quienes los combaten, pues podrían tomar nota, en estas fechas, de los lugares donde esos desastres se suceden para que con mayor precisión tanto la PGR como la Sedena cumplieran con mayor eficacia su cometido.

En fin, si los habitantes del medio rural conocieran con detalle y de voz de las autoridades la problemática ambiental, estarían en posibilidad de exponer sus propias necesidades y puntos de vista para concertar las políticas que buscan el beneficio común.

Quién podría ser el mejor guardián de sus recursos si no sus propios dueños. Esa verdad que es de Perogrullo siempre salta como asunto de sentido común cuando se trata de analizar problemas como el de los incendios forestales.

Para muchos podría calificarse como aventurada o simplemente utópica la idea de prohibir el uso del fuego como herramienta en el proceso productivo del medio rural, pero sin duda que sería viable y necesaria, pues si un campesino o ganadero quiere destruir el bosque o en general la capa vegetal para hacer una parcela, lo menos que se le podría exigir es que no la quemara a fin de que la basura o los desechos producidos se incorporara como abono orgánico a su cultivo.

Claro que esta nueva cultura productiva en el medio rural requiere de incentivos oficiales y claro que los hay pero esos no son conocidos ni llegan masivamente a los lugares que se requieren.

Claro que es más cómodo y aprovechable para el gobierno negociar con los grupos políticos que liderean productores entregándoles parte del presupuesto público para abonos y pesticidas químicos que contaminan y hacen adicta a la tierra, que fomentar una cultura ecológica enseñando a cuidar el bosque, el agua, el suelo y a mejorar la calidad de los productos que son la base alimenticia de la mayoría de los mexicanos.

Hasta se podría promover el otorgamiento de un premio anual a los ejidos y comunidades que con su cuidado impidieran la generación de incendios en su espacio territorial.

Quizá de ése modo se cambiaría la actitud apática de los pobladores del medio rural que ahora ni se quejan ni se acongojan cuando ven incendiados y disminuyendo los bosques que cada vez son menos.

Nuestra propuesta está ahí y se hizo pública en aquel evento de Ixtapa.