Al Centro Morelos, cinco quejas contra policías y militares tras enfrentamientos de Chilapa

Luis Daniel Nava

Chilapa

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció abusos contra la población en las acciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y del Ejército en esta ciudad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, informó que en esa oficina se han recibido cinco quejas de violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Policía Estatal y por militares en los operaciones contra la delincuencia organizada después de los enfrentamientos armados que dejaron al menos 14 muertos en julio.
Dijo que las denuncias acusan a los militares y policías de maltratar y someter con violencia a jóvenes sólo por su aspecto. Olivares Hernández añadió que en la mayoría de las revisiones que hacen la Policía Estatal y el Ejército no hay una investigación que justifique someter y señalar a los detenidos como parte de la delincuencia.
El también coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos dijo que el domingo él mismo fue “víctima” de la forma en que la Policía Estatal somete a los ciudadanos.
Narró que, alrededor de las 7 y media de la mañana, a un costado de la catedral, un convoy de las Fuerzas Especiales lo rodeó y lo obligó a bajar de su automóvil para interrogarlo y revisarlo. Es una forma intimidatoria y de hostigamiento a la población, consideró, e indicó que el combate a la delincuencia no debe ser pretexto para violentar los derechos humanos.
Llamó al gobierno del estado a que instruya a soldados y policías para que, en los operativos contra la delincuencia en esta ciudad se respeten los derechos humanos.

El gobernador se quiere quitar de encima a Bruno Plácido

Olivares dijo que el gobernador, en contubernio con el gobierno federal ha emprendido una cruzada contra el movimiento social en Guerrero, al confirmarse una orden de aprehensión contra Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de los grupos de autodefensa en la Costa Chica y la región Centro.
Dijo que se veía un año difícil para el movimiento social, y la detención de los luchadores sociales lo está confirmando.
“Es una escalada de represión contra luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, una cruzada contra los luchadores sociales en contubernio con el gobierno federal”, dijo Manuel Olivares y lamentó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, después de haber impulsado y fortalecido a la UPOEG, hoy a su dirigente Bruno Plácido Valerio “se lo quiere quitar de encima”.
Añadió que si un gobierno no garantiza los niveles mínimos de bienestar de su población y no respeta los derechos humanos, la obliga a movilizarse.