Piden ONG a la CIDH una plenaria en México ante la crisis en derechos humanos que se vive

Piden a la CIDH una plenaria en México ante la crisis en derechos humanos que vive el país

*Las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales viven una etapa “desoladora” con retrocesos con las reformas estructurales, porque concentran la riqueza del país en unas manos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos del despojo de los recursos naturales, afirma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

Redacción

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República, expuso la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona en la ciudad de México, se lleve la información detallada de los patrones y causas estructurales de la violación a los derechos humanos en diferentes estados del país y que realice una visita oficial como la plenaria en 1996.
En un boletín difundido el lunes, menciona que la última vez que se realizó una visita oficial de la CIDH con el objetivo de analizar la situación de los derechos humanos en México fue en 1996, que resultó en un informe publicado dos años después, “si el contexto de violaciones documentado en 1998 era motivo de gran preocupación, la crisis en derechos humanos que actualmente vive el país constituye un llamado de emergencia a las instancias internacionales de derechos humanos”.
Las organizaciones consideran que los defensores de derechos humanos sufren crecientes niveles de represión, “desde el uso desviado del sistema penal para criminalizarlas, hasta la aplicación de leyes que priorizan el uso de la fuerza, incluso letal, como única respuesta a la protesta social”, ante el retroceso que se ha experimentado en el país.
“Se impone la necesidad de que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país, desplegando todas sus herramientas como lo son las visitas oficiales, la emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas (las cuales estaremos solicitando próntamente para el próximo periodo de sesiones de octubre), entre otras”, se lee en la misiva.
La CIDH se encuentra de visita en la ciudad de México, donde se realizan audiencias públicas de la situación de derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y el lunes participó Tlachinollan, que expuso la situación de la Normal de Ayotzinapa y la detención de los integrantes de la CRAC y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Las organizaciones consideran que si se tienen avances en el reconocimiento de los derechos humanos en México, las reformas “todavía no han transformado una realizad lacerante que incluye decenas de miles de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y víctimas de la violencia impune”, así como la militarización de la seguridad pública que ha aumentado las “violaciones graves a los derechos humanos sin poner fin a la violencia”.
También denunciaron que a dos años de que entre en vigor el nuevo sistema penal en el país, las detenciones arbitrarias y fabricación de culpables sigue siendo el “modus operandi” del sistema de procuración de justicia, mientras el relator sobre tortura de la ONU caracteriza la tortura en México como “generalizada”.
Exponen que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales viven una etapa “desoladora” con retrocesos con las reformas estructurales impulsadas por el poder Ejecutivo federal, porque concentran la riqueza del país en unas manos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos del despojo de los recursos naturales.
Ejemplifican con el “esquema impulsado por el gobierno federal en materia de hidrocarburos, es hoy la principal amenaza que pesa sobre el derecho de los pueblos y comunidades a su tierra y territorio”, que agrava la situación de los grupos defensores y los pone en un situación de mayor vulnerabilidad.
Denunciaron que a miles de personas migrantes se les niegan sus derechos al trasladarse a través de México, que decenas son víctimas de secuestro, violación sexual, extorsión, entre otros abusos, y la violencia contra la mujer siguen siendo una realidad cotidiana, consecuencia de la desigualdad social y la discriminación por motivos de género, vinculadas con la etnicidad, condición socioeconómica y otros.
Las organizaciones firmantes exponen que el Estado sigue sin generar ni cumplir la legislación y políticas públicas que garanticen los derechos a los niños y adolescentes, principalmente a los que se encuentran en instituciones o en riesgo de perder la protección de sus familias.
Los pueblos indígenas siguen sufriendo el despojo de sus tierras, altos niveles de pobreza, la falta de reconocimiento a su autonomía, instituciones y cultura.  Y los internos penitenciarios son un grupo extremadamente vulnerable “como consecuencia del autogobierno y de la impunidad que existe al interior de dichos centros, se ve violentado en sus derechos más básicos y fundamentales”, denuncian.
Las organizaciones expusieron en el comunicado que confían en que las sesiones enriquezcan la labor de la CIDH en la región, cuya visita es propicia para poner en relieve la distancia que existe entre lo enunciado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la realidad de nuestro país, mismo que ocupa el primer lugar en peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH.

Habrá hoy una audiencia del proceso de amparo contra el traslado de Suástegui

Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudirán a la audiencia que se realizará hoy del proceso de amparo contra el traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, en el juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito.
El objetivo del amparo era evitar el traslado de Suástegui Muñoz a un penal fuera de Guerrero, como ocurrió al ser enviado a la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y con ello garantizar su defensa legal acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
Tlachinollan informó que en la audiencia que se realizará hoy, el juez tiene la oportunidad de otorgar el amparo de la justicia federal a Suástegui Muñoz y hacer efectivo su derecho a una defensa adecuada, reconocido en el artículo 20 de la Constitución mexicana, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 14 letra D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con el amparo, se estaría garantizando que Suástegui Muñoz tenga la posibilidad de comunicarse con sus defensores de manera libre y fluida, lo cual no ha ocurrido desde su detención el 17 de junio.
Tlachinollan sostuvo que el traslado del vocero del Cecop al penal de Tepic “es ilegal y violatorio de los derechos a la defensa adecuada, a la presunción de inocencia y al debido proceso”, debido a que el día de la detención se puso la demanda de amparo contra el traslado a algún penal federal fuera de Guerrero para asegurar que tuviera una defensa adecuada.
La demanda se admitió y se turnó al juez Tercero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, y quedó radicada bajo el número 649/2014, a partir de lo cual, dicho órgano de control constitucional otorgó la suspensión de plano, lo que habría implicado que Suástegui permaneciera en Guerrero con todas las garantías y Tlachinollan pudiera llevar su defensa legal de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y evitar lesionar aún más la integridad física y psicológica del defensor y líder comunitario. Sin embargo no se respetó dicha suspensión, lo cual fue expuesto en la sesión en la que participó Tlachinollan con representantes de la CIDH, el lunes en la ciudad de México.

Por robo y daño en el estado y quizá dos federales, las órdenes de aprehensión contra Bruno: PGJE

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jorge León Maldonado afirmó que el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio tiene una orden de aprehensión en el estado por robo y daño, y puede tener una o dos federales.
El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares, el sábado, cuando se le preguntó cuántas órdenes de aprehensión hay contra el dirigente de la UPOEG, dijo que había dos en el estado, “y no sé si a nivel federal haya más”.
Ayer, durante la inauguración de la remodelación del Servicio Médico Forense, se le preguntó al subprocurador del proceso legal que enfrenta el dirigente indígena, que no ha regresado al estado desde el domingo, según dijo porque está atendiendo su salud.
León Maldonado respondió que existe una orden de aprehensión federal, así como una del fuero común por robo y daño, pero no detalló sobre qué hechos.
Los integrantes de la UPOEG bloquearon durante diez horas la noche del jueves la autopista del Sol y la carretera federal para exigir que el gobierno del estado los enlazara con el federal y les resuelvan sus demandas.
El funcionario dijo que no sabía por qué lo busca el gobierno federal, “existe una orden de aprehensión… no tengo el dato, tiene a nivel federal  y también del orden común por robo y daños”.
Dijo que no tiene los datos exactos, pero que existen de dos a tres órdenes de aprehensión en contra de Bruno Plácido Valerio, dos corresponderían al orden federal, y una del orden común.
Un reporteros le preguntó cuántas órdenes de aprehensión tiene Bruno Plácido, y contestó “como dos o tres órdenes de aprehensión, es que tiene a nivel federal, pero no tengo bien el dato… a nivel estado tiene una”.
También se le preguntó si el proceso legal a nivel federal es por el bloqueo de integrantes de la UPOEG sobre la autopista del Sol que duró 10 horas, pero el funcionario dijo que desconocía el motivo.
El líder de la UPOEG informó la semana pasada que está hospitalizado y que si no está en Guerrero no es porque tenga miedo, y aseguró que en cuanto el doctor lo dé de alta regresará y se pondrá a disposición de las autoridades que lo buscan, porque no es necesario que lo detengan, ni al resto de los dirigentes porque él asumirá la responsabilidad de las acciones de la organización.