Xavier Carreto A.

Tenemos autoridad electoral

Para René Juárez la multa de mil millones de dólares que el Instituto Federal Electoral (IFE) impuso al PRI fue una decisión injusta y llena de irregularidades. La sanción es resultado, como todos lo sabemos, porque este partido recibió de Pemex 500 millones de pesos a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que sirvieron para financiar la frustrada campaña de Francisco Labastida a la Presidencia de la República. Falta que la Procuraduría General de la República y la Secodam establezcan la pena que tendrá que aplicarse a los servidores públicos de Pemex y que previamente la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados quite el fuero constitucional al diputado priísta Carlos Romero Deschamps y el senador priísta Ricardo Aldana, ambos dirigentes petroleros, para que reciban la sanción penal a la cual se han hecho merecedores.

El castigo para el PRI es justo y se han cubierto las formalidades que la ley electoral establece, por lo cual las irregularidades están en la cabeza del gobernador priísta guerrerense y que lamentablemente ha secundado el dirigente estatal, Héctor Apreza, un político usualmente serio.

Para los priístas, y para el gobernador Juárez en lo particular, el IFE ha procedido de manera sospechosa, cuando los Consejeros electorales, con excepción de José Barragán que se abstuvo, han aprobado este castigo que el PRI se ha ganado a pulso. Por cierto, con excepción del Partido de la Sociedad Nacionalista, negocio familiar de Gustavo Riojas, ningún otro partido defendió a los priístas, incluidos sus recientes socios del verde ecologista.

Vayamos por partes. Para empezar el 5 de junio del 2000 se firmó el convenio administrativo sindical No. 9399, celebrado entre Pemex y el sindicato petrolero por el cual se concede un préstamo a éste por 640 millones de pesos. Se anexa a este documento el recibo de fecha 12 de junio firmado por Romero y Aldana, en el cual consta que recibieron esta cantidad, mediante el cheque No. 8648 de fecha 8 de junio del 2000 que corresponde a la cuenta de Pemex No. 00100-213575-2 de Inverlat. Asimismo, obra en el expediente la ficha de depósito del cheque 8648, depositado en la cuenta 55902069-9 del Banco Mercantil del Norte, a nombre del sindicato petrolero. Consta, por otra parte, en este expediente, que el senador Ricardo Aldana, tesorero del sindicato, autorizó mediante un escrito remitido al Banco Mercantil que los señores licenciados Elpidio López López, Melitón Antonio Cázarez Castro, Alonso Veraza López, Gerardo Trejo Mejía, Joel Hortiales Pacheco y el CP Andrés Heredia Jiménez –cinco de ellos, exceptuando a Andrés Heredia, eran empleados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI–, para recibir dotaciones de dinero a través del traslado de valores que se efectúen por parte de esa institución bancaria. También obran en el expediente 86 comprobantes de que las personas citadas recibieron 500 millones de pesos del banco mediante su servicio de valores y los 140 millones restantes los recibió personalmente el senador Aldana.

Esta sanción impuesta al PRI por el IFE, que según el gobernador “no gustó a nadie”, está ampliamente documentada y es un buen precedente para que en lo sucesivo cualquier partido político lo piense dos veces antes de incurrir en acciones deshonestas. No gustó, conviene puntualizarlo, a muchos que no a todos los priístas, pues hay algunos que les llena de pena este hecho. En cuanto a los ciudadanos sin partido o militantes de otras organizaciones partidistas la verdad es que la gran mayoría estamos de plácemes.

Nunca antes los priístas habían sido severamente sancionados a pesar de que siempre han actuado de manera tramposa para ganar procesos electorales. Aquí en nuestro estado, los guerrerenses hemos sido testigos que cada proceso electoral, sobre todo en comicios locales, los miembros de este partido han hecho un uso abusivo de los recursos públicos para ganar y un practicante destacado de estas anomalías lo ha sido el propio Juárez Cisneros, quien nunca hubiera sido presidente municipal de Acapulco y gobernador del estado si hubiera actuado de manera honesta y responsable.

El IFE es una institución seria y responsable que ha merecido el reconocimiento de la sociedad mexicana y sus actuaciones han estado apegadas a la legalidad y a la decencia. Defenderlo, como lo piensan muchos destacados intelectuales mexicanos, entre otros, René Delgado, Miguel Angel Granados, Federico Reyes Heroles, Lorenzo Meyer, es una obligación de los ciudadanos de este país.