Pide asesor de policías en paro la intervención de Aguirre para que se resuelvan sus demandas

*En conferencia de prensa, José Antonio Lemus exhortó a los ciudadanos a dar el voto de confianza a la Policía Preventiva en el combate a la inseguridad. No es un movimiento político el de los agentes, asegura

Aurora Harrison

El asesor jurídico de los policías municipales que están en paro, Jesús Antonio Lemus Beltrán, pidió la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que se resuelvan las demandas que tienen sus representados, y que no haya despidos injustificados o bajas como una forma de hostigamiento o represión laboral hacia ellos.
En conferencia de prensa afuera de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en donde los agentes mantienen el plantón, pidió a los ciudadanos un voto de confianza a los policías preventivos para parar el incremento de los delitos.
Reiteró que no es un movimiento político, sino que la petición es una liquidación justa a los que no reúnan los requisitos de permanencia.
“Se pide que no haya más despidos injustificados o bajas como forma de represión o hostigamiento laboral, y lo más importante es que haya un voto de confianza a la Policía Preventiva para frenar el incremento de delitos”, indicó.
En la conferencia policías mostraron cartulinas con leyendas como: “Queremos solución no represión”; “Walton también nuestras familias necesitan seguridad”; “Walton también nosotros somos pueblo”; “Walton si nos quitas el empleo dejarán de estudiar nuestros hijos” y para el gobierno del estado, “Comandante Leonardo queremos su apoyo”.
Lemus Beltrán explicó que el martes acudió a Chilpancingo y allí entregó un escrito dirigido al secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, Leonardo Vázquez, solicitándole que sea el conducto o vínculo para que haya una mesa de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre y que les den una respuesta a las demandas.
Consideró que son “amenazas” del gobierno la retención del salario a los policías y la integración de procedimientos administrativos para que se levante el plantón, pero pidió que “entienda que si no hay un respeto a los derechos laborales se tiene legítimo derecho de manifestarse, a impugnar que se cumpla con esos derechos laborales”.
El martes, se informó que a los 26 policías viales que fueron notificados de su baja de la corporación por no aprobar los exámenes de control y confianza se les retendría la quincena, al igual que a los policías preventivos.
Lemus Beltrán advirtió que podrían llevar a cabo otras acciones “más contundentes de resistencia civil y de manifestación pacífica en las propias calles”, por lo que espera que haya una respuesta y conforme se cumplan los acuerdos regresen a trabajar los policías viales que están en paro de labores.
Recordó que en la reunión con el alcalde Luis Walton Aburto y el encargado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el síndico Napoleón Astudillo Martínez se declaró “incompetente para resolver las demandas del pliego petitorio que se envió el 28 julio a las diferentes autoridades”.
Insistió en que las demandas son aumento salarial del 20 por ciento, un sistema de seguridad social completo establecido en la Ley 281 de Seguridad Pública, seguro de vida por un millón 200 mil pesos, liquidación de los policías de la tercera edad al 100 por ciento, pensión definitiva por cesantía de edad y pago de los adeudos a financieras.
Sostuvo que la petición es que “les den a los policías la oportunidad de reincorporarse al servicio público y demostrar que ellos pueden con la prevención y el combate a la delincuencia, estamos pidiendo al gobernador que los atienda, así como Walton Aburto reconoció que es legítimo y justo el reclamo, que haya un reconocimiento por parte del gobernador”.
Reiteró que el movimiento no es político, que tampoco se trata de permanecer en el puesto si no se tienen los requisitos, sino la exigencia de que haya una liquidación justa al 100 por ciento, “para todos aquellos que no reúnan los requisitos de permanencia, pero sobre todo y lo más importante es que se respete la legalidad para dar de baja a un policía”.
Al preguntarle cuánto tiempo esperarán para que les den respuesta, respondió que “se está presentando un amparo por la no respuesta del pliego petitorio que se hizo de conformidad con el artículo 8 constitucional, independientemente de los trámites de conciliación que se llevan a cabo, se procede de una manera legal para que haya una contestación legal, que contesten positivo o negativamente”.
Abundó que no ha habido intermediarios, tampoco la intención de que se pueda dar un diálogo entre el gobierno del estado y los policías y “vamos a espera al fin de semana, la ley establece que son 72 horas para que haya una respuesta, en todo caso tendrá que procederse a un amparo para en su momento, a través de la justicia federal, provocar la respuesta que se espera por parte de la autoridad”.
“Tal vez (la autoridad estatal) estén ocupados tratando de resolver otras situaciones y no le den la importancia debida, pero creo que los policías están en su legítimo derecho de defender sus intereses laborales”, concluyó Lemus Beltrán.