Regresar a Suástegui a un penal del estado, demandan en diligencia al juez

*El abogado de Tlachinollan e integrantes del Cecop declaran a favor del vocero en el Juzgado Tercero de Distrito a . Hubo varias violaciones en el cambio a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, porque no hay en el expediente un informe de las autoridades de seguridad pública ni penitenciarias que justifiquen la medida, indica Rogelio Téliz García

Carlos Moreno A.

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, acudieron al Juzgado Tercero de Distrito para declarar a favor del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz en una audiencia, y que se conceda el amparo contra su traslado a un penal federal y regrese a uno del estado.
En declaraciones a reporteros al salir de los juzgados, Téliz García informó que sostuvieron una audiencia con el encargado de despacho, Adolfo Albarrán Figueroa, quien les explicó que se revisaría el expediente para analizar si concede el amparo 649/2014 o no al vocero.
Dijo que fue acompañado por una comisión de integrantes del Cecop elegidos en la asamblea dominical para hablar en el juzgado a favor de Suástegui Muñoz, y “le externamos nuestra preocupación en el sentido de que los actos que realizó el gobierno del estado para trasladarlo están fuera de la legalidad”.
El abogado reiteró que hubo varias violaciones en el traslado del vocero a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, porque no hay en el expediente un informe de las autoridades de seguridad pública ni del penal que lo justifique.
Explicó que en el expediente y los informes de las autoridades responsables del penal y del secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez, no se justifica el envío a una cárcel federal.
“Dentro del expediente no hay una justificación, el Juzgado Décimo, por el cual se ejecutó la orden de aprehensión el 17 de julio contra Marco Antonio no autorizó el traslado porque sabe que no es legal y además porque ya tenía la suspensión que se otorgó dentro del amparo para que no fuera movido a otro lugar”, explicó el abogado.
Téliz García señaló que los únicos que alegan que Suástegui Muñoz es un reo de alta peligrosidad son la Dirección General de los Reclusorios, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, “argumentan que a Marco Antonio no lo pueden tener en el estado porque es una persona que puede ser agredida por otros internos, es su justificación simple”.
Dijo que al hablar con el juez Albarrán Figueroa “nos dio confianza porque nos dijo que va a revisar el expediente y a analizar todos los informes y ver si concede el amparo o no, y le pedimos que fuera a la brevedad posible”, por lo que prevé tener una respuesta en un mes.
El abogado explicó que él junto con los integrantes del Cecop se presentaron para “que se sepa que estamos preocupados”; además de que les tomaron declaraciones y “confiamos en la justicia federal porque sabemos que es un tribunal imparcial a diferencia de los del Poder Judicial del Estado, que es totalmente parcial a las decisiones del gobierno”.
Confió en que el vocero regresará a un penal del estado y allí siga su proceso legal.
Sobre el proceso legal contra los integrantes del Cecop, Emilio Hernández Solís y Julio Ventura Ascencio, detenidos el 28 de julio por el delito de tentativa de homicidio y que fue reclasificado a lesiones y lesiones agravadas contra Domingo Bailón Dorantes y tres mujeres más, explicó que solicitó una reducción de la fianza, por 146 mil pesos, que le fijó a cada uno el juez.
“Es una fianza alta, no está ajustada, estamos pidiendo la reducción pero todavía no tenemos el acuerdo, estamos esperando”, dijo.
Sobre los autos de formal prisión contra Hernández Solís y Ventura Ascencio, indicó que solicitarán amparos “porque dentro del expediente no hay un señalamiento directo, el juez no justifica qué hicieron Julio y Emilio el día de los hechos”.
Téliz  García explicó que el abogado Vidulfo Rosales Sierra está en Tepic, Nayarit, desde el lunes y visitó al Suástegui Muñoz, quien “nos ha comentado que está triste, no está bien anímicamente pero dentro de lo que cabe se encuentra estable y se ha comunicado con su familia, pero el Cefereso donde está es una situación inhumana”.

Tlachinollan

Por otra parte, mediante un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó sobre la audiencia que sostuvo el abogado dentro del juicio de amparo 649/2014, en el cual se denuncia el traslado ilegal de Suástegui Muñoz al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en Tepic, Nayarit.
En el comunicado se indica que tras la audiencia “la juez tercera de Distrito ahora tiene la oportunidad de conceder el amparo de la justicia federal al defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, frente al traslado ilegal ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado el pasado 17 de junio y revertirlo”.
En ese contexto y “previendo un traslado a un penal federal, tal y como se ha visto en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses, Tlachinollan interpuso un amparo para evitar su traslado y su consecuente incomunicación que impidiera al defensor comunitario el acceso a una adecuada defensa, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Mexicana, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 14 letra D) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Se explica que el Juzgado Tercero de Distrito “otorgó la suspensión de plano respecto de la eventual orden de traslado, lo que habría implicado que Suástegui permaneciera en Guerrero con todas las garantías para que pudiera contar con una defensa legal acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, y evitar lesionar aún más la integridad física y psicológica del defensor comunitario”.
Sin embargo, “Marco Antonio Suástegui fue ilegalmente trasladado por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado al Centro de Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de Guerrero, y finalmente al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic Nayarit, lo que además de violar sus derechos le permitió al gobierno del estado ganar tiempo para manipular las acusaciones contra el líder y así evitar que logre su libertad”.
En los alegatos presentados ante la jueza de Distrito, Tlachinollan indica que “se ha establecido claramente que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico, por el contrario las razones aducidas por las autoridades responsables para trasladar al integrante del Cecop fuera del estado no cuentan con ningún fundamento y con esto se han violado las garantías a la legalidad, su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley”.
Asimismo, el juez décimo de primera instancia ”permitió con sus omisiones el ilegal traslado al penal federal de Tepic de Suástegui Muñoz”, por lo que Tlachinollan presentó ante la justicia federal “información sobre el uso sistemático que ha hecho el Ejecutivo estatal de penales federales, de mediana y máxima seguridad, como herramienta de coerción contra movimientos sociales que vulneran tratados internacionales ratificados por México”.
Dichos patrones se han documentado en los procesos de “criminalización contra Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, integrantes y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias recluidos en penales de mediana y máxima seguridad federal fuera del estado”.
Se indica en el boletín que Tlachinollan “continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y no dejará de denunciar junto al Cecop el carácter político de la persecución penal y la arbitrariedad de su encarcelamiento, apelando a la solidaridad de la sociedad para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del proyecto hidroeléctrico La Parota”.
En ese contexto, “nos unimos al llamado del Cecop a la “Marcha por la Libertad: En defensa de la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos” que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto en Acapulco, para conmemorar el 11 aniversario del Cecop y exigir el traslado y liberación de Marco Antonio Suástegui”.
“El Cecop ha encabezado por más de 10 año una lucha contra la imposición, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y otros actores estatales, de un proyecto hidroeléctrico legal, ambiental y socialmente inviable en las inmediaciones de Acapulco”, agrega.
Subraya que los campesinos y ejidatarios, apoyados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “han recibido cinco decisiones favorables contra la construcción de la presa por parte de tribunales agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y avecindados unidos en el Cecop quienes tienen la razón legal y la legitimidad social para decidir sobre el uso de sus tierras. Sin embargo, año con año, el gobierno federal aporta en su presupuesto federal, un monto para la CFE para la construcción de dicha presa”.