Sin armas y sin dinero del gobierno, agraviados por la delincuencia formaron la Policía Comunitaria en 1995

*Hablan del origen fundadores de la experiencia de autodefensa de los pueblos de la Costa Chica-Montaña, la CRAC, que actualmente está dividida y en crisis

Lourdes Chávez

San Luis Acatlán

(Primera parte)

La crisis de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) ha llegado a un grado de confrontación de liderazgos que parece difícil superar, pero aún hay voces que llaman al rescate del proyecto, que en 1995 integraron más 30 pueblos na savi, me’pha y mestizos, y las principales organizaciones sociales, cafetaleras y de derechos humanos en la zona que se conoce como Costa Chica-Montaña.
Es un proyecto donde el pueblo manda y las autoridades comunitarias obedecen, que consiguió lo que ninguna institución de gobierno pudo: garantizar durante 18 años la seguridad en los caminos, los pueblos y cabeceras municipales de Malinaltepec y San Luis Acatlán, así como algunas localidades de Marquelia.
Es un movimiento que nunca quiso la confrontación con el gobierno. Desde sus primeros antecedentes, la CRAC-PC buscó mecanismos de coordinación y respeto con las instituciones públicas, pero ante la ineficacia, ineficiencia y corrupción en el sistema de procuración de justicia, se transformó en una institución autónoma de seguridad, justicia y reeducación comunitaria.
Por esta situación, ha tenido diferencias y confrontaciones con autoridades de gobierno, que en diversas formas y momentos ha buscado tener el control del movimiento ciudadano, o en su defecto, destruirlo, como han señalado distintos actores.
En este trabajo se reúnen testimonios de consejeros que fueron fundadores de la institución, la mayoría aún activos en la organización comunitaria y críticos de la gestión del Eliseo Villar Castillo, que hace dos años fue nombrado coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, desconocido en marzo pasado, pero que goza del reconocimiento oficial del gobierno del estado.

Autodefensas

El movimiento comenzó en algunas comunidades de San Luis Acatlán asoladas por bandas de asaltantes que operaban en la región en complicidad con la entonces Policía Judicial y de la Motorizada del Estado.
A principios de 1995 se conformó el primer grupo de la Policía Auxiliar de Caminos con 12 vecinos de Cuanacaxtitlán, que en el primer intento no dio los resultados esperados porque todos tenían miedo, reconoció el primer comandante de la organización en este poblado, ahora consejero de CRAC-PC, Francisco Félix García.
En consulta en la comunidad de Horcasitas, dijo que se decidió participar en las acciones de seguridad, porque la policía del pueblo tenía varias semanas de haberse nombrado y no estaba haciendo nada.
Recordó que su suegro fue asaltado en una camioneta de pasajeros de la ruta Cuanacaxtitlán-San Luis Acatlán, y después de varios días le reveló que los delincuentes lo habían lastimado en los testículos, por que “metían la mano” igual a hombres que a mujeres en busca del dinero que pudieran llevar escondido entre su ropa.
Con cierto reproche, su suegro, que siempre le dio un trato de hijo, le dijo, “yo ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada”, como diciendo, “tú estás joven, ¿por qué no haces algo?”.
Añadió que su esposa –ahora maestra jubilada–, forzosamente tenía que ir a cobrar a San Luis Acatlán cada quincena, y una vez llegó muy asustada porque pistoleros habían disparado a la camioneta del servicio público donde viajaba, mientras huían para evitar un asalto.
Señaló que, como el comisario de entonces “era uno solo con la delincuencia”, (se mencionaba que en esta población se encontraba una de las principales bandas delictivas), el presidente del comisariado ejidal, Filemón López García, convocó a una reunión para abordar el problema de inseguridad.
Con la plaza principal llena, López llamó a integrar con voluntarios otro grupo de policías de Cuanacaxtitlán. Félix García fue el primero en proponerse y por eso lo nombraron comandante de grupo.
Indicó que vecinos de Horcasitas, encabezados por el comisario, Filogonio Díaz Espinal, buscaron a los policías de Cuanacaxtitlán una semana después para conocer su experiencia e integrar su propio grupo de trabajo.
El Consejero de la CRAC-PC Vicente Aguilar Díaz (actualmente en una silla de ruedas por varias heridas de bala en el pie durante la detención de dos representantes de la CRAC-PC el 18 de marzo de este año, por personas del bloque que lidera, Eliseo Villar Castillo) fue parte del primer grupo de policías auxiliares en Horcasitas. Continuó el poblado de Tlaxcalixtlahuaca.
Vicente Aguilar reconoció que tenían miedo porque los delincuentes también eran vecinos de las comunidades, pero sobre los riesgo debían proteger a sus familias, ya que las mujeres también eran violadas en los asaltos. Entre los consejeros fundadores de la CRAC-PC, destacaron que el grupo de Horcasitas era de los más aguerridos de aquellos tiempos.
Una vez integrado el grupo de Cuanacatixtlán, Félix García, mejor conocido como Chico Félix, pidió credenciales del Ayuntamiento para sus policías, para evitar desarmes o conflictos con la Policía Estatal y la Motorizada, pero el alcalde Leonel Morales Luna se negó; dijo que no quería problemas con el gobierno ni con los soldados.
Añadió que dos regidores lo convencieron de darles las credenciales, pues si las autoridades no podían cuidar a los pueblos, que ellos mismos lo hicieran. Tampoco recibirían pagos ni armas, y entonces enfrentaron otro dilema; nadie tenía fotos para las credenciales. Fue necesario regresar con al grupo a un foto estudio a la cabecera municipal y pagar las placas.
La creación del grupo de la Policía Auxiliar de Caminos en Cuanacaxtitlán fue mejor recibida en el Ayuntamiento de Azoyú, donde, ya acreditados por el gobierno de San Luis, recibieron en donación, un arma reglamentaria de las que tenía la Policía Municipal.

La Policía Comunitaria

Además de los maestros y comerciantes, las objetivos de los asaltantes eran particularmente productores de café, ganaderos, camiones de la Conasupo y empresas que surtían de mercancía en la zona rural.
Así que organizaciones con presencia y arraigo en las comunidades: el Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, La Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, Unión Regional Campesina de la Costa Chica Montaña, la triple SSS de Productores de Café y Maíz, el Consejo Comunitario de Abasto de Conasupo, y comités religiosos organizados por los sacerdotes Mario Campos y Bernardo Valle, se unieron en un frente común, y convocaron a los comisarios a discutir el problema de inseguridad.
Uno de los integrantes de aquel frente de organizaciones, Francisco Santos Martínez, indicó que para que las autoridades conocieran las estrategias que los pueblos estaban discutiendo si invitaban a las reuniones al gobernador, al procurador, al juez, agentes del Ministerio Público (MP) y a los alcaldes de San Luis Acatlán y Malinaltepec; salvo las municipales, las demás no se interesaron.
Sin embargo, conforme se avanzaba en la organización, los ataques a las camionetas del servicio público y a los camiones repartidores se incrementaron, y se sospechaba que en los asaltos intervenían policías de la Judicial y de la Motorizada, encapuchados, para inhibir la organización de los pueblos.
El consejero de la CRAC, Gelasio Barrera Quintero, nombrado comisario municipal de su pueblo natal en 1995, recordó que fue víctima de un asalto a mano armada por encapuchados en una camioneta de pasajeros de la ruta Camalotillo-San Luis Acatlán.
Indicó que le quitaron papeles oficiales de la comisaría, mil pesos que su hija le envió de la ciudad de México para su mamá, y “no respetaron” que era un representante del pueblo, dijo molesto en un encuentro con algunos consejeros en Horcasitas.  El adulto mayor, de unos 70 años, delgado y con voz fuerte, señaló que desde entonces no faltó a ninguna reunión y en la asamblea del 15 de octubre en Santa Cruz de El Rincón, municipio de Malinaltepec, con las autoridades comunitarias y representantes de organizaciones y ciudadanos involucrados, se firmó el acta para la creación de la Policía Comunitaria Indígena.
Recordó que los comisarios regresaron a sus pueblos con la instrucción de organizar asambleas y seleccionar a las mejores personas para conformar a sus policías comunitarias “porque cada pueblo conoce a su gente, sabe quién es borracho, quién es mujeriego, quién drogadicto, mañoso, ese tipo de gente no va a ser nombrado, serían nombrado puros hombres legales”.
Asimismo, se estableció el número de policías comunitarios que habría en cada lugar; por ejemplo en un pueblo pequeño, seis, y hasta 12 en los más grande.
Aunque indígena en el nombre de la organización de los pueblos no le agradó a algunos que no se asumían como pueblos originarios, y en la siguiente reunión, ya con los grupos integrados, se acordó que sólo serían Policía Comunitaria (PC).
Francisco Santos reconoció que los promotores (del frente de organizaciones) habían pensado en una policía regional, pero la mejor decisión surgió de los pueblos, tener a un grupo organizado en cada comunidad.
Así trabajaron el resto del año, en 95 y 96, recorriendo los caminos hasta la cabecera municipal, donde también actuaban con planes operativos, a pesar de que al principio no eran bien vistos por sus pobladores.
Entregaban a los infractores en la agencia del MP, pero más tardaban en llegar con ellos caminando de los cerros y las comunidades, que las autoridades en soltarlos en la cabecera municipal. Gelasio Barrera aseguró que los delincuentes llegaban antes a sus casas que los policías comunitarios.
Cuando se conformó el grupo de la PC en Camalotillo, Gelacio Barrera fue nombrado comandante de su pueblo y dejó el cargo de comisario a su suplente.
Pronto se dio cuenta que no habría justicia; “si hay dinero, hay justicia para ti, si no, no hay; a los delincuentes los liberan y esos amigos salían más cabriados y más encabronados con nosotros. ¿A dónde vamos a ir si la justicia grande no hacía nada?”, dijo en alusión a la agencia del MP, donde les pedían dos testigos presenciales. “¿Quién va a llevar testigos a un asalto?”, cuestionó.
También empezaron las amenazas a los integrantes de la PC. El consejero Vicente recordó que el comisario que organizó a la policía auxiliar en Horcasitas, Filogonio Díaz, fue asesinado cuando se encontraba borracho, “por descuido”, porque sabía de los riesgos de su labor social y del acoso de los delincuentes.
Don Gelasio recordó que “en ese tiempo no había ningún apoyo ni del gobierno ni del Ayuntamiento; era servicio comunitario cada quien traía su dinero para comer en San Luis Acatlán, cada quien gastaba su dinero, cuando regresaba a mi casa era porque no tenía un peso en la bolsa”.
Aclaró que antes de integrarse a la PC, su arma de trabajo era un machete, pero adquirió una escopeta de un tiro para el servicio comunitario, y en asamblea se acordó que esa arma y tres más que se reunieron en Camalotillo, serían propiedad del pueblo.
Chico Félix precisó que tras la asamblea del 15 de octubre, se notificó por escrito y con copias certificadas al gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, sobre la conformación de la PC. Figueroa fue obligado a renunciar meses después por la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, y continuó el diálogo con el gobernador interno, Ángel Aguirre Rivero.

La estructura regional

Un salto cualitativo en la organización de seguridad fue la integración del Comité Ejecutivo (CE) en 1997, que presidió Gelasio Barrera Quintero.
Él mismo recordó que en una “reunión grande” en Potrerillo Coapinole, se integró lo que sería el  equivalente a una comandancia regional, con cuatro integrantes electos en el siguiente orden: Gelasio Barrera, Chico Félix, Bruno Plácido Valerio –actual dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOGE)–, y Francisco Pesa, de la comunidad  Tierra Colorada, para operar durante tres años.
Francisco Santos detalló que con esta estructura la PC comenzó a hacer detenciones y a diseñar el sistema de justicia y reeducación comunitaria. Pronto se nombraría a los primeros coordinadores y la organización se transformó en Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI).
Franciso Santos añadió que “había una red de delincuentes en las regiones de Costa Chica y Montaña, sin castigo, y por necesidad se convoca a una reunión para formalizar un proyecto de seguridad y de impartición de justicia”.
Subrayó que no se pensó en un castigo de encierro, porque los detenidos eran conocidos, vecinos, familiares y esas personas volverían a vivir a sus comunidades.
El consejero de la CRAC, Armando Zavala Felipe, originario de Buena Vista, explicó que el proceso de reeducación que se aprobó por los pueblos, era que las personas que cometieran una falta serían enviados a dar servicio comunitario 15 días en cada pueblo, hasta cumplir con el plazo que ameritaba la infracción.
Estimó que hasta la administración anterior, de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Pablo Guzmán, Tranquilino Santos y Concepción Ramos, la reeducación era aceptable.
“Podemos decir que estaba controlado, sí había errores por desconocimiento de la filosofía del proyecto, pero había respeto a la estructura de los consejeros, de la autoridad comunitaria, podemos decir que empezó (a fallar) del 23 de febrero de 2013 para acá (con el nombramiento de Villar Castillo como coordinador regional de la casa matriz) donde ya a venían con una mala fe, con ambición, con un propósito…”
Vicente Aguilar aclaró que por una falta, por grave que fuera, no ameritaba que un infractor tuviera que vender su casa o su terreno para reparar un daño.
Zavala Felipe, promotor de la PC desde la Comisión de Desarrollo del Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, indicó que cuando discutían la reeducación, se revisaba la situación económica y social de las personas acusadas.
“A lo mejor por falta de oportunidades y de atención se involucraban en bandas de gavilleros, y la idea es que a las personas que cometían ilícitos se le diera importancia, decirles que eran parte de una comunidad, de una familia, que a lo mejor tienen hijos, y que deben integrarse de nuevo a la vida activa de la comunidad”.
Por lo tanto, otro tipo de castigo no los iba a cambiar, y las comunidades aceptaron recibir a las personas responsables de alguna falta, a darles de comer al menos dos comidas al día, asignarles trabajos en obras de la comunidad (ayudando en la construcción de la comisaría o limpiando la parcela escolar, por ejemplo), y por las tardes, se reunían con los principales del pueblo para que reflexionar sobre su conducta.