La investigación contra Hugo Vázquez no ha concluido, opinan universitarios

* El proceso de investigación “no es venganza política, es una investigación y se le está dando derecho a defensa”, señala Díaz Sereno

Raquel Santiago Maganda * El coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAG, Antonio Díaz Sereno negó que se haya prescrito la fecha para sancionar al ex rector, Hugo Vázquez Mendoza, porque “simplemente existe un proceso de investigación que no ha concluido”.

Por su parte, Hugo Vázquez aseguró antier que al concluir su periodo el 6 de abril de 1999, la facultad sancionadora sólo tuvo vigencia hasta el 6 de abril del año 2000. Vázquez Mendoza es acusado de desvío de recursos públicos durante su periodo como rector.

Al respecto, Antonio Díaz Sereno informó que la cancelación de la sanción universitaria es imposible porque todavía existe una investigación que no se ha concluido, porque no se ha emitido un dictamen.

Explicó que si la Comisión de Honor y Justicia no hubiera dado pie al comienzo de la investigación, entonces el ex rector junto con cuatro funcionarios no hubieran sido obligados a mostrar sus pruebas ante la acusación de desvío de recursos económicos.

Precisó que Hugo Vázquez en acusado de no justificar el gasto de 200 mil pesos, y la cantidad aproximada de 20 millones de pesos tampoco ha sido justificada por cuatro de sus funcionarios a quienes les delegó facultades.

Justificó la declaración de Vázquez Mendoza como parte de su defensa porque “como persona que está siendo sujeta a investigación puede argumentar inocencia mientras que no se le demuestren las acusaciones”.

Adelantó que de haber un dictamen en su contra, el ex rector y los cuatro funcionarios serán sancionados conforme a las leyes de 1999, periodo en el cual concluyó su administración. También aseguró que el proceso de investigación “no es venganza política, es una investigación y se está dando derecho a defensa”.

Por su parte, el profesor universitario, Eloy Cisneros Guillén aseguró que la administración central desde hace tres años encabezada por Florentino Cruz Ramírez, “no actuó porque no quiso”.

Dijo que se alargó el proceso iniciado por la acusación que ahora tiene más de tres años, aunque como integrante de la Comisión de Honor y Justicia insistió permanentemente que se debía discutir y dar el veredicto.

Informó que hasta el momento el rector Nelson Valle y el Consejo Universitario, revisan la información y por eso no ha prescrito ninguna acción dentro de la universidad a pesar de que existen condiciones para ser juzgado.

Sin embargo, lamentó que en la UAG, el Honorable Consejo Universitario, no ha ordenado ninguna sanción por el desvío de recursos de quienes hayan actuado en contra de la universidad, y “es tiempo para que se busquen las sanciones correspondientes, porque en su momento presentamos el dictamen avalado por algunos abogados de renombre en el estado”, indicó.

Manifestó su falta de confianza a la disponibilidad de la administración central para esclarecer esta situación, pero “en esta administración en tres ocasiones buscamos que se diera paso al análisis y hubo evasivas”.

Para Maclovio Sautto Vallejo, coordinador de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAG, hasta el momento el ex rector no ha mostrado pruebas contundentes para descartar la acusación de desvío de aproximadamente 20 millones de pesos.

Dijo que no se puede eximir un delito de desvío de recursos públicos, aún más cuando aseguró que existen acusaciones muy concretas que Vázquez Mendoza debe aclarar.

Precisó que el informe incluye situaciones de cobro de cheques sin que el beneficiario haya obtenido el dinero, la compra de butacas en un negocio inexistente, la expedición de facturas de establecimientos inexistentes.

Por eso resumió que existen pruebas de la tergiversación del dinero, y su inocencia “lo debería mostrar con hechos concretos, porque la acusación está sustentada”.

Sugirió que ante la falta de confianza en la administración central para investigar la acusación, debería intervenir la Secodam, al argumentar que es también responsabilidad del Estado de que no queden impune estas acciones.

Aunado a su falta de confianza en las autoridades universitarias y de los gobiernos estatal y municipal porque “todos hablan de transparencia y no se aplica”. Incluso mencionó que la UAG debería acudir a interponer la denuncia de los hechos ante instancias como la Secodam para que sigan el delito de desvío de recursos por oficio.