Prescribió la fecha para que se le sancione , dice Hugo Vázquez

* El ex rector, acusado de fraude por 20 millones, envió un oficio de respuesta a Nelson Valle para que se analice en la sesión del Consejo Universitario de este miércoles

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Hugo Vázquez Mendoza aseguró que prescribió la fecha para que se le sancione y expulse de la institución, como lo propuso la Comisión de Honor y Justicia durante la sesión del Consejo Universitario del 27 de octubre del año pasado.

Asimismo, demandó al rector de la UAG, Nelson Valle López, que intervenga para que lo absuelva de las presuntas responsabilidades que “ilegalmente se le imputan”.

Vázquez Mendoza es señalado de haber desviado unos 25 millones de pesos durante su gestión al frente de la UAG (1996-1999), por lo que envió un oficio de respuesta al rector Valle López el pasado 15 de enero, donde se defiende y rechaza las imputaciones que se le hacen de presuntos desvíos, para que se analice en la sesión del Consejo Universitario que se efectuará mañana miércoles.

En un documento de 20 cuartillas, el líder de Acción Revolucionaria, expresa que en el oficio girado el 18 de noviembre del año pasado suscrito por Nelson Valle, en su calidad de presidente del Consejo Universitario, “se me hizo entrega de un informe parcial, y posible dictamen (sic)”, elaborado por la Comisión de Honor y Justicia, por presuntas irregularidades administrativas y financieras, y donde además se le conceden 60 días naturales para que prepare su defensa.

En su respuesta, el ex rector enumera quince antecedentes donde indica, entre otras cosas, que a tiempo presentó todos los informes académicos, administrativos y financieros, así como los reportes de las auditorías y evaluaciones “sin que hubiese habido discrepancias ni irregularidad alguna que se hubiese determinado”.

Expresa en el oficio que la Comisión Financiera y Patrimonio, instauró un procedimiento investigador seguido en forma de juicio por presuntas irregularidades que se le atribuyen, por lo que tuvo que comparecer el 4 de febrero del año pasado para responder a dichos señalamientos, y lo mismo hizo el 31 de mayo pasado ante la Comisión de Honor y Justicia, pero que en junio le hicieron llegar un segundo informe con las presuntas irregularidades.

Hugo Vázquez rechaza las imputaciones que se le hacen porque están basadas en “falsas imputaciones, por el presunto manejo y aplicación de recursos económicos, sin la transparencia debida y sin rendir cuentas; por una supuesta administración negligente, y por la temeraria afirmación de que incurrí en la comisión del delito de fraude”.

Aclara que el informe y los dictámenes presentados al Consejo Universitario del 25 de febrero del año 2000, no fueron aprobados por el máximo órgano de gobierno, y tampoco fueron “acreditadas y probadas las falsas imputaciones”.

Bajo el subtítulo de “Contestación a las acusaciones (sic)”, Hugo Vázquez da respuesta al informe parcial y dictamen del uno de octubre pasado dentro del plazo del procedimiento administrativo fijado. “Con este escrito niego en forma absoluta por falsas e ilegales todas las imputaciones que se describen en el informe dictamen del uno de octubre, mismo que objeto en su totalidad”.

Afirma que son ilegales las presuntas violaciones que se le atribuyen, ya que además no se pueden sustentar jurídicamente válidas “que al no haberse encontrado dentro del procedimiento responsabilidad alguna en mi contra, se pretende variar la litis sometida a investigación, pues ello demuestra la transgresión a los principios esenciales del procedimiento”.

El ex rector rechaza también que haya desempeñado su cargo de manera negligente e irresponsable “como falsamente se afirma en el dictamen”, y tampoco existió ignorancia sobre el marco jurídico que rige el funcionamiento de la UAG, además de que objetó las declaraciones que rindieron en su contra algunas personas, ya que carecen de objetividad “son afirmaciones subjetivas que o tienen ningún valor probatorio y menos para imponer sanciones disciplinarias”.

Tajante señala que la Ley Orgánica de 1997que rigió durante su periodo no otorgaba esa competencia legal al rector en turno para aplicar su expulsión definitiva, además de que las facultades administrativas sancionadoras se encuentran prescritas.

Y que en la UAG, conforme a los artículos 2 y 75 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero “las facultades del superior jerárquico para imponer sanciones prescriben en tres meses, si el beneficio obtenido o daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general vigente, y prescriben en un año en los demás casos”.

Reconoce que en el caso de la UAG, como organismo descentralizado, el superior jerárquico es el Consejo Universitario, el cual por disposición de la ley debe aplicar las sanciones, pero que evidentemente esto debe hacerlo dentro del término legal “el Consejo tuvo hasta un año para imponer las sanciones legales por la comisión de presuntas irregularidades fiscales”.

Insiste el ex rector que su periodo concluyó el 6 de abril de 1999, por lo que la facultad sancionadora estuvo vigente hasta el 6 de abril del año 2000, “y no después de 3 años con 8 meses, lo que demuestra la ilegalidad del acto al que comparezco, puesto que la misma acción administrativa para sancionar las presuntas irregularidades se encuentra prescrita”.

Sobre la acusación de fraude, Hugo Vázquez dice que esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público, y el derecho para formular querella prescribe en un año contando a partir de la fecha en que el ofendido o legitimado tengan conocimiento del delito y del delincuente “la UAG tuvo el derecho para denunciar los presuntos y falsos hechos delictivos hasta el 6 de abril del año 2000, y no tratar de juzgarme cuantas veces lo consideren apropiado y durante toda la vida”.

Hugo Vázquez afirma que es un hecho notorio que esa autoridad a la que compareció (Comisión de Honor y Justicia) emprendió una persecución infamante en su contra como venganza política, que se evidencia con los propios diversos dictámenes e informe, además de que se excluyó de la investigación a otros funcionarios que son proclives a la administración actual.