Apelan contra la condena los acusados de secuestro del taxista de Santa Teresa

* El juez sólo tomó en cuenta el informe de los judiciales y no consideró que los presos fueron incomunicados y torturados, señala el abogado Fernando Luévano

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * Los campesinos Remedios Alonso y sus hijos Irineo y Luciano Mederos Alonso, acusados de complicidad en el secuestro del taxista Ignacio Camacho, apelaron a la sentencia de 22 años de prisión, las que según su defensa les fue impuesta sin fundamentos legales.

Los presos, que vivían en El Camarón, sierra de Petatlán, en la ruta del movimiento de los campesinos ecologistas, llevan dos años y cuatro meses en la cárcel de Coyuca de Catalán.

El abogado defensor manifestó que la sentencia no está sustentada conforme a derecho, pues no existen elementos que demuestren la coparticipación en el secuestro, e informó que interpuso una apelación ante el tribunal en Iguala.

Explicó que Remedios Alonso, de 45 años y sus dos hijos, de 19 y 21 años, son víctimas de un proceso judicial que los afectó sin que ellos debieran estar involucrados.

No hay elementos probatorios que los hagan copartícipes en el secuestro del taxista de Santa Teresa, municipio de Coyuca de Catalán, Ignacio Camacho, asegura el abogado defensor Fernando Luévano Ferrel, quien manifiesta su desaprobación a la resolución del juez de lo penal del Distrito Judicial de Mina, Silvano Martínez Valentín, pues, dijo, “realmente no sé que criterio utilizó”.

Además de la existencia de elementos que hacen presumir una errónea aplicación de la justicia, el juez no consideró, dice Luévano, que los acusados fueron detenidos un día y presentados a su disposición cuatro días después, lo cual es violatorio de la ley.

Remedios Alonso y sus hijos fueron detenidos el 24 de octubre de 2000 en la comunidad de El Camarón, municipio de Petatlán. Sin embargo, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de aquella jurisdicción el 28 de octubre, tal como lo demuestra un oficio que el comisario municipal de la comunidad de El Parotal, Eliseo Cornejo Guillén, dirigió al síndico de Petatlán en el que solicita apoyo para que liberasen a los detenidos.

Según asentaron en su declaración la mujer y sus dos hijos, durante ese tiempo fueron sometidos a torturas como introducción de agua de tehuacán por la nariz y golpes en todo el cuerpo; los agentes judiciales que los detuvieron, iban al mando del jefe de grupo Rodolfo Suástegui Zambrano.

En su declaración, la detenida Remedios Alonso no negó su relación con uno de los presuntos secuestradores. Según el abogado defensor, Remedios dijo que el presunto secuestrador José García Mederos es su marido y padrastro de sus hijos.

Contó que en una ocasión su hijo le manifestó que García Mederos le ofreció 10 mil pesos por cuidar a un secuestrado, presuntamente Ignacio Camacho.

La madre habría aconsejado a Irineo “no te metas en chingaderas”, y si ella le mandó la comida a donde estaba “trabajando, es porque tenía que obedecer, pues es su mujer, lo que no quiere decir que ni ella ni sus hijos estuvieran de acuerdo en la comisión del delito”, asegura Luévano.

El abogado recurre a una jurisprudencia existente en la revisión del amparo 378/95, del 5 de octubre de 1995, que establece que “la coparticipación se presenta cuando varios delincuentes concurren a la comisión de un mismo delito, cuyos actos externos cooperan a los fines del propósito criminal que los inspira; por tanto, para poder fijarla, precisa encontrar no el lazo de unión entre los diversos delincuentes en la actividad interna que los une, sino en el propósito y en el consentimiento de cada uno de ellos para la comisión del delito. De ahí que si de las constancias de autos no aparece que el inculpado haya concertado algún acuerdo con las diversas personas para cometer el ilícito, es evidente que no puede atribuírsele ni siquiera de manera presuntiva responsabilidad penal en la comisión del delito…”.

Luévano Ferrel dijo que la apelación ya está radicada en el Juzgado de Iguala y sólo está en espera de que se fije la fecha de audiencia de vista, como se dice en los términos legales, y después el juez deberá emitir una nueva resolución.

“La justicia debe obedecer a criterios estrictamente legales, pues la forma en que maquillaron los hechos para involucrar a mis defendidos no demuestra un proceso estrictamente apegado a a derecho”, asegura.

Dice que el juez dictó una resolución tomando en consideración únicamente el parte policial y los testimonios de los familiares de la parte agraviada Alejandro Camacho Duque y Guillermo Duque Reynoso, este último cuñado del presunto secuestrado, pero que en la declaración señala que es su padre, manifiesta.

En una entrevista publicada en El Sur el 11 de septiembre de 2002, Remedios Alonso dijo que después de que los arrestaron en la sierra fueron torturados durante ocho días. Primero los tuvieron en los separos de la comandancia de la PJE en Petatlán, después los llevaban a la sierra, amarrados, para torturarlos y que confesaran dónde estaba el secuestrado, pero ellos no tenía idea de lo que les preguntaban. Finalmente los trasladaron a la comandancia de la PJE en Ciudad Altamirano, donde, según sus declaraciones, los siguieron torturando judiciales al mando del comandante Guadalupe Herrera Sánchez, con la participación directa de los hijos del secuestrado.

Dijo Remedios Alonso: “Tantos golpes, cómo íbamos a aguantar, y sin tener niguna culpa. Estamos vivos de milagro. Somos ajenos totalmente a los hechos. Nunca hemos hecho un mal a nadie, no nos robamos ni una ahúja. Yo a mis hijos no los dejaba ir ni a un baile solos. Los que hicieron el mal han de estar tranquilos, y nosotros que no hicimos nada estamos aquí”.

Informaron que por medio de torturas, Remedios, Irinero y Luciano fueron obligados a firmar unas actas con supuestas declaraciones que ellos desconocían.

Después supieron que entre otras supuestas confesiones dijeron que el taxista había sido secuestrado por un grupo armado, el EPR, encabezado por el comandante Ramiro, que después dijeron que es Omar Guerrero, el ex presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco que se fugó en noviembre de 2002. Hasta la fecha, más de dos años después, no ha sido localizado el taxista de Santa Teresa.