Sigue la Procuraduría Militar citando a familiares de desaparecidos: Afadem

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem) informó que la Procuraduría Militarar sigue enviando citatorios a familiares de desaparecidos de la guerra sucia, ahora por medio del ayuntamiento de Atoyac.

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez, anunció que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la acción que calificó de represiva y de hostigamiento por parte de la justicia militar en un caso que tiene que ver con la justicia civil.

Dijo que ya presentaron amparos en contra de esta situación de los citatorios que se emitieron por parte de la Procuraduría de Justicia Militar que debido al poco éxito desocupó la oficina que instaló 15 días en Atoyac.

Cuestionó al ayuntamiento de Atoyac porque se presta con los militares para confundir a los familiares de los desaparecidos a quienes les envían un segundo citatorio de la justicia militar.

Informó que los oficios están firmados con la fecha del 18 de febrero, en la localidad de El Ticuí en este municipio, donde se ubica la 27 Zona Militar–, por el mismo agente del Ministerio Público de la Procuraduría Militar, que emitió los primeros 30 citatorios, Ernesto Medina León, capitán segundo de justicia militar.

En el documento girado a Carlos Acosta Gómez, el funcionario militar precisa que es por segunda ocasión la invitación, a que haga sus declaraciones por la averiguación previa y causa penal 1723/2002 que se instruye ante el juzgado 4/º militar de la región militar 1 en el DF, en contra de los generales Francisco Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso por el delito de homicidio calificado.

La defensora de los derechos humanos señala que a muchos familiares que no recibieron el primer citatorio se les comunica que éste es el segundo, y desconocen de qué se trata y por qué ayuntamiento los reparte.

Tota Radilla informa que según estos citatorios, la Procuraduría Militar reconoce que fueron los militares los que se llevaron a los desaparecidos, pero que fue un acto de privación de vida que cometieron militares en sus funciones de desintegrar a grupos los subversivos que en los años setentas trastornaron el orden del país.

Bajo esa visión el agente del ministerio público Militar Ernesto Medina León, expone que la competencia radica en el fuero de guerra y por ello se ejerció acción penal ante los tribunales militares.

Tita Radilla rechaza esta versión, y dice que el delito que cometieron contra sus familiares es de desaparición forzada y no de homicidio calificado, porque no les han presentado a sus familiares muertos.