Desde 1995 el gobierno del estado maniobra para buscar el control o la desaparición de la Policía Comunitaria

*Figueroa nombró un jefe para la corporación indígena, Aguirre en su interinato obligó a la salida de uno de los fundadores, René Juárez trató de imponer que se integrara a la Policía del Estado

Lourdes Chávez

San Luis Acatlán

(Segunda parte)

El gobierno de Guerrero vio con recelo a la Policía Comunitaria (PC) desde su conformación en 1995, y quiso tomar el control de la organización.
El consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) Chico Felix, señaló que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se refería a los policías comunitarios como grupos armados.
“Me acuerdo que no nos vio con buenos ojos. Nos señalaba como grupos armados y envió a un foro grande, en junio en una secundaria técnica, a un mando que se presentó como jefe estatal de la organización”.
Añadió que los comisarios le preguntaron quién lo nombró, y respondió que “de allá arriba”, pero se le aclaró que no había jefe, que los policías eran de sus pueblos y el enviado guardó silencio el resto de la sesión.
En consulta sobre la fundación de la CRAC-PC, varios consejeros y fundadores de la organización comunitaria coincidieron en que el trato cambió con el gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero, que asumió el cargo con la dimisión de Figueroa Alcocer, tras la difusión de un video en cadena nacional donde se evidenció que la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, fue perpetrada por policías estatales el 28 de junio de 1995.
Señalaron que en 1996, Aguirre Rivero les programó una entrevista con representantes del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, y se acordó la primera capacitación de militares a los policías comunitarios.
Chico Félix reveló que Aguirre también los presionó para sacar de la organización a uno de los cuadros del movimiento, al asesor de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, Juan Horta Cruz, que formaba parte del frente de organizaciones que apoyaban a las comunidades en la conformación de la organización de los pueblos.
Recordó que con la capacitación, Aguirre ofreció 60 escopetas y financiamiento para proyectos productivos a todos los policías comunitarios, aunque iba implícito que era a cambio de la renuncia de Horta al proyecto comunitario.
El consejero Gelasio Barrera Quintero precisó que sólo recibieron 20 escopetas, porque el activista continuó dos o tres años más en la organización, hasta que en una asamblea en la comunidad de Buena Vista, del municipio de San Luis Acatlán, anunció su retiro.
Así como el gobierno federal denunció la injerencia de extranjeros en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en enero de 1994 surgió con una declaración de Guerra contra el Estado mexicano, en Guerrero argumentaron que Horta Cruz era extranjero y no debía formar parte en los procesos organizativos de los pueblos indígenas.
Desde la ciudad de México, Juan Horta explicó vía telefónica que participó en la constitución de la CRAC-PC a través de un frente que se integró con un representante de cada figura organizativa; del Consejo Regional 500 años de Resistencia Indígena, Francisco Santos Martínez; de la Unión Regional Campesina de la Costa Chica y Montaña, Félix Galeana; del Consejo de Abasto de Diconsa Rural, Demetrio Rendón Flores, y de los Consejos de Autoridades Indígenas (CAIN), el párroco de la comunidad de Santa Cruz de El Rincón, Mario Campos.
Asimismo, de la Triple SSS de Productores de Café-Maíz, Braulio Pimentel Antúnez, actual vocero de la CRAC-PC que respalda a los coordinadores de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán, y que el mes pasado fue detenido y torturado por integrantes del bloque que encabeza Eliseo Villar Castillo.
Además del Ayuntamiento de Malinaltepec, que apoyó a los pueblos en las asambleas, y de San Luis Acatlán que donó el terreno para la construcción de la Casa de Justicia matriz, la primera de la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales Indígenas (CRAI), conocida también como la casa de El Tamarindo, que ha tenido el mayor peso dentro de la organización.
Por las divisiones internas –que en San Luis Acatlán son más evidentes por las confrontaciones que han dejado varios heridos y un muerto–, a la fecha están funcionando dos casas de Justicia en la cabecera municipal; la Casa matriz que sostienen comunidades y consejeros que desconocieron al coordinador regional, Eliseo Villar Castillo y a su equipo de trabajo hace cinco meses.
La segunda, que lidera Villar, reconocida formalmente por el gobernador hoy constitucional, Ángel Aguirre Rivero, y que opera en las nuevas instalaciones que construyó el gobierno estatal.

Amenazas del gobierno, consolidan a la institución y la CRAC

De la localidad de Pueblo Hidalgo, la consejera y promotora del proyecto comunitario, Carmen Cabrera Aburto, indicó que la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) se transformó CRAC cuando el gobernador René Juárez Cisneros, les dio un ultimátum para que la Policía Comunitaria se uniera a la Policía Estatal o la desarmarían; en consecuencia iba a desaparecer.
Explicó que con la constitución de la CRAI en 1997, la organización comenzó a construir el proyecto de seguridad y justicia comunitario; nombraron a los primeros seis coordinadores, que eligieron entre los comisarios, elaboraron un reglamento interno, nuevas localidades se sumaron al sistema y comenzaron a someter a muchas personas a reeducación.
Pero familiares de los detenidos por la Policía Comunitaria también comenzaron a acusarlos en la agencia del MP y en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), por privación ilegal de la libertad.
En este marco, en marzo de 2002 fueron detenidos y llevados al penal de San Luis Acatlán, cinco de sus seis coordinadores, lo que motivó una manifestación de unas 2 mil personas, estimó.
“Se tomó la agencia del MP porque teníamos miedo de que se los llevaran a otro penal (y en medio de la manifestación) a uno de los policías de la Judicial se le fue un tiro (de un fusil de asalto AR-15), y el pueblo los desarmó a todos”. Aclaró que las armas que le quitaron a los policías se entregaron después de la negociación de la libertad de sus compañeros.
En respuesta a la protesta y al desarme de la Policía Judicial, recibieron un escrito del gobernador “por fax”,  que les dio 30 días para incorporarse a la Policía Estatal o los iban a desarmar. “Ofrecían subordinación o desaparecer”, subrayó.
Ese mismo día, dijo que comenzaron a llamar a una reunión urgente y en en 72 horas se acordó realizar una marcha masiva y una asamblea regional en San Luis Acatlán, para determinar qué hacer.
Los pueblos acordaron no entregar las armas y que el sistema de seguridad y justicia comunitario se iba a amparar en el Convenio 169 de la OIT, así como en el artículo cuarto constitucional que garantiza la autodeterminación de los pueblos.
También resolvieron retirar la palabra indígena del nombre, para amparar a las localidades mestizas que se sumaron a la organización.
La negociación que siguió no fue fácil, pero consiguieron un acuerdo de cooperación y respeto con el gobierno del estado y con las autoridades judiciales, donde se estableció que si un delito era llevado a MP, no podría ventilarse a la CRAC-PC, ni viceversa. La CRAC aceptó dejar de hacer “operativos grandes”.
En consulta telefónica, el consejero Braulio Pimentel, aclaró que el sistema comunitario estaba pensando todo el tiempo en cómo resolver los problemas que enfrentaban en la aplicación de la justicia, “no estaban supeditados a la presión del Estado, se había retomado un proceso organizativo genuino de las comunidades”.
Añadió que cada año aumentaba el número de comunidades, en los aniversarios se analizaba el trabajo y surgían nuevas ideas de organización; asociaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán comenzaron a tener un papel importante, con la impartición de cursos y en la defensa de las personas que eran señaladas en las demandas penales.
Una vez que quedó demostrada la eficacia de la CRAC que, como reconocen las propias instituciones de gobierno, convirtió a su zona de influencia en la más segura del estado, dijo que se consolidó una relación de respeto con el 48 Batallón del Ejército, que también los acosó y desarmó en el proceso.
Pimentel Antúnez estimó que los militares capacitaron a los policías comunitarios unos diez años y revisaban que sus armas contaran con el aval de CRAC-PC, “últimamente ya no”.
Sin embargo, indicó que la relación cambió cuando los grupos de la Policía Comunitaria, de la nueva Casa de Justicia de El Paraíso (que se constituyó en diciembre de 2012) se manifestaron con el movimiento magisterial y contra la reforma educativa en Chilpancingo, y obstruyeron carreteras federales por la detención de la coordinadora regional de la PC de Olinalá, Nestora Salgado García, el 21 de agosto de 2013, acusada de privación ilegal de la libertad y secuestro, a propósito de sus actividades de seguridad y justicia. A la fecha, sigue en prisión en un penal federal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit.
Después de ella, siguieron las detenciones del coordinador regional de la Casa de Justicia de El  Paraíso, Bernardino García Francisco, con otros consejeros y policías comunitarios de Ayutla, el asesor, Arturo Campos Herrera, y el promotor de la PC de Tixtla, Gonzalo Molina González, los dos últimos recluidos en el prisión de máxima seguridad de Almoloya, en el estado de México.
Hoy, la CRAC podría dividirse en estos bloques: la que representa Villar Castillo y que es reconocida por el gobierno como legítima representación de la organización comunitaria.
La que respalda a la Casa matriz y a sus nuevos coordinadores, Abad García García, Martín Encarnación de la Cruz y Francisco Martínez Salazar, que tienen el apoyo de consejeros y representantes de periodos anteriores, así como de promotores de la PC desde su fundación. En ambos casos, no hay información precisa de sus zonas de influencia.
También está la CRAC de los pueblos fundadores, que entre sus voceros tiene al líder na savi, Cirino Plácido Valerio, hermano del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, con una casa de Justicia en Santa Cruz del Rincón, municipio de San Luis Acatlán.
En Tixtla se denominan CRAC-PC Mi Patria Es Primero, independiente de la estructura de la organización, así como los grupos de Olinalá y Huamuxtitlán, que con la detención de los principales dirigentes en 2013 continuaron solos las acciones de seguridad en sus comunidades.