Tlachinollan

Cecop: once años en defensa  del río Papagayo

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

La organización de las comunidades y ejidos del Acapulco rural frente al proyecto hidroeléctrico La Parota, es emblemática de la defensa de los ríos y el agua que sucede en diversas regiones del territorio mexicano, frente al despojo impuesto por grandes intereses económicos que buscan sobreponerse a los intereses sociales y ambientales.
El 28 de julio de 2003 campesinos y campesinas se organizaron para bloquear los caminos en Dos Arroyos, Parotillas, Las Cruces, Huamuchitos y Agua Caliente, para impedir el ingreso de la maquinaria y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que había iniciado los trabajos de construcción de la presa. Así, para exigir el respeto a los derechos a la consulta, a la información y al interés superior de los pueblos y comunidades a la preservación de las tierras, territorios y recursos naturales, nació el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Hoy el Cecop se enfrenta al encarcelamiento de tres de sus integrantes, Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del movimiento, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic, Nayarit; y de Julio Ventura Ascencio y Emilio Hernández Solís, recluidos en Acapulco.
La detención del dirigente y demás integrantes del Cecop tiene como objetivo debilitar al movimiento que por más de once años ha defendido los ríos y el agua frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota, el cual ha sido incluido en el plan de reconstrucción del Ejecutivo Federal denominado Nuevo Guerrero, y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado.

El proyecto hidroeléctrico La Parota

La construcción de la presa La Parota se comenzó a planear en 1976, cuando se realizaron los primeros estudios técnicos, los planes continuaron hasta 2002 cuando ya se contaba con el estudio de viabilidad económica y se estaban realizando estudios de pre-construcción para concluir el diseño de la obra. En ningún momento durante estos estudios hubo una consulta adecuada a los pueblos que se verían afectados por el proyecto.
Con la construcción de la presa La Parota se pretende explotar las aguas de los ríos Papagayo y Omitlán, en cinco municipios, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que significaría el desplazamiento de más de 20 mil personas y afectaciones a más de 70 mil personas que viven en la zona aledaña. De los 21 territorios que se verían afectados directamente, 17 son ejidos, tres son bienes comunales y uno es propiedad privada, que suman 14 mil 300 hectáreas de manera directa.
Diversas organizaciones a nivel nacional e internacional, así como diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, han establecido que el proyecto hidroeléctrico La Parota es jurídica, social y ambientalmente inviable.

Asambleas agrarias ilegales y la consulta popular de 2007

Desde 2005 la CFE, en contubernio con el gobierno estatal, fomentó la realización de asambleas agrarias con el objeto de obtener la anuencia para iniciar el proceso expropiatorio y celebrar los convenios de ocupación previa con los distintos núcleos agrarios. Durante 2005 se realizaron cuatro asambleas agrarias de Cacahuatepec, Dos Arroyos, Los Huajes y la Palma, y en 2010 una nueva de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. En cada una hubo graves violaciones a la Ley Agrari, y policías estatales y federales impidieron la participación de los auténticos comuneros y ejidatarios. El Cecop, acompañado por Tlachinollan, impugnó dichas asambleas ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 41, con sede en Acapulco, el cual declaró la nulidad de las cinco asambleas ante las irregularidades en las que se había incurrido y que contravinieron lo establecido en la Ley Agraria.
Frente a los diversos intentos de la CFE y del gobierno estatal por imponer la construcción de la presa La Parota, el 12 de agosto de 2007 se llevó a cabo una asamblea por usos y costumbres, sin la intervención de los gobiernos y sin presencia policiaca o militar, en términos de lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Después de obtener información real sobre las ventajas y desventajas de la presa, la población votó de manera unánime contra la construcción de la presa.

Ambigüedad del gobierno estatal y la detención de Suástegui

Desde el inicio de la actual administración de Ángel Aguirre, el Cecop buscó asegurar que el nuevo gobernador se comprometiera a respetar los acuerdos de la asamblea del 12 de agosto de 2007. El gobernador, como en otros espacios frente a los movimientos sociales, aparentó cercanía con los campesinos y campesinas, y el 7 de mayo de 2011 acudió a la comunidad de Agua Caliente, miles de campesinos y campesinas integrantes del Cecop le demandaron comprometerse a no impulsar el proyecto hidroeléctrico La Parota, mediante la suscripción de los Acuerdos de Cacahuatepec. Tras tomarse la foto con la camiseta de “No a La Parota”, el gobernador se negó a firmar los acuerdos, evidenciando su ambigüedad respecto al proyecto.
En los meses subsecuentes, el gobierno estatal continuó con una postura ambivalente frente al proyecto de La Parota, retomando el tema a conveniencia y de conformidad con los interlocutores con los que actuaba.
Tras un largo proceso de interlocución con el Cecop, el jueves 16 de agosto de 2012, en Acapulco, se llevó a cabo la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, entre el Cecop y el gobernador Guerrero, que establecen que el el gobierno estatal?no apoyaría ni impulsaría la construcción de la hidroeléctrica que la CFE ha querido imponer. Parecía que el gobierno del estado respetaría por fin la decisión de los comuneros y comuneras, de no construir la presa La Parota.
Sin embargo, la polarización social provocada por la explotación desmedida que por más de 20 años realizan las compañías gravilleras en el río Papagayo, sin haber consultado a comuneros, comuneras y ciudadanos, se agudizó por las omisiones del gobierno estatal y federal frente a la emergencia provocada por las tormentas Manuel e Ingrid en septiembre de 2013 y la negligencia de la CFE al no abrir a tiempo las compuertas de la presa de La Venta que terminó por desbordarse, sumando más devastación a la cuenca del río Papagayo. La desatención gubernamental generó un aumento en el nivel de protestas del Cecop que exige que la emergencia fuera atendida con prontitud y se detuviera la explotación desmedida de la grava del río.
Este clima de tensión fue capitalizado por el gobierno del estado que encontró una oportunidad para desarticular el movimiento a partir de la fabricación de delitos contra integrantes del Cecop. Marco Antonio Suástegui Muñoz fue detenido el 17 de junio de 2014 por elementos de la Policía Investigadora Ministerial, después de ser torturado fue puesto a disposición del juez décimo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Tabares, dentro de la causa penal 064/2014. Suástegui fue ilegalmente trasladado por criterios políticos al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic Nayarit, violentando desde un inicio su derecho a?poder comunicarse fluidamente con su defensa, y en abierto desacato a dos suspensiones concedidas por jueces federales dentro de los juicios de amparo 543/2014 y 649/2014, el primero contra orden de aprehensión y el segundo contra traslado.
El carácter político de la persecución penal y la arbitrariedad del encarcelamiento en un penal federal de Suástegui Muñoz, ha sido señalado por diversas organizaciones y activistas de México, de toda América Latina y otras partes del mundo, que en días pasados generosamente dirigieron miles de cartas a las autoridades guerrerenses demandando que se respeten los derechos del líder del Cecop.
Frente a la desinformación que genera el gobierno del estado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatiza que el trasfondo de los delitos imputados a Marco Antonio Suástegui y demás integrantes del Cecop es la intención de reactivar el proyecto La Parota mediante la inhibición que generan las imputaciones penales falsas a los defensores comunitarios, y sobre todo, los traslados arbitrarios a penales federales.
Tlachinollan continuará la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y no dejará de apelar a la solidaridad de la sociedad para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del proyecto hidroeléctrico La Parota.