Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

t Caso Chavarría: “órdenes superiores”, la clave

El asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera fue cometido por un grupo de agentes de la Policía Ministerial del estado al amparo de “órdenes superiores”. Al menos tres de los participantes en el crimen han sido identificados: uno se encuentra preso en una cárcel del estado de Guanajuato, otro de nombre “Jacinto” está en libertad pero sometido a proceso también en ese estado –en ambos casos por otros delitos–, y el tercero está muerto. Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene en su poder una de las dos pistolas utilizadas en el homicidio y cuenta con una declaración ministerial en la que se ofrecen detalles de la organización del crimen y se revela la identidad de quienes dieron esas “órdenes superiores”.

La información anterior procede de fuentes fidedignas e incuestionables, y se halla registrada en el expediente del caso bajo custodia de la Procuraduría. Pese a lo anterior, en su comparecencia ante el Congreso local el pasado 24 de abril, el encargado de la Procuraduría, Juan Manuel Herrera Campos, dijo que “varios” de los homicidas de Chavarría “ya están muertos”, sugiriendo con ello la inutilidad de continuar o ahondar en la investigación del caso.

Se ignora si los diputados locales preguntaron a Herrera Campos el origen y los pormenores de su afirmación, pues si el funcionario sabe que los homicidas están “muertos” es porque se ha establecido quiénes son, lo que no habría podido decir si no hubiera entonces un avance decisivo en el esclarecimiento del asesinato. Sin embargo, no es esto lo que Herrera Campos transmitió a los legisladores, según informó el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Faustino Soto, quien reprodujo para los medios las palabras del funcionario: “Efectivamente, de manera vaga se nos dijo que varios de los que se consideran involucrados en este hecho, que de alguna manera fueron señalados en su momento, varios ya están muertos”. (El Sur, 25 de abril de 2012).

Salvo que de entonces a la fecha hayan sido abatidos más implicados en la muerte de Chavarría, hacia finales de 2011 “Jacinto” y el ex agente ministerial preso en Guanajuato estaban vivos. El tercero fue acribillado precisamente después de rendir su declaración ministerial, en la que con toda claridad dijo que la muerte de Chavarría se debió a “órdenes superiores”. Aunque la identidad de ese tercer involucrado no fue precisada a esta columna, su descripción coincide con el perfil del comandante Trinidad Zamora Rojo, cuyo cadáver desmembrado fue abandonado en un puente vehicular de Chilpancingo el 17 de junio de 2011.

Como es del conocimiento público, Zamora Rojo había sido levantado un día antes a punta de pistola en la comandancia de la Policía Ministerial de Chilapa, y apareció descuartizado, con la cara desollada y con unos dedos dentro de su boca, en la carretera federal Chilpancingo-Petaquillas. Tenía en su historial varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos por violación de derechos humanos. Junto a su cuerpo había un mensaje: “sea quien sea… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte los rojos”. (El Sur, 18 de junio de 2011).

De acuerdo con la versión citada, Zamora Rojo reconoció su participación en el asesinato de Chavarría y ofreció su confesión presionado por el temor de ser eliminado por el grupo que perpetró el homicidio, como al final seguramente ocurrió. Se ignora por qué o en qué términos seguía en libertad cuando fue ejecutado.

Su testimonio, de tan alto valor que le fue cobrado con la vida, fue presentado probablemente en mayo de 2011, mientras se desarrollaba aquella controversia pública suscitada por la desaparición temporal del expediente oficial del caso, denunciada por el entonces procurador Alberto López Rosas.

La declaración ministerial de Zamora Rojo habría puesto fin a la estrategia desplegada por el gobierno de Zeferino Torreblanca para mantener un cerco de impunidad y complicidad en torno del homicidio –estrategia de la que son responsables también los tres procuradores que estuvieron en funciones entre agosto de 2009 y marzo de 2011–, y habría facilitado la localización e identificación de los demás implicados en la ejecución del líder del Congreso.

Aunque suene aventurado, por todo lo anterior es admisible sugerir que el caso Chavarría estaría a punto de ser resuelto, si no es que ya está prácticamente resuelto. Sólo la creencia inducida de que nunca sería esclarecido por los intereses políticos involucrados, aporta una pizca de inverosimilitud a la información aquí transcrita. Pero el hecho es que técnica y ministerialmente la identidad de los homicidas está resuelta y existen indicios fiables sobre el móvil del crimen y el origen de las “órdenes superiores” por las que el atentado fue consumado. Lo prueba no sólo la información recogida en estas notas, sino también las declaraciones del procurador Herrera Campos en el Congreso, a quien los legisladores debieron preguntarle cómo llegó a esa conclusión.

Es probable que la crisis en la que se sumergieron la Procuraduría y el gobierno del estado después del asesinato de los dos estudiantes normalistas el pasado 12 de diciembre haya impuesto una pausa en las investigaciones del caso, pero es preciso insistir en que para esa fecha la Procuraduría había interrogado ya en Guanajuato a los dos acusados de matar a Chavarría, y había avanzado en las pruebas periciales de una de las armas homicidas. Por tal razón, el hecho de que el procurador encargado haya replanteado ahora el caso Chavarría diciendo que los criminales están “muertos”, parece tener la pretensión de justificar el posible abandono de la investigación, lo que supondría la existencia de una decisión política del gobierno de Ángel Aguirre Rivero de no continuar las pesquisas, de dar marcha atrás quizás por el temor de estar muy cerca de la verdad y de los responsables intelectuales del crimen.

El gobernador no se ha distinguido por cumplir el compromiso que hizo en su campaña, de procurar justicia y castigar a los responsables del asesinato de Chavarría. Hace un año accedió a recibir a la viuda de Chavarría, la señora Martha Obeso Cázares, pero la dejó plantada en la antesala de su despacho en el Palacio de Gobierno, y el segundo aniversario del homicidio transcurrió en medio de un manifiesto desdén del gobierno. Pero a la luz de estos datos el equipo que en la gestión de López Rosas se hizo cargo del caso produjo resultados cruciales que durante meses han permanecido inaccesibles a la sociedad y sin generar las consecuencias jurídicas lógicas. Y si la conducta del responsable de la Procuraduría es representativa de la voluntad del gobierno, podemos decir que las autoridades se muestran arrepentidas de haber logrado los hallazgos que hemos reportado.

Sin embargo, la secrecía de las investigaciones no puede ser pretexto para someter el asesinato de Chavarría a un segundo ciclo de manipulación y cálculo político, riesgo que se desprende de la postura de Herrera Campos. A tres meses de llegar al tercer aniversario del homicidio, es momento de preguntarle nuevamente a los que saben: el ex procurador López Rosas y el gobernador Aguirre Rivero. ¿O acaso será necesario esperar a que Televisa se interese en el tema?

[email protected]