Rubén Padilla Fierro

Denuncias y desviaciones

Lo que hoy denuncian a la luz pública del Centro de Convenciones de Acapulco, (El Sur1-2/03/03) es sólo la parte visible del iceberg de la administración estatal en general, lo que evidencia las graves deficiencias y deja en claro enormes desviaciones de recursos económicos y materiales que corresponde revisar a la saturada Contaduría Mayor de Hacienda en el ámbito estatal y a Secodam en el federal y hasta hoy, nadie ha tenido noticias de su actuación, a pesar de que la tapa de la cloaca comenzó a abrirse hace muchísimos años, con voces cada vez más documentadas.

Personajes de la misma administración en sexenios consecutivos han puesto el dedo en la llaga y a la única solución a la que se ha llegado es despidiendo a quienes en su afán por corregir han encontrado oídos sordos y perversidad, simulaciones que prolongan el daño.

A quienes no han podido despedir pero sí bloquear, es a los presidentes municipales de oposición que al tomar posesión del cargo se encuentran con arcas vacías, deudas, ausencia de documentos y obras fantasmas y con equipamiento urbano e inmuebles en deplorables condiciones, para completar, el gobierno estatal retira sus apoyos, entrega en destiempo los recursos federales, y deja de hacer obra, en síntesis, abandona a su suerte a las autoridades municipales y deja en la indefensión a sus habitantes quienes sufren las consecuencias de los caprichos del gobernante en turno.

Denuncias como la referida se refuerzan (El Sur 27/03/02) por el clamor popular de malos tratos, cobros elevados, despotismo, secuestro de pacientes en los hospitales generales de Acapulco, que además de incumplir con acuerdos legales entre la federación y el Estado en materia de prestación de servicios de salud en primer, segundo y tercer niveles de atención, los familiares de los pacientes se ven obligados a vender sus escasas pertenencias para cumplir con el cobro que les fincan los directores de estos hospitales (situación generalizada en todos los hospitales generales del Estado) en tanto retienen (secuestran) a su familiar enfermo hasta no pagar, además, si no pagan o no lograr completar el pago requerido, se les hace firmar pagarés por diversas cantidades asegurando su pago mediante la retención de la credencial para votar que intimida a los familiares como a los pacientes por la forma como son buscados exigiendo el pago. Delitos que deben perseguirse de oficio, quedan impunes en detrimento de la salud del tejido social.

El problema no para ahí, el paciente debe demostrar antes de ser ingresado al hospital que tiene recursos para pagar o no se le admite, históricamente existe desabasto de medicamentos como de materiales e insumos para la salud, tanto en hospitales como en centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud estatal, por lo mismo, se obliga al paciente o a los familiares a comprar todo lo necesario para su tratamiento, desde sueros y equipos para venoclisis hasta materiales quirúrgicos, en días festivos y fines de semana, por lo general el paciente es tratado por médicos en preparación, es decir con insuficientes conocimientos para resolver los padecimientos motivo de su ingreso.

En este sentido, por primera vez los legisladores de la Comisión de Salud están asumiendo sus responsabilidades, atendiendo el reclamo ciudadano, acudiendo personalmente a los hospitales, (donde por cierto recibieron un trato descortés e irrespetuoso), que si desean completar su trabajo deberán profundizar en su actuación y ordenar auditorías a estas instituciones que se dicen permanentemente en bancarrota y que exprimen a la gente que por su enfermedad y pobreza acuden ahí en búsqueda de solución a problemas de salud, resultando víctimas de insensibles, omisos directores y administradores.

Las denuncias por corrupción han abarcado a otras instancias del gobierno estatal como la Secretaría de Educación de Guerrero, (SEG) donde se ha denunciado la presencia de aviadores que cobran y bien, con la colusión de las autoridades.

Probablemente algunos de los mismos legisladores y funcionarios actuales reciben además de su pago por los servicios prestados, prevendas de la SEG aunque nunca acudan a los tecnológicos, cebetis y otras escuelas a realizar trabajo alguno que lo justifique, y, los secretarios del ramo no desconocen la situación lo que los hace cómplices, irreverentes de la ley.

La incongruencia de tener un Estado rico con un pueblo empobrecido deberá reflejarse en las urnas este 6 de julio a pesar de los mensajes del gobernador de los “buenos ejemplos”, la ciudadanía no puede seguir esperando justicia; tras la denuncia, debe venir la investigación y el castigo hacia quienes desvían los recursos para el enriquecimiento de unos cuantos, no hay paciencia que resista el putrefacto olor de la corrupción.