Problemas políticos impiden el desarrollo de organismos operadores de agua, dicen

* Los directores duran año y medio, en promedio, y tienen un marco jurídico inadecuado, además de que tienden a la politización de las decisiones, señala el director de CAPAMA, Gerardo Sierra * Representantes de las empresas Aguas de Barcelona, y Obras y Edificaciones, expusieron sus propuestas para esa paramunicipal

Nelly Bello * Durante el Foro de gobernabilidad en el medio rural y el agua en los municipios de Guerrero, encargados de organismos de agua en varios gobiernos municipales coincidieron en que hay problemas políticos para el cobro del servicio o dar continuidad a obras que aún no funcionan.

El foro tenía la intención de abordar los problemas del agua y el medio rural, pero devino en la exposición de dos empresas privadas interesadas en invertir en CAPAMA. El organizador y moderador del acto fue el síndico Marcial Rodríguez Saldaña.

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Gerardo Sierra Ulloa, expuso el programa de modernización del organismo, que incluye la participación privada para poder acceder a los recursos federales del Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua).

Mencionó como las causas de los problemas de los organismos de agua en el país que los directores duran un año y medio en promedio y tienen un marco jurídico inadecuado, además de que tienden a la politización de las decisiones.

Informó que en México más de 12 millones de habitantes no tienen servicio de agua potable y más de 23 millones no tienen alcantarillado. En Acapulco, sólo 85 por ciento de la población tiene servicio de agua, y 66 por ciento, de alcantarillado, y es la zona rural donde se concentra el mayor rezago.

Dijo que mientras CAPAMA tiene registrados 126 mil usuarios, Catastro tiene 150 mil causantes; la CFE 162 mil clientes y el INEGI reporta 169 mil viviendas en el municipio.

Dijo que la tubería que transporta el agua desde el río Papagayo pierde 150 litros de agua por segundo, por el deterioro de la tubería, que tiene más de 35 años, y 400 litros por segundo se va en tomas clandestinas para el riego de sembradíos. Sobre esta última cifra, dijo que, de solucionar el problema del riego, esa cantidad de agua podría beneficiar a 300 mil habitantes.

Además, la tubería registra 900 fugas al mes en la zona urbana, con 30 fugas en promedio al día, que representa el doble de las fugas que hay en el DF, que tiene una tubería con la misma edad del sistema porteño. También hay tomas clandestinas en los tanques de CAPAMA, que deterioran el servicio.

Explicó que del consumo total, sólo 31.4 por ciento se factura, y el resto, 68.6 por ciento, se va en fugas y tomas clandestinas. Además, de la cantidad facturada, sólo 85 por ciento se cobra, lo que significa que sólo 27 por ciento del agua consumida en el puerto que se paga.

De acuerdo con el decreto tarifario y los subsidios en el organismo, 4 por ciento de los consumidores –hoteleros– aportan 47 por ciento de los ingresos; mientras que 87 por ciento de consumidores de las colonias populares aportan 31 por ciento de los ingresos por facturación y consumen 63 por ciento del agua.

Informó que el organismo gasta en promedio 7 millones de pesos mensuales en el pago de energía eléctrica para el bombeo del agua que distribuye en la zona poniente; 2 millones mensuales para abonar a la deuda de 125 millones de pesos en udis que tiene con Banobras, y 21 millones de pesos anuales para el pago a la CNA por extracción de agua, lo que reduce a una mínima cantidad la inversión en infraestructura.

Indicó que es necesaria la construcción de tres plantas tratadoras nuevas en Pie de la Cuesta, Potrerillo y Miramar, así como terminar la segunda y tercera etapa en la planta de Paso Limonero; ampliar la de Renacimiento y rehabilitar la de Aguas Blancas.

Un estudio que hizo un despacho consultor externo para determinar la viabilidad de acceder al crédito del Promagua determinó que CAPAMA necesita 2 mil millones de pesos para modernizar su infraestructura, saldar sus deudas y sanear sus finanzas. De acuerdo con cálculos de Sierra Ulloa, CAPAMA obtendría del Promagua 360 millones de pesos en los primeros 3 años de operación como empresa mixta.

Advirtió que, de continuar el mismo sistema, el organismo público solucionaría sus problemas en 40 años, pero con ello dijo que “se pone en riesgo la calidad de vida” de los ciudadanos.

Luego de escucharlo, algunos administradores de organismos de agua, como José Luis Pérez Casarrubias, de Chilapa, municipio ganado en 2002 por la alianza entre PRD y PT, preguntó si alguna ley lo ampara para cobrar en la colonia Libertad, pues los vecinos se niegan y defienden su decisión por medio de la organización conocida como FDP.

Sierra Ulloa respondió que no sólo está facultado, sino protegido por la ley, y sugirió que como no puede cortar el servicio, tiene la posibilidad de limitar su consumo a necesidades básicas.

El director operativo de CAPAMI, Enrique Cevallos Pastrana, agregó que podría recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Exponen dos empresas propuestas de inversión en Acapulco

Luego de la exposición de Sierra Ulloa, las autoridades y funcionarios de varios municipios escucharon al directivo de Aguas de Barcelona (Agbar), Alberto Usobiaga Suinaga, que habló de la propuesta para una empresa mixta. El empresario dijo que ya había presentado su propuesta ante el alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos.

Antes de él, Rodríguez Saldaña reiteró que el ayuntamiento no tiene la intención de privatizar CAPAMA, y que sólo escucha propuestas por la necesidad de recursos y ante la propuesta del gobierno federal por invertir en organismos que no estén 100 por ciento en la autoridad municipal.

Usobiaga Suinaga dijo que la eficiencia promedio de los organismos operadores de agua en México es de 28 por ciento, es decir que sólo 28 por ciento de agua consumida es pagada.

Calculó, con los datos que dio Sierra Ulloa, que en Acapulco el nivel de eficiencia es de 26 o 27 por ciento, décimas por debajo del promedio nacional. Comentó que si CAPAMA ubica y cobra las tomas clandestinas aumentaría su eficiencia, pero lamentó que como en otras ciudades algunas veces no se asume la decisión “por razones políticas”.

Mencionó tres obstáculos para los administradores de organismos de agua: falta de continuidad, politización y falta de recursos. Aseguró que cuando un organismo es operado por el sector privado la politización disminuye, por lo que indicó que el titular no debe ser un político, pues la experiencia demostró que se ven obligados a cumplir recomendaciones para la adquisición de productos o servicios para la paramunicipal y le dificulta el cobro.

Explicó que los esquemas constitucionales de participación privada en organismos públicos limitan esa participación a concesiones, contratos o empresas mixtas, por lo que negó que la inyección de recursos externos al gobierno sea una privatización.

Mencionó tres experiencias de 876 municipios en los que trabaja Aguas de Barcelona: el sistema de agua en Saltillo, 51 por ciento de rectoría del gobierno municipal y 49 por ciento para la empresa; en La Habana, Cuba, es 50 por ciento del gobierno, 45 por ciento para Agbar y 5 por ciento para un socio particular español. En Cartagena de Indias, Colombia, es 50 por ciento para el gobierno local, 4 por ciento de empleados y ex empleados del organismo y 46 por ciento para Aguas de Barcelona.

El empresario fue insistente en aclarar que la participación de capital privado no representa la privatización del organismo, porque la Constitución prohíbe la venta total.

En entrevista posterior explicó que en la experiencia de Saltillo la empresa corrigió el padrón, pues había consumidores que no existían o que sus datos estaban equivocados. Dijo que en un principio disminuyó el número de contribuyentes y luego incrementó. “Empezamos con 145 mil, bajamos a 142 mil y ahora estamos en 148 mil usuarios; se van incorporando usuarios que antes no tenían el servicio, y con la ampliación de cobertura”, comentó.

El alcalde Alberto López Rosas, que sólo estuvo en la inauguración y la exposición del tema del investigador Armando Bartra, informó en entrevista posterior que Aguas de Barcelona es una empresa más con interés de invertir, pero dijo que “no significa ningún compromiso, sólo escuchar dentro de la perspectiva de la iniciativa privada, su opinión”.

Negó que tengan otro viaje agendado para visitar algún municipio donde trabaje Aguas de Barcelona, “pero hay interés de conocer otras experiencias dentro del país”.

El directivo de la empresa Obras y Edificaciones, Uriel Berrueto Pruneda, expuso el tema Inversión de la iniciativa privada en el área comercial de los sistemas de agua potable, y presentó un estudio que hizo a CAPAMA, en el que halló que el sistema tiene equipo obsoleto que causa un mal servicio y a su vez que genera falta de recursos y ausencia de inversiones. Dijo que su empresar requeriría un contrato de 10 a 20 años.

Su propuesta consiste en el total de los medidores domiciliarios, la recolección de información por la vía electrónica de los consumos mensuales, generar archivos e imprimir las boletas de cobro y la entrega a domicilio de las boletas para su pago.

Una parte de la recaudación sería para el costo de amortización de la inversión de equipo; otra, para el pago de gastos directos e indirectos, y una tercera, para la utilidad que la empresa pretende por la ejecución de los trabajos, explicó.

Pidió como garantía el apoyo de las autoridades, autorizaciones legales que garanticen el cobro, así como un crédito de contingencia con Banobras. Ofreció tecnología de punta, ahorro en mano de obra, más ingresos de facturación y menos costo por mantenimiento de medidores.

Previó en su análisis de ventajas de medición que cuando los usuarios se den cuenta que su consumo real es facturado lo economizarán.

El investigador Armando Bartra fue el primer expositor. Luego de una amplia disertación sobre el centralismo autoritario del gobierno federal “y en algunos casos del estatal”, dijo que los municipios deben ser integrados en la programación del gasto en los gobiernos estatales y normar su intervención en los Convenios de Desarrollo Social, y aludió al artículo 115 de la Constitución, que garantiza que la sociedad participe en la planeación y gestión del desarrollo social y productivo.

Consideró necesario y justo “otorgar más capacidad de decisión a las comunas para que impulsen arreglos jurídicos, institucionales y políticos”. Asistieron autoridades y funcionarios municipales de San Jerónimo, Iguala, Ajuchitlán, Tlalchapa, La Unión, Zihuatanejo, Chilapa yAcatepec.