Rodolfo Chávez Galindo

En Guerrero, el campo no aguanta más

A la par con el diálogo nacional, en Chilpancingo tendrá lugar el 3 de marzo, el Encuentro Estatal Por una Política de Estado Justa para el Campo, evento convocado por las 33 organizaciones integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Guerrero (Cocigro).

En diez mesas de trabajo se discutirán asuntos como desarrollo y política social, medio ambiente, asuntos de la mujer campesina, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), derecho y cultura indígenas y el papel del campo en el proyecto de nación.

A diferencia del diálogo nacional, en el que por acuerdo expreso, participan organizaciones campesinas y los secretarios de Estado, en Guerrero, los convocantes, por falta de acuerdo, son los campesinos de manera independiente, quienes esperan no encontrar oídos sordos a los acuerdos emanados del encuentro.

La movilización que reunió a más de 100 mil campesinos en la ciudad de México el 31 de enero, colocó al campesinado en una favorable correlación de fuerzas en las negociaciones con el gobierno, pasando sobre la actitud de éste de tratar de ignorar el peso y las dimensiones del movimiento. La crisis del campesinado lo ha llevado a unirse en torno a la lucha por su tierra, su trabajo, sus raíces en el medio rural y por su condición como campesinos. La exigencia es por una política para el campo que incluya a los 25 millones de mexicanos que viven y dependen del campo. Esta demanda enfrenta el proyecto empresarial del gobierno que ha venido entregando el campo a las grandes empresas productoras y comercializadoras trasnacionales, y que desde los acuerdos firmados por Salinas, decidieron la expulsión de la mitad de la población rural con el argumento falaz de que es más redituable importar que producir y que serán los empresarios los únicos que podrán sacar adelante al campo, al integrar sus productos a las grandes trasnacionales, y formar parte del engranaje del mercado mundial.

La demanda central del movimiento sigue siendo la renegociación del TLCAN. El Tratado lo firmó Salinas sin importarle las asimetrías entre los sistemas de producción, financiamientos, subsidios, investigación, comercialización, transporte, etc., desventajas de los campesinos mexicanos frente a los productores de Estados Unidos y Canadá. El propósito era dar paso a la agroindustria trasnacional, que acorde con el proyecto global del imperialismo busca tener el control total de la producción y comercialización de alimentos.

La firma tenía un propósito encubierto: acabar con el campesinado pobre y con el mediano productor. No fue un descuido sobre los términos y las condiciones del Tratado como muchos lo han entendido. La crisis actual fue prevista. El problema de quienes la provocaron es que las condiciones económicas y de infraestructura de nuestro país, y su carácter dependiente han hecho imposible la aplicación de su esquema neoliberal. Lo único que han provocado es la expulsión de millón y medio de campesinos que buscan desesperadamente cruzar la frontera para ir a trabajar en campos ajenos y hacer producir el campo norteamericano, cuyos productos nos llegan después compitiendo de manera desventajosa con los productos mexicanos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor hace nueve años y quedó integrado al proyecto nacido de las modificaciones del artículo 27 Constitucional. La crisis del campo demuestra su fracaso. Desde su entrada en vigor, México ha erogado 78 mil millones de dólares por compra de alimentos, cantidad superior a la deuda pública nacional; alimentos que deberían producirse en México. El país importa 6 millones de toneladas de maíz anualmente, aún existiendo restricción arancelaria parcial. Se importa el 95 por ciento de la soya, el 59 por ciento del arroz que consumimos, el 49 por ciento del trigo y el 40 por ciento de la carne.

Los productos del campo mexicano se tienen que vender a un precio inferior al costo de producción por la competencia desleal de los productos vendidos por los productores estadounidenses. Hemos entrado en un proceso de una creciente dependencia alimentaria, hecho sumamente delicado porque nos coloca en una situación cada vez más vulnerable frente al dominio del capital sobre todo norteamericano.

Lo que está en juego es la soberanía nacional; en este caso es un acto de dominio sobre el hambre de un pueblo. Sin embargo, el caso de México no es aislado. La totalidad de los países en vías de desarrollo se encuentran en situación semejante; las trasnacionales son mundiales y los planes son los mismos.

El Encuentro de Chilpancingo responderá a las demandas planteadas en los siete foros regionales realizados en los días anteriores en todas las zonas del estado. Recogerá las propuestas que exigen una nueva relación entre los productores del campo y el conjunto de la población. Destaca la exigencia por un nuevo modelo agropecuario. Se exige la salida del capítulo agropecuario del TLCAN de los productos básicos de nuestra alimentación, específicamente del maíz y el frijol. Una demanda fundamental es la reconstrucción del campo con base en políticas de financiamiento que toquen a todos no sólo a los dueños de las agroindustrias. Se lucha por mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

Se exige incrementar el gasto programable para el desarrollo rural. Se pide la reconstrucción de las cadenas productivas agropecuarias, afectadas por el modelo exportador que beneficia a unos cuantos. Se luchará por la soberanía alimentaria y en especial se pondrá el énfasis en las zonas rurales más desprotegidas; esas que viven de la agricultura de autoconsumo, que no los queda ningún excedente para vender y que sólo son consideradas dentro de los planes de subsidios a la pobreza. Esos campesinos, que pueden ser la mayoría de quienes habitan las zonas rurales del estado tienen proyectos para lograr su propio desarrollo. El conjunto del movimiento apoyará sus propuestas en la vía hacia un nuevo desarrollo del campo mexicano, en particular del campo guerrerense.