Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Octavio Klimek Alcaraz

Índice de competitividad forestal estatal

 

El pasado 31 de julio del presente año fue presentado el denominado Índice de competitividad forestal estatal (Icofe). Este índice es resultado del trabajo conjunto de dos organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Reforestamos México A.C.
El documento del índice está estructurado en 6 capítulos y 4 anexos, con una extensión de 158 páginas y puede ser consultado en la página electrónica del Imco http://imco.org.mx/medio_ambiente/indice-de-competitividad-forestal-estatal/
En el documento se destaca que el Icofe está abocado a medir la competitividad forestal, que es definida como “la capacidad que tiene los bosques y sus habitantes para atraer y retener inversión y talento e incrementar su riqueza económica social y ambiental en el tiempo” (p. 4).
Asimismo, se manifiesta que, “el objetivo del Icofe es fortalecer al sector forestal a través del análisis de información comparable sobre el aprovechamiento, el Estado y la vulnerabilidad de los bosques en cada una de las entidades federativas” (ídem). Más allá de servir como un sistema de seguimiento de los avances y retos en materia forestal, el Icofe se propone en esta primera versión, ser “una línea de base para evaluar y mejorar la forma en que el sector público promueve y regula sus bosques” (ídem).
El Icofe está compuesto por 42 indicadores económicos, ambientales, sociales y políticos que se establecen en cuatro subíndices, dos de la dimensión económica Potencial de aprovechamiento forestal y Sofisticación de la producción; uno de la dimensión ambiental Permanencia de los bosques, y otro de la dimensión social Condición sociopolítica de los bosques.
De los principales resultados del Icofe, se establece que cerca del 36 por ciento de la superficie forestal nacional se localiza en estados con un nivel de competitividad bajo o medio-bajo, mientras que 28.5 por ciento se encuentran en un nivel medio y únicamente el 35 por ciento de la superficie forestal se localiza en entidades con una competitividad alta o media-alta. Es de gran significancia que el estado más competitivo en el manejo de sus bosques en el país, sólo obtiene un 57.5 por ciento con relación al escenario ideal. Conforme al Icofe todos los estados del país se encuentran a distancia de lograr el nivel de competitividad idóneo para México.
Sólo tres estados se ubican en el grupo de mayor competitividad (alta) y son: Coahuila, Chihuahua y Nuevo León; en tanto que los estados que se localizan en el segundo nivel de competitividad (medio-alto) son: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. A media tabla se ubican los estados de competitividad media: Baja California, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Un cuarto grupo de estados son los de competitividad media-baja: Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tabasco y Veracruz. Al final, en un quinto grupo se ubican los Estados de menor competitividad (baja), son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Yucatán.
Entre las similitudesque acompañan a los estados del grupo de mayor competitividad se encuentran: contar con una menor pérdida de bosques, poseer una de las mayores inversiones en estudios forestales, tener legislación y proyectos estratégicos en materia forestal a nivel estatal, además de una baja ocurrencia de incendios forestales y uso de leña en hogares.
No se omite el mencionar, que el Icofe propone 12 recomendaciones generales contenidas en tres grandes temas, que son:
Información: 1) transparentar y hacer accesible información; 2) crear más información, y 3) integrar información.
Presupuesto: 4) homologar criterios presupuestales, y 5) desarrollar presupuestos multianuales e integrados.
Programas y normativa: 6) mejorar programas de capacitación; 7) ampliar la oferta de productos financieros; 8) mejorar e incentivar la legalidad forestal; 9) adoptar perspectiva de género y de minorías en programas; 10) incrementar la certeza jurídica al sector; 11) fomentar plantaciones dendroenergéticas, y 12) crear guías para infraestructura.
En el caso específico de Guerrero, el Icofe establece que “se ubica en un nivel de competitividad bajo debido a que se posiciona en el grupo de competitividad más bajo en dos de los cuatro subíndices, además de haber perdido poco más del 40 por ciento de sus bosques y selvas primarias entre 1976 y 2008” (p. 99).
Posteriormente se indica respecto al subíndice de la dimensión ambiental del Icofe, que “Guerrero es el último lugar nacional en permanencia de bosques, al ser el tercer estado que más consume leña como combustible en los hogares y estar entre los estados con mayor peligro de incendios forestales y deslizamientos (lugar 27 en ambas), así como de inundaciones (lugar 28). Sin embargo, destaca al ser el sexto lugar nacional en recuperación de terrenos forestales.”
Respecto a la dimensión social, en su único subíndice, Condición sociopolítica de los bosques, “el estado se ubica en la posición 27 con importantes retos en cuanto a calidad de la información presupuestal (posición 21), corrupción (tercera entidad con mayor corrupción), falta de mano de obra para trabajar los bosques (posición 30 considerando adultos mayores) así como falta de cohesión social (posición 29).
Con relación a la dimensión económica, el subíndice de Sofisticación de la producción, “Guerrero obtiene la penúltima posición por la baja disponibilidad de personal capacitado (posición 29) poco acceso a créditos privados (lugar 31) y limitada infraestructura financiera y eléctrica (lugar 24 y 26 respectivamente). Sin embargo, el estado es productivo tanto por empleado como por empresa forestal (doceavo y treceavo lugar respectivamente).”
En el otro subíndice de la dimensión económica, se tiene el mejor desempeño de Guerrero, que “es en potencial de aprovechamiento de los bosques, donde obtuvo el cuarto lugar nacional por ser uno de los estados con mayor existencia de bosques y selvas (tercer lugar), así como el segundo con zonas prioritarias para el desarrollo forestal comunitario y con mayor potencial de desarrollo de manejo forestal comunitario.”
El Icofe realiza recomendaciones específicas para el gobierno del estado, señalando que “entre las acciones que el gobierno de Guerrero debería emprender para enfrentar dichos retos están:
–Elaborar estudios sobre potenciales maderables y no maderables del estado.
–Mejorar la inspección y vigilancia de bosques en conjunto con Profepa y el poder judicial estatal.
–Incrementar inversión en estufas eficientes y biodigestores pequeños para reducir consumo de leña en hogares.
–Homologar su presupuesto forestal estatal al federal.”
Seguramente, el Icofe tiene insuficiencias y puede discutirse en su selección de indicadores, así como la forma de ponderar éstos. Sin embargo debe reconocerse el mérito primario de intentar medir para evaluar el desempeño forestal de los estados del país.
En el caso de Guerrero, queda de manifiesto su enorme potencial como estado forestal, el cuarto a nivel nacional, frente a los grandes problemas y retos estructurales del sector forestal, en todas sus dimensiones, la ambiental, la social, la económica y la política.
Se vuelve a determinar que Guerrero puede ser una potencia forestal, obvio sin depredar los ecosistemas forestales. Pero para ello se tienen que atender de manera precisa dichos problemas y retos del sector forestal, muchos de ellos claramente señalados y medidos en el Icofe. Una herramienta útil para trabajar en materia forestal de forma articulada e integral, así como con una visión de mediano y largo plazo, que evite los perniciosos ciclos y vaivenes políticos sexenales de los gobiernos federales y estatales.
P. D. Chilpancingo es una ciudad sin ley, donde rige sólo el poder del más violento y cruel. La mayoría de las personas están indefensas ante la violencia cotidiana. La obligación del Estado Mexicano es salvaguardar nuestra seguridad, se exigen resultados inmediatos, desde los preventivos hasta los de procuración y administración de justicia.

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