Héctor Manuel Popoca Boone

El impuesto predial

México es una república federal, integrada por entidades federativas y municipios, además de la ciudad de México como sede de los tres poderes federales. De las formas territoriales de su integración surgen tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal además del sui generis gobierno de la capital de la república. El sistema gubernamental mexicano hace del municipio la célula básica de su organización política-administrativa y es el núcleo primario del pacto federal.
En el año de 1983 y luego en 1999, se reformó el artículo 115 constitucional para otorgarle mayor autonomía, facultades y recursos a los municipios, a efecto de que sus gobiernos atendieran en mayor cantidad y calidad la demanda de sus pueblos. Con estas reformas se reconoce al ayuntamiento como el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y es, paradójicamente, el que tiene los menores recursos económicos para atender sus pedimentos.
En dicho artículo constitucional, se garantiza un espacio tributario al municipio mediante el cobro de las contribuciones inmobiliarias, como lo es el impuesto predial. Con ello se dio un paso firme para la descentralización de las finanzas públicas y el fortalecimiento del federalismo.
Lamentablemente en Guerrero y en otros estados de la república, la mayoría de los municipios no han respondido bien a esa facultad y responsabilidad. Sobre todo los municipios de menor población y territorio. No se cumplió del todo con las expectativas esperadas de un incremento consistente en la recaudación debido a varias causas políticas, técnicas y administrativas.
Las de orden político se refieren a que la mayoría de los presidentes municipales no han querido cobrar y/o actualizar el gravamen, porque no desean causar irritación en los ciudadanos, ya que ello deteriora su imagen pública, y como la mayoría pretende ocupar una curul local u otro puesto público en un futuro próximo, mejor se abstienen de cobrarlo o lo hacen con tarifas muy menores en relación al valor comercial de los inmuebles.
Equiparando los valores catastrales, a los que corren en el mercado inmobiliario, los primeros están 42 por ciento más bajos que los segundos, en el promedio nacional. En Guerrero es de ¡83 por ciento! Es decir, no se le recaba a la totalidad de los contribuyentes y lo recaudado es una cantidad menor a la que debe ser.
Por su parte, los contribuyentes son reacios a pagar el impuesto porque consideran que, en términos generales, los gobernantes son corruptos y en lugar de destinar el dinero para obras y servicios públicos se lo llevan a sus bolsillos, junto con sus colaboradores cercanos. No les falta razón al detectar que buena parte de los presidentes municipales salen ricos o millonarios, según el municipio, cuando terminan su administración.
Por otro lado, la recaudación de los impuestos prediales requiere de un gasto administrativo, de personal, de computadoras y personal especializado que muchas comunas no pueden o no quieren afrontar. De ahí que les puede convenir a algunos de ellos la firma del acuerdo de colaboración administrativa mediante el cual el gobierno del estado cobre el impuesto predial por cuenta y orden. Tengo mis dudas que a estas alturas de la administración estatal, tengamos la capacidad técnica y administrativa para hacerlo con todos los ayuntamientos. Pero peor cosa es no hacer nada y seguir sin cumplir cabalmente con esta obligación fiscal.
Cierto es que esta nueva opción –que no obligación– va contra el espíritu original de la reforma constitucional de consolidar a los municipios y a nuestro federalismo. A la luz de los magros resultados obtenidos en el tiempo, de reconocer que hay ayuntamientos indolentes o medrosos y que padecemos de una cultura ciudadana de evasión fiscal muy arraigada, habrá que retroceder instrumentando políticas públicas propias de un régimen de gobierno de corte centralista.
PD1. Lo siento, pero a mí me enseñaron que a la patria se le defiende, no se le vende. Y menos por un plato de lentejas como lo acaban de hacer la mayoría de los legisladores.
PD2. Por favor, cuidado con confundir la represión del derecho, con el derecho a la represión. Ello nos pone en riesgo de convertirnos en un gobierno represor.

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