Notifican a Suástegui de un quinto delito por el bloqueo en la planta Papagayo II

Informa el abogado Vidulfo Rosales que la causa penal le fue informada al vocero del Cecop esta semana. Confía en que se obtenga el amparo contra el traslado ilegal al penal de máxima seguridad de Nayarit

Carlos Moreno A.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que esta semana le notificaron una quinta causa penal al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por el delito de ataques a las vías de comunicación.
En declaraciones a reporteros antes de la marcha de integrantes del Cecop y organizaciones sociales por la avenida Costera para exigir la liberación de Suástegui y de líderes sociales, Rosales Sierra confió en que se obtenga el amparo por el traslado “ilegal” del vocero.
Sobre la situación jurídica de Suástegui Muñoz, explicó que éste tiene cinco causas penales, “en la semana le notificaron otra por ataque a las vías de comunicación”.
Al parecer esta quinta causa penal se radicó en el Juzgado Segundo por ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, por la que la denunciante es la sociedad agravada y tiene la averiguación previa TAB/FRZA/025/2013, por la protesta en la comunidad de Salsipuedes, donde se bloqueó el camino que lleva a las instalaciones de la planta de captación Papagayo II, el 19 de septiembre del año pasado.
El abogado indicó que de todas las causas penales anteriores, que eran cuatro, ya se han dictado los autos de formal prisión, pero que él ya interpuso los recursos de amparo y de apelación; “esos recursos ahorita se están tramitando y sustentando. Esperamos que los juzgados de distrito puedan revertir esos autos de formal prisión porque a nuestro juicio no están acreditados los elementos del delito”.
Sobre los otros dos integrantes del Cecop, Emilio Hernández Solís y Julio Ventura Ascencio, detenidos el 28 de julio, el abogado reiteró que se les dictaron también los autos de formal prisión, pero que se logró reclasificar el delito de tentativa de homicidio a lesiones agravadas.
Indicó que ya solicitaron una libertad bajo caución y la fianza fue fijada en 146 mil pesos, “obvio el Cecop no tiene los recursos  para erogar el costo de esa fianza, sin embargo metimos un recurso de reducción de la caución y esperemos que en esta semana ya haya una resolución”.
Informó que ya actualmente se encuentran en el proceso de instrucción y presentación de pruebas, y en el caso de Marco Antonio Suástegui “la próxima semana va a hacer su declaración formal y ofrecerá pruebas en Tepic, Nayarit, mediante exhorto de que los juzgados decimos quinto y noveno enviarán los expedientes y allá declarar”.
De la criminalización de la lucha social en el estado, Rosales Sierra opinó que “es una política del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y acatada por el gobierno de Guerrero, resultando ser más represivo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que todos los gobernantes que hemos tenido del PRD. Es una situación que evidencia una intención deliberada de socavar los procesos organizativos del estado y criminalizarlos”.
Dijo que como Centro de Derechos Humanos prevén que haya más detenciones, principalmente “de la CRAC, de la UPOEG, también hay elementos fundados que nos hacen creer que habrá detenciones”.
Señaló que ellos defenderán a la CRAC y lamentó “este proceso de fractura que ellos atraviesan y hacemos esfuerzos por que haya unidad”.
Suástegui Muñoz fue detenido el 17 de junio afuera de su casa en el fraccionamiento Magallanes, en la calle Bora Bora, e ingresado al penal de Las Cruces y un día después fue llevado a La Unión y luego trasladado a un penal de máxima seguridad en Nayarit.
El vocero tiene cuatro autos de formal prisión anteriores, dos por lesiones, uno de ellos agravadas, robo calificado y despojo, dictadas en el Juzgado Primero Penal de Tepic Nayarit por el juez Nicolás Ballesteros Villagrana.
El primer auto de formal prisión fue por homicidio en tentativa y reclasificado a lesiones agravadas, y en el expediente están como agraviados Teodora Valeriano Marcos y Juana Bailón Dorantes, bajo la causa penal 64-2/2014.
Suástegui Muñoz y Palma Tornez, junto con otros siete opositores a La Parota, son acusados de participar en una balacera y atentado contra las tres agraviadas mencionadas y Domingo Bailón, en la comunidad de Parotillas el pasado 4 de abril, donde se detuvo a cinco personas tras una emboscada contra policías comunitarios.
La segunda orden de aprehensión es por robo calificado y la denuncia fue interpuesta por Humberto Marín, dueño de la gravillera Kimbar, radicada en la causa penal 110/2014-I, en el Juzgado Décimo Penal en Acapulco con el juez Adolfo Van Meeter, con el exhorto 87/2014 girado para el Juzgado Primero Penal de Tepic, Nayarit, al juez Nicolás Ballesteros Villagrana.
La denuncia fue presentada por Humberto Marín y está en el Juzgado Quinto por la gravillera Kimbar, que se deriva de la averiguación TAB/SC/04/0063/2014 del 28 de enero, cuando el propietario de la empresa que extrae material pétreo en el río Papagayo demandó ante el MP a Suástegui Muñoz por el bloqueo que realizó un día antes en la comunidad de La Concepción y que impidió el paso de sus vehículos a las instalaciones.
Mientras que por el delito de lesiones, la cual está radicada en el Juzgado Noveno fue puesta por el comunero Jacinto Solís Vázquez, porque el 28 de abril el vocero del Cecop y otras 15 personas más habían secuestrado a su nieto de 17 años, Brandon Melchor Solís, en una camioneta roja propiedad de Nemesio Valeriano, mientras que Suástegui Muñoz viajaba en otra vehículo.