Carlos García Jiménez

Fuera de la ley, la política pública rural en Guerrero

La pobreza, el hambre, el deterioro ambiental, la inseguridad, y sobretodo la no inclusión de los campesinos en la planeación y seguimiento de las políticas públicas de desarrollo, son las agravantes –en términos legales, los delitos– de quienes diseñan y operan las políticas públicas que se aplican en Guerrero y que están generando estos desastres.
En el futuro, la sociedad guerrerense ¿ordenará que se integre una Comisión de la Verdad sobre el ejercicio gubernamental que nos ha hundido en prácticamente el último lugar nacional en desarrollo? ¿A quién tendría que juzgarse y castigarse por estas atrocidades creadas o provocadas por acción directa, por omisión o por falta de oficio, si algún día el pueblo tuviera que juzgar o llamar a cuentas?
Por eso resulta acertada, oportuna, legal y civilizada la instalación de la Mesa de Diálogo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal –programada para el próximo 21 de agosto– y las siete mesas de trabajo temáticas que de ella resulten, promovidas por el ya denominado Frente Popular para el Desarrollo Sustentable de Guerrero que surgió de la no escuchada caravana Chilpancingo-DF, del pasado 3 y 4 de agosto.
Este diálogo y discusiones en mesas de trabajo con las dependencias federales –a la que se espera se sumen el gobierno del estado y los legisladores federales y locales–, podría sentar las bases de una nueva manera de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas que se aplican en Guerrero y derivar en un nuevo pacto federal en el que se reconozca y respete el papel activo de los ciudadanos y sus organizaciones, la necesaria descentralización del ejercicio gubernamental hasta el nivel comunitario, la orientación de la inversión pública para lograr la soberanía alimentaria local, la atención prioritaria a los sectores sociales más vulnerables, la reactivación con un sentido nacionalista de las cadenas productivas prioritarias y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Un buen comienzo hacia esta perspectiva de desarrollo es que en el marco de la ley, las mesas de diálogo y de trabajo temáticas, atiendan las demandas de las organizaciones integrantes del Frente Popular que no han sido resueltas este año, y se establezcan espacios de planeación participativa del presupuesto público que se aplicará en Guerrero en 2015.
Lo que dice la ley

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero es muy clara. En su artículo 9 establece que para asegurar que en el ejercicio de planeación y seguimiento de la acción pública, se considerará Política de Estado:
I. La creación, promoción y ejecución de programas y acciones que tengan como fin supremo el desarrollo de las potencialidades rurales que eleven la calidad de vida de su población, aseguren la soberanía alimentaria y la producción diversificada, sin deteriorar los recursos naturales.
II. La descentralización de los recursos públicos en los ámbitos sectorial, regional, municipal y comunitario, mediante reglas de operación que garanticen mayor eficiencia y transparencia operativa, eficacia en los resultados, y mecanismos de contraloría social.
III. El impulso de programas de atención especial en las regiones con mayor rezago social y económico, que impliquen la concurrencia de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno a partir de una específica regionalización y estratificación socioeconómica; y el diseño, junto con la población involucrada, de objetivos, acciones y presupuestos que reviertan los síntomas y las causas estructurales de dicho rezago.
IV. La visión de sustentabilidad como criterio rector de las acciones gubernamentales en el ordenamiento territorial, el uso de los recursos naturales, la aplicación de tecnologías, el fomento de la productividad, el desarrollo de los mercados, y la dotación de los servicios y apoyos al campo.
V. El fortalecimiento de la agricultura campesina sustentable como estrategia de sustentabilidad para que los pobladores rurales puedan vivir en y del campo.
VI. La inclusión, en los programas y acciones de desarrollo rural sustentable, de la equidad de género, y la participación organizada de los sectores tradicionalmente excluidos, tales como: las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los migrantes, los minusválidos, los adultos mayores, entre otros.
Desde la perspectiva legal, el no cumplimiento de estos preceptos coloca al gobierno del estado fuera de la ley. Cualquier ciudadano común, sin demasiado rebuscamiento puede visualizar cuan alejados están los programas públicos que se aplican en Guerrero de cada uno de estos preceptos, los que, cabe resaltar, están elevados a la categoría de políticas de Estado.
Los campesinos y sus organizaciones siguen relegados, como menores de edad, a ser sólo “depositarios” o “población elegible” de los beneficios públicos que generalmente llegan a destiempo, mermados y de manera inadecuada. No existe en el país una cultura política que reconozca el papel dinámico que corresponde a los campesinos como sujetos de su propio desarrollo, y como factor de estabilidad y cambio económico, social y medioambiental en nuestro país.
Desde la perspectiva gubernamental no se incentiva la participación informada y organizada de los campesinos para que accedan, propongan, operen y evalúen los programas públicos destinados a ellos y al campo. El papel gubernamental se reduce a sólo administrar paternalista y clientelarmente los incentivos y apoyos públicos, sin considerar las necesidades y visión de los campesinos, las oportunidades y adversidades sociales y económicas, ni la fragilidad y potencialidad de los recursos naturales que existen en el campo. Falta mucho para que los recursos públicos se apliquen de manera eficiente, apropiada, incluyente y transparente. Y sobre todo para que las instituciones públicas asuman el roll de instituciones de fomento del desarrollo local, y de facilitadores de la participación activa de los pobladores.

Una oportunidad al desarrollo sustentable

Frente al estancamiento que vive el campo guerrerense, la iniciativa de diálogo y de construcción de propuesta que hace el Frente Popular a las instancias gubernamentales y legislativas resulta una oportunidad para generar un movimiento social e institucional que de tajo rompa con las viejas estructuras y costumbres que hacen del burocratismo centralista, del clientelismos discrecional y del paternalismo humillante los principales factores de retroceso rural. Este planteamiento para el cambio del campo debe sustentarse en el fomento de la participación informada de los campesinos, tanto en el ámbito de sus propias iniciativas y proyectos locales como en los espacios institucionales de incidencia y ejecución de las políticas públicas rurales, tales como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, y tantos consejos de participación social y ciudadana que están escritos en las leyes vigentes y reglas de operación de los programas públicos.
Entonces, para abrir la senda de este nuevo horizonte es preciso un ejercicio gubernamental basado en los preceptos de ley, que los campesinos ejerzan sus derechos plenos como ciudadanos activos y que se establezca el diálogo y el consenso recíprocos como vía civilizada de democracia y de gobierno.