Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Cinco años: Chavarría, Zeferino y Ríos Piter

La información que publica hoy El Sur sacude todo en torno al asesinato de Armando Chavarría Barrera. Desde el primer instante se sospechó que el homicidio había sido obra del grupo político del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pero sin una base documental o indicio arrojado por la investigación, no pasaba de ser una presunción, una conjetura, creíble pero sólo una conjetura.
Una declaración ministerial del comandante Trinidad Zamora Rojo, presentada en junio de 2011 pero sólo ahora conocida en su línea principal, aporta un indicio firme sobre la responsabilidad directa del ex gobernador en el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal.
Ese testimonio fue obtenido durante la gestión de Alberto López Rosas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y produjo algunos avances en la investigación, como la identificación, localización e interrogatorio de dos de los autores materiales del crimen y la incautación de una de las pistolas utilizadas en el hecho.
Los tres procuradores que le siguieron tendrían qué explicar por qué después de la renuncia de López Rosas a la PGJE, la investigación fue frenada. O por qué fue ignorada la información de Zamora Rojo, cuyo valor radica en que fue uno de los policías ministeriales que participaron en la ejecución. Que Zamora Rojo haya sido asesinado unos días después de haber confesado su participación y revelado que el homicidio fue orden del gobernador, acrecienta el valor de su versión, pues no hay la menor duda de que él murió por lo que sabía.
Durante tres años, después de los avances obtenidos por López Rosas, no parece que la investigación haya avanzado un centímetro más. Al contrario, todo sugiere que las autoridades retrocedieron, quizás con el fin de darle carpetazo a la investigación.
Si la Procuraduría ignoró el expediente integrado por López Rosas, en cambio no podrá ignorar el que salga ahora a la luz pública la parte más relevante de ese expediente, un dato que redefine de hecho la investigación y la forma en que la sociedad percibirá el caso. No podrá negar la existencia de la declaración del comandante Zamora Rojo, ni las acciones tomadas por el procurador López Rosas, como enviar a un grupo a Guanajuato para interrogar a los dos señalados de haber disparado contra Chavarría, que como ya se dijo están identificados, localizados e interrogados, pero inexplicablemente todavía no han sido acusados, al menos que se sepa.
La única opción razonable que tienen la PGJE y el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el quinto aniversario del homicidio, es emitir por fin un informe veraz sobre el estado de la investigación y decir qué ha hecho respecto a la información difundida hoy en estas páginas. Informe que ha sido negado incluso a la propia familia de Armando Chavarría.
Entre tanto, es imposible sustraerse a las conclusiones que ofrece el testimonio del comandante Zamora Rojo, cuya declaración fue un acto desesperado por salvar su vida, lo que no consiguió y debiera ser también motivo de una investigación colateral.
El comandante Zamora Rojo dijo a la Procuraduría que el homicidio de Armando Chavarría fue ordenado por el gobernador Zeferino Torreblanca, que en la trama criminal intervino también el entonces titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero, y que quienes dispararon eran policías ministeriales en activo. Por nuestra parte, podemos recordar el contexto en el que se produjo el asesinato, pues Chavarría no fue ejecutado en un incidente aislado.
En su Historia de Roma, Indro Montanelli describió así la lucha por el poder que se desató a la muerte de Constantino: “¿Fue de verdad Constancio, como se dijo más tarde, quien ordenó aquella mortandad? No se sabe con precisión. Sábese tan sólo que él se hallaba en la ciudad cuando se llevó a cabo, que no hizo nada por impedirla y que resultó el mayor beneficiario de ella”.
En similares términos podrían describirse las circunstancias que rodearon el asesinato de Chavarría hace cinco años. Había entonces un gobernador y un precandidato a sucederle que se beneficiaron del crimen. Y mientras el gobernador obstaculizó y enturbió el esclarecimiento del crimen, su discípulo escaló posiciones políticas y a punto estuvo de arrebatar la candidatura para la que originalmente, y sin rival a la vista, se perfilaba la víctima. En una prolongación de aquel beneficio obtenido mediante las balas, ese mismo grupo ha vuelto a la carga en pos de esa candidatura que supone suya y sólo suya.
El hecho de que las autoridades no esclarezcan el homicidio ni establezcan oficialmente el móvil que tuvieron los criminales, no significa que los demás –la opinión pública y la sociedad– debamos ignorar los acontecimientos y el significado que llevan consigo. No hay ya ninguna duda, no la hubo nunca, de que Armando Chavarría fue asesinado para abrirle paso al candidato del gobernador Zeferino Torreblanca, que era Armando Ríos Piter. Que Ríos Piter, hoy senador en nombre del PRD, aspire nuevamente a ser el candidato a gobernador habla tanto de él como del PRD, y en un giro que no puede simplemente apartarse, inquieta comprobar que lo que podríamos estar presenciando en estas fechas es precisamente el efecto que se buscó aquel 20 de agosto.
En resumen, como sucedía en la antigua y promiscua Roma, alguien ordenó el crimen, otros ejecutaron la orden, algunos más supieron todo y alguien resultó beneficiado de la truculenta operación. Los nombres son públicos, y ahora se sabe que constan en el expediente de la investigación.
El próximo miércoles se cumplirán cinco años del crimen sin la menor expectativa de que las autoridades ofrezcan un reporte de avances. El gobernador Aguirre tuvo en sus manos y dejó ir la oportunidad institucional de resolverlo y castigarlo en un momento temprano de su administración. A un año de entregar el gobierno, y comenzada la fiebre electoral, la tradición dicta que carece de fuerza para actuar contra los responsables. Pero en realidad no carece de fuerza, sino de voluntad para cumplir con su obligación. Y si es cierto que hay Estado de derecho en Guerrero, lo que el gobierno tendría que salir a informar es para cuándo está citado Zeferino Torreblanca. Sólo eso.

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