Tlachinollan

Las arbitrariedades del poder: a once años del Cecop y a un año de Nestora Salgado

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

¿Qué sería de las tierras comunales de Cacahuatepec si los campesinos no se hubieran organizado para impedir la entrada de la maquinaria de la CFE y rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota? Seguramente varias empresas extranjeras funcionarían como otro poder fáctico, colocando sus intereses económicos extraterritoriales por encima de las demandas sociales de la población local, imponiendo todo tipo de prebendas y exigiendo garantías de seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras tanto, los pobladores del río Papagayo deambularían como seres desarraigados, perdidos, sin saber dónde guarecerse ni cómo defenderse. Desechados de su terruño, invisibilizados, abandonados a su suerte y acorralados por el Ejército y las policías de élite, para dejar el campo libre a los corporativos multinacionales. Por su parte, los ex gobernadores, embaucadores y represores estarían de plácemes, no sólo ocupando altos cargos en el gobierno federal, sino soñando con la silla presidencial.
Hace 11 años, los mismos campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec, con el acero empuñado descarrilaron las maquinaciones de las élites políticas a las que bajaron de su viaje alucinador para dar la batalla dentro de sus propios territorios. Se acuerparon en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) para repeler cualquier agresión policíaca o militar e hicieron frente a todas las tropelías realizadas por los funcionarios y lideres lacayos, quienes mediante las asambleas espurias, pretendieron legalizar el atraco gubernamental.
La división comunitaria fue la primera embestida que usó el gobierno para mermar la fuerza del Cecop. La cooptación de líderes locales y la imposición del presidente del comisariado de bienes comunales formaron parte de una estrategia mayor para hacerle contrapeso al Cecop, con la conformación de organizaciones campesinas corporativizadas que funcionaban como fuerza de choque y como contraparte que apoyaba la construcción de la presa. El uso de la fuerza policiaca fue clave para amedrentar y reprimir a los opositores y así mermar el espíritu combativo de los miembros del Cecop. Otra de las estrategias que se mantiene como la más efectiva y recurrente es la criminalización de la protesta y la persecución de sus dirigentes. Desde 2004, los miembros del Cecop han tenido que enfrentar las arbitrariedades del poder. Ese año, el 24 de julio fue detenido Marco Antonio Suástegui, uno de los líderes históricos del movimiento opositor, en el vado de Amatillo. En esa fecha elementos de la policía judicial lo detuvieron, lo golpearon y lo obligaron a subir a un vehículo particular sin placas. Lo trasladaron al penal de Acapulco, acusado de privar de la libertad a Jaime Gutiérrez Tejada, ingeniero de la CFE.
Con un día de diferencia también fue detenido Francisco Hernández Valeriano bajo la misma acusación. Bajo esta misma causa penal existían otras cuatro órdenes de aprehensión contra otros dirigentes históricos, Felipe Flores Hernández, Rufina Palma Ortega, Rodolfo Chávez Galindo (quien también fue detenido) y Jacinto Solís Vázquez.
En la primera detención de Marco Antonio, el juez adscrito al juzgado sexto penal determinó fijar una fianza de 194,572 pesos, para que alcanzara su libertad provisional. Para el Cecop y la sociedad en general era muy evidente la presión política que ejercía el ejecutivo estatal para impedir que Marco Antonio saliera de la cárcel. Pudo más la presión del Cecop y toda la red de organizaciones solidarias que se movilizaron para exigir la libertad de Marco Antonio, quién salió con el pago de una fianza que se redujo a 7 mil 282 pesos, dejando en claro que todo era una argucia legaloide. Aunada a esta práctica perversa, de criminalizar la lucha social y fabricar delitos, las autoridades continúan con sus campañas de desprestigio y deslegitimación pública contra los luchadores sociales y sus defensores. Los voceros del gobierno, sin ningún rubor denigran la trayectoria de quienes defienden y promueven los derechos humanos, y sin conocer la declaración de los defensores y defensoras, a los cuatro vientos y con recursos públicos se dan el permiso de vociferar, para alentar la agresión a las defensoras y defensores y fomentar la impunidad entre los agresores.
A 11 años de ejemplar combatividad, la historia se repite. Hoy el Cecop enfrenta el encarcelamiento injusto de tres de sus integrantes; Marco Antonio Suástegui, quien es víctima de esta persecución encarnizada por segundo ocasión, y para mayor castigo lo trasladaron de manera arbitraria al Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit. Recientemente detuvieron a Julio Ventura Ascencio y a Emilio Hernández Solís, recluidos en el penal de Acapulco, como parte de la estrategia de endurecimiento del gobierno estatal focalizada contra las organizaciones independientes, cuya lucha es legítima y muy estratégica, para enfrentar las reformas secundarias de la nueva ley de energía
Es importante enfatizar que el traslado de Marco Antonio a un penal federal se llevó a cabo en abierto desacato a dos suspensiones concedidas por juzgados de distrito en dos juicios de amparo, de números 543/2014 y 649/2014. En el primero, el juez segundo de distrito de Acapulco concedió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra dentro de la causa penal 064-2/2014 para efecto de que en caso de ser aprehendido quedara a disposición del órgano jurisdiccional. El segundo amparo fue interpuesto previendo un traslado a un penal federal, tal y como se ha documentado en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses, por lo cual la jueza tercera de distrito con sede en Acapulco concedió la suspensión de plano respecto de la eventual orden de traslado que a la postre se ha materializado.
Sorprendentemente en menos de 20 días, la Procuraduría general de justicia del estado armó al menos cinco averiguaciones previas y las consignó en menos de una semana, lo cual lejos de demostrar la capacidad de las instancias de gobierno para impartir justicia “pronta, imparcial y eficaz”, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal federal y la deliberada obstrucción de su defensa han permitido al Gobierno del estado ganar tiempo para manipular las acusaciones contra Marco Antonio y así impedir que logre su libertad.
El claro patrón de la utilización de traslados a penales federales ha sido una herramienta de las autoridades del estado para obstaculizar la defensa adecuada de marco Antonio y de otras y otros activistas sociales.
El próximo jueves 21 de agosto Nestora Salgado García, dirigente de la policía comunitaria de Olinalá, cumplirá un año recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit. El juez a cargo del proceso, legalmente responsable de la libertad de Nestora, fue también observador pasivo de este traslado arbitrario.
Nestora no es una mujer delincuente como la han catalogado las autoridades del estado, es una mujer forjada en la vida del campo. Creció dentro de una familia de artesanos y aprendió las mejores costumbres del pueblo cimentadas en la comunalidad. Desde pequeña supo vencer las adversidades y tuvo el arrojo de salir de Olinalá para cruzar la frontera y vivir varios años en Estados Unidos. Su tesón le permitió alcanzar la nacionalidad estadounidense y, a pesar de tener la oportunidad de vivir en Belleuve Washington, siempre añoró su terruño. La pobreza y la inseguridad fueron los temas que más le pegaban en el corazón a Nestora. No fue casual su involucramiento en la lucha contra la delincuencia que de manera espontánea iniciaron los habitantes de Olinalá, cuando desaparecieron y ejecutaron en el mes de octubre de 2012 a un taxista.
El esfuerzo organizativo de Olinalá tuvo eco en la región y un reconocimiento explícito del estado; primero por autoridades estatales de segundo nivel y después por el mismo gobernador. El 24 de marzo de 2013, se conformó la policía ciudadana de Olinalá, que marchó por las principales calles de la cabecera municipal.
El proceso organizativo no pararía ahí. El 18 de mayo de ese mismo año, alrededor de 170 hombres y mujeres integrantes de la policía ciudadana se adherían a la CRAC-PC, conocida popularmente como Policía Comunitaria. Desde esa fecha Nestora, por su arrojo y liderazgo nato, fue nombrada por la asamblea como coordinadora.
En todo ese tiempo Nestora se entregó con ahínco para garantizar la seguridad en el municipio. Sin embargo, pudieron más los intereses económicos de los grupos políticos de la región, al grado que implementaron una operación de dimensiones desproporcionadas con la participación del Ejército, la Marina y policías federales para detenerla como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad.
El jueves 14 de agosto, en la ciudad de México se conformó el Comité de Mujeres Nestora Libre en el que participan artistas, intelectuales, periodistas y activistas, y que con su voz harán valer los derechos que le han sido denegados a Nestora, con el traslado injusto y las violaciones graves al debido proceso. El 12 de agosto, el abogado Vidulfo Rosales tuvo oportunidad de platicar en diferentes momentos con Marco Antonio Suástegui y Nestora Salgado, y tuvo el privilegio de escuchar sus palabras punzantes “a pesar de todo lo que estoy sufriendo, quiero que sepa, y eso dígaselo a la gente, que yo seguiré firme en la lucha” (Nestora). “Yo tengo claro que esta lucha seguirá aunque yo siga en la cárcel. Ellos son mi libertad” (Marco Antonio). La respuesta a esos testimonios radiantes y cargados de esperanza la obtuvieron muy pronto Nestora y Marco Antonio, con la presencia de muchos rostros y muchos gritos de la gente sencilla que salió a las calles en Acapulco para exigir su libertad.