Diputados en el hospital de Renacimiento reciben quejas contra el director Juárez

* Negligencia médica, cobros excesivos, desabasto de medicinas, retención de pacientes para obligar a familiares a pagar, falta de transparencia en el empleo de los recursos públicos y manejo inadecuado de los Residuos Peligrosos y Biológico-Infecciosos, entre las denuncias * El medio hermano del gobernador “quiso vigilarnos, prohibirnos la entrada”, denuncia Rodolfo Tapia

Alfredo Mondragón * Una comisión de diputados locales perredistas visitó sorpresivamente las instalaciones del Hospital General de Ciudad Renacimiento, y recibió múltiples quejas de negligencia médica, cobros excesivos, retención de pacientes, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y manejo inadecuado de los Residuos Peligrosos y Biológico-Infecciosos (RPBI).

Los legisladores adelantaron que visitarán todos los hospitales para recolectar información y escuchar de pacientes y trabajadores cuáles son las verdaderas condiciones del sistema estatal de salud, y que incluso prevén citar al Congreso a la titular del ramo, Verónica Múñoz Parra.

La comitiva estuvo encabezada por el diputado Rodolfo Tapia Bello, secretario de la Comisión de Salud del Congreso; Víctor Buenrostro Marín, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana; Jorge Orlando Romero, secretario de la Comisión de Educación, y Yolanda Villaseñor Landa, presidenta de la Comisión de la Juventud.

Tapia Bello explicó que la visita al nosocomio público era para constatar las declaraciones de la secretaria de Salud, Verónica Múñoz Parra, ante el Congreso, en el sentido de que en Guerrero no hay problemas de salud. Pero, dijo, “al llegar a este hospital, pacientes, médicos y enfermeras, manifestaron otra realidad”.

Un agente de seguridad privada, que vestía una camisa de futbolista y que se identificó con el nombre de Héctor, detuvo a los diputados para decirles que “no pueden pasar; tienen que pedir permiso, hacer fila y audiencia con el director Ricardo Juárez Ríos”, medio hermano del gobernador René Juárez Cisneros.

Apenas ingresaban al nosocomio cuando se les acercó Guadalupe Jiménez Meza, vendedora de fritangas de La Sabana, para solicitarles apoyo para que el         hospital le cobre “más barato”, porque no puede conseguir los 7 mil pesos para operar a su madre, Yolanda Arellanes Meza, de un tumor.

En el módulo del Seguro Popular, las enfermeras coincidieron en que su situación laboral es buena, que falta medicamento para los pacientes y que se ha incrementado la carga de trabajo para los médicos debido a la demanda del servicio.

Una usuaria se quejó de que el Seguro Popular “no abarca todas las enfermedades ni dan todos los medicamentos”.

El ciudadano Magdaleno Servín Santiago, con capacidades diferentes, manifestó a los diputados que como paciente se ha percatado de las anomalías del hospital, como el trato déspota hacia los usuarios e indiferencia de las enfermeras, y sugirió la creación de un buzón de quejas independiente de los directivos.

En la zona de Urgencias, los diputados se encontraron con una denuncia de muerte por negligencia médica, que hizo un ciudadano que primero se acercó a los reporteros y luego a la comisión de legisladores.

Rafael Cipriano Viviano, habitante Las Parotas, con lágrimas dijo que su esposa, Miriam Arreola Cruz, murió en ese hospital por negligencia médica el 14 de diciembre, y 19 falleció su bebé de siete meses de nacida, a pesar de que los médicos siempre le dijeron que no había problemas y de que un día antes observó que su hija estaba saludable.

Enseguida, los diputados se proponían ingresar a la zona de hospitalización cuando dos trabajadores de intendencia, por segunda ocasión, les impidieron el paso, con el argumento de que tenían que pedir permiso al director. Por ello, los representantes populares, acudieron a la oficina de Ricardo Juárez, aproximadamente a las 12:00 horas, quien los trasladó al auditorio para dialogar.

Tras una breve explicación del motivo de su visita, y de que le comentaron cuáles son las necesidades del hospital, el director les dijo que todo está bien ahí, y tras escuchar la queja de la muerte de una mujer y su hija, Ricardo Juárez dijo que revisaría caso por caso, con expedientes a la mano.

Con respecto a los excesivos cobros, el funcionario estatal explicó a los diputados que es el departamento de Trabajo Social el que aplica los descuentos de acuerdo con un tabulador y una serie de encuestas.

A la pregunta del monto del presupuesto anual en dicho nosocomio dijo que no sabía.

Ricardo Juárez dijo que el desabasto de medicamentos y cierre de la farmacia se debe a que el Hospital General de Renacimiento “atiende a 140 mil habitantes, aparte los que llegan de los municipios aledaños”, y por ello, agregó, “se les pide a los pacientes que los compren afuera”.

Cuando los diputados le comentaron que deseaban visitar el área de hospitalización, Ricardo Juárez respondió: “no sé, quizás por el pudor que puedan sentir los pacientes”, y recomendó que pasaran sólo dos.

Entonces, Yolanda Villaseñor pidió de favor al funcionario “que trate mejor a la gente, se quejan de prepotencia, cobros excesivos, que les hacen firmar pagarés mensuales, incluso semanales”, y comenzó el recorrido.

Al ingresar al área de hospitalización, los pacientes respondieron que eran bien atendidos, pero una vez que se retiraba el director, algunos se acercaban para decir que no había medicamentos, que les cobran las consultas a 60 pesos, que los tratan mal.

En la Jefatura de Trabajo Social, las empleadas aseguraron que todo está bien y mostraron documentos de los pacientes exentos de pago, pero luego aclararon que eran descuentos y que sólo a los indigentes, ancianos y alcohólicos anónimos se les suprime el pago de gastos médicos.

El secretario de la Comisión de Salud, Tapia Bello, observó a una enfermera que lavaba una tina con algún líquido rojo y vaciaba los residuos al lavabo. Explicó: “es que bañé a un paciente con isodine”.

Tanto en camas como cestos de basura, los diputados constataron que se arrojan jeringas, agujas, algodones con sangre, botes vacíos de suero, pero el lugar carecía de contenedores y señal para la evacuación de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.

Vieron, además, la falta de mantenimiento en los camastros, colchonetas y batas de pacientes.

Luego que los diputados se despidieron del director, trabajadores sindicalizados se acercaron a los legisladores porque querían platicar con ellos: “Qué bueno que vinieron, hay mucho dengue, hay muchos aviadores, no hay material de curación, las cuotas son excesivas, ese Seguro Popular es un fraude, la gente no quería hablar porque estaba el director, que es hermano del gobernador, rasuran el salario a los trabajadores de contrato, esto es una bomba de tiempo”, entre otras quejas.

Y es que, antes de ingresar al área de hospitalización, el hermano de la secretaria particular del director y jefes médicos, durante la reunión en el auditorio, pasaron antes y agilizaron la atención a los usuarios, comentó un trabajador.

Al concluir el recorrido, Rodolfo Tapia declaró: “hay mucha inconformidad de la ciudadanía, casos de negligencia médica, cobros excesivos, si no pagan no les dan su constancia de nacimiento, una farmacia vacía, una clínica insalubre, las camas todas oxidadas”.

Además dijo que “el director quiso vigilarnos, prohibirnos la entrada, cosa grave, porque como legisladores tenemos el deber de checar cómo están funcionando las diferentes dependencias de índole gubernamental, él nos impedía el libre tránsito, pero nosotros no estamos alterando el orden”.

Por otra parte, “encontramos mucho miedo en el personal y pacientes, el sindicato manifestó varias cosas, como el nepotismo que existe porque es hermano del gobernador, la falta de transparencia de los recursos; no hay sábanas, faltan médicos para las cirugías, canalizan a los pacientes a clínicas y laboratorios particulares”.

Por su parte, Yolanda Villaseñor dijo que ese recorrido se debía a las múltiples quejas de la gente, como maltrato, humillaciones y excesivos cobros, y “no es un hospital que brinde la seguridad adecuada, porque los desechos tóxicos no se manejan de manera adecuada y no nos dieron información sobre el presupuesto anual que ejercen”.