Acuerdan diputados llamar a López Rosas y Sierra Ulloa a comparecer

* Deberán explicar lo relativo a la apertura de CAPAMA a la inversión privada * A favor: PRI, PAN, PRS, PT, PVEM y Convergencia * Las comisiones unidas de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tendrán que definir la fecha y el formato

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Con la oposición de los dos diputados del PRD miembros de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, PRI, PAN, PRS, PT, PVEM y Convergencia aprobaron la comparecencia del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y del director de la CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa, para que expliquen el proyecto de apertura de este organismo al capital privado.

En la sesión, el diputado del PRD David Jiménez Rumbo, secretario de la Mesa Directiva que preside el diputado de Convergencia Félix Bautista Matías, después del pase de lista abandonó molesto el recinto.

Desde su curul de la Mesa Directiva dijo que la sesión fue citada a las 11 de la mañana, pero se retrasó tres horas –cuando en realidad comenzó a la una de la tarde–, y denunció que “sistemáticamente se viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo”. Dicho eso se retiró, dejando a los diputados de su partido José Jacobo Valle y Ramiro Alonso de Jesús.

La comparecencia del alcalde y el director de la CAPAMA fue iniciativa del diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú, quien explicó que “la privatización del agua potable y el alcantarillado de Acapulco es un asunto de interés general de todos los guerrerenses”.

Dijo que en sectores del PRD han protestado por la medida, y recordó que “se privatizará el 49 por ciento”, mientras que “el 2 por ciento quedaría en manos de los trabajadores del organismo, sin que a la fecha sepamos qué opinan” éstos.

Agregó: “Se dice que no subirán las tarifas, todavía no conocemos a empresa alguna que invierta para no ganar, y se dice que ya hay doce empresas interesadas en adquirir la CAPAMA sin que se diga cuáles son, excepción hecha de tres de ellas que recientemente se dieron a conocer y son: Ingenieros Civiles Asociados, Aguas de Barcelona y Grupo Mexicano de Desarrollo, que es el que hizo los arreglos para que CAPAMA y ayuntamiento acudieron a Quintana Roo a enterarse de cómo funciona el servicio privatizado del agua potable”.

Además –señaló–, “se dice también que de lograrse la inversión de los 2 millones de pesos, la CAPAMA obtendrá recursos extras del gobierno federal, que irían a fondo perdido y que servirían para mejorar la infraestructura del organismo”.

También argumentó que el ayuntamiento de Acapulco está obligado a informar al Congreso local del proyecto de privatización, para su aprobación, pero que a la fecha no existe esa información, sólo la petición formal que hizo el entonces alcalde Zeferino Torreblanca Galindo en la pasada 56 Legislatura.

Entonces propuso la comparecencia del alcalde de Acapulco y el director de la CAPAMA ante las comisiones unidas de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, las que tendrán que definir la fecha y el formato.

El diputado perredista José Jacobo Valle quiso salvar la comparecencia del alcalde y el director de la paraestatal, pero en su intervención nunca hizo alusión a la propuesta del diputado Heriberto Noriega.

Sólo dijo que conoce el caso del municipio de Omitlán, donde la Secretaría de la Reforma Agraria pretendió privatizar el ejido y convertirlo en zona federal, pero no dijo cuál era la intención, por lo que se tuvo que recurrir al Tribunal Federal Agrario.

Pidió que “en lugar de la comparecencia primero esperemos, porque no tenemos nada en la mesa”. Heriberto Noriega le volvió a explicar la intención de la comparecencia.

El panista David Bravo Tapia subió a tribuna a decir que su partido “ve prudente y benéfica” la comparecencia para conocer el proyecto de privatización. Recordó que en la pasada 55 Legislatura llegó el caso del municipio de Chilpancingo, pero que la sociedad rechazó la propuesta.

Luego se sometió a votación el punto de acuerdo y se aprobó por mayoría, con el voto en contra de los perredistas José Jacobo Valle y Ramiro Alonso de Jesús.

En otros asuntos del orden del día, se turnó a la Comisión de Educación el asunto de los trabajadores académicos y estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, que denuncian que no se les ha entregado el presupuesto asignado por el Congreso del Estado.

También se turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa presentada por el diputado del PRD David Jiménez Rumbo para modificar         el Código Penal del Estado, consistente en considerar en los accidentes automovilísticos al vehículo como “cuerpo del delito”, y asegurarlo.

Al final de la sesión el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Barrios, recibió a los dirigentes del FPR, Omar Garibay y la ex diputada Rosario Merlín García, quienes exigen que se agilice la revisión de la Ley de Amnistía, que ya analizan las comisiones respetivas.