Demandan al gobierno federal analizar la agricultura indígena

* Representantes de organizaciones campesinas y autoridades municipales de Ayutla, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Omepetec, Tecoanapa y San Luis Acatlán hicieron propuestas sobre el café, maíz y jamaica para enviarlas a la mesa de trabajo en la ciudad de México

Aurelio Pélaez, enviado, San Luis Acatlán * Representantes de organizaciones campesinas y de comisarios en la región de la Costa Chica demandaron al gobierno federal instalar una mesa de trabajo para abordar el caso de la agricultura indígena, que implicaría volver a poner en debate la ley de derechos y cultura indígenas.

Como parte de las resoluciones del Foro Regional para el Desarrollo Rural, realizado en este municipio, a propuesta del presidente municipal, Genaro Vázquez Solís, se acordó además proponer otra mesa especial para abordar el caso de la mujer indígena, y de la doble explotación y maltrato que padece.

Este domingo, participó en la clausura del foro el director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, Jorge Calderón Salazar, quien consideró importante las aportaciones que a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) pudieran hacer las regiones del país.

En este foro, que congregó a unos 200 representantes de organizaciones como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Unión Regional de Ejidos de la Costa Chica (URECCH), la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, y autoridades de comisarios de municipios como Ayutla, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Omepetec, Tecoanapa y San Luis Acatlán, se instalaron mesas de trabajo en torno a productos como el café, el maíz y la jamaica.

Esto, con el fin de realizar propuestas de la región en la mesa de trabajo que sostendrá el gobierno federal con organizaciones campesinas agrupadas en El Campo no aguanta más, y el Consejo Agrario Permanente, en la ciudad de México.

En el encuentro se abordará el tema de la posible renegociación por parte del gobierno mexicano del TLCAN con Estados Unidos.

La instalación de una mesa de trabajo sobre el asunto de la agricultura indígena se sostiene, dijo Genaro Vázquez Solís, porque de los agricultores “de todo el año” en el país, la mitad son indígenas, y porque la mayor parte de la producción de granos es de las regiones indígenas.

Por ello, afirmó el alcalde de San Luis Acatlán, el tema del campo tiene necesariamente que ver con la revisión de la ley de derechos y cultura indígenas. En el foro también participó el alcalde de Tecoanapa –junto con el de San Luis Acatlán, también perredista- Ignacio Luna Jerónimo, quien dijo que en el caso de la jamaica se requiere de protección ante las importaciones, y apoyo para la comercialización e industrialización del producto.

Según Jorge Calderón, el asunto de la ley indígena está relacionado con el respeto a la forma de organización y producción de los indígenas, pero también con el apoyo de gobierno federal para que subsistan los productores.

Indicó que una de las necesidades en esta etapa del TLCAN es el cierre de las fronteras a productos que pudieran afectar el desarrollo en el campo, entre ellos el café y el maíz.

En este foro, se demandó además respeto a las formas de seguridad e impartición de la justicia que se realiza en esta región de la Costa Chica, a partir de la Policía Comunitaria.

Un asesinato en Cuanacaxtitlán

Al final, en entrevista, el director de Seguridad Pública en San Luis Acatlán, Bruno Plácido, comentó el caso del asesinato de un habitante en la comunidad de Cuanacaxtitlán, en donde algunos priístas del lugar acusan que tiene responsabilidad el gobierno municipal.

Según Bruno Plácido, en el homicidio efectivamente hubo dos personas identificadas con partidos políticos. El homicida, Marcelino Francisco Camilo García, con el PRD, y el fallecido, Alberto González Rufino, con el PRI. Afirmó que hubo una discusión luego de que ambos se encontraban tomando, y que al parecer hubo una primera agresión de González Rufino a Camilo García, quien luego lo apuñaló. Existe el antecedente de que siete años atrás, un familiar de Alberto González mató a otro de Marcelino Camilo.

Bruno Plácido negó cualquier participación del ayuntamiento en ese crimen, y afirmó que la policía, y en particular la Comunitaria, están al margen de los partidos políticos.