Declaración de ejidatarios en favor de modificar la Ley de Expropiaciones

* Acuden campesinos, diputados locales y federales, el alcalde Alberto López Rosas y funcionarios de la Procuraduría y el Tribunal Agrario

Karina Contreras * Más de 300 ejidatarios que participaron en el primer foro nacional en Materias de Expropiaciones Ilegales de Tierras Ejidales y Comunales se pronunciaron por una modificación a la Ley de Expropiaciones publicada en el 22 de diciembre de 1993.

Esto, por los múltiples atropellos que han sufrido los ejidos en México y que incluso han ido más allá al arrebatar propiedades a particulares para satisfacer intereses del estado con sus amigos políticos y empresarios voraces.

En el primer foro sobre expropiaciones ilegales, llevado a cabo en la colonia 13 de diciembre, en el ejido de El Podrido, se dieron cita ejidatarios y representantes de estados como Puebla, Michoacán y San Salvador Atenco, del estado de México. Asimismo hasta el lugar para exponer los problemas de sus ejidos porteños llegaron representantes de Icacos, La Estación, Dos Arrollos, Playa Bonfil, Plan de los Amates, Puerto Marqués, Llano Largo, El Cayaco, La Sabana, Tres Palos, Playones de San Isidro, San Antonio, Piedra Imán, Kilómetro 21, El 30, Bajos del Ejido, Pie de La Cuesta, el Cerro del Tigre, así como Sabino Palma que mantiene una lucha por predio de varias hectáreas en la zona de Punta Diamante, entre otros.

Entre las autoridades estuvieron el edil Alberto López Rosas; la diputada local, Adela Román Ocampo; los diputados federales, Ana María López Hernández, Rogaciano Morales Reyes, Fredy García Rivera, y el de la comisión de la Reforma Agraria, Félix Castellanos Hernández, y funcionarios de la Procuraduría y el Tribunal Agrario, quines se negaron a dar entrevistas, y tampoco participaron como oradores en el foro.

Aun cuando los reclamos, las peticiones y las recomendaciones de los ejidatarios eran para ellos. El del Tribunal Agrario, Jorge Reiser sólo se limitaba a asentir con la cabeza o tomaba notas. Y se retiró unos 20 minutos antes de que terminará el foro.

Las participaciones

La inauguración –dos horas después de lo programado– corrió a cargo del edil porteño, Alberto López Rosas quien en su discurso manifestó que Acapulco es un espacio de libertad porque así lo quisieron los acapulqueños, ya que así han sido los años de lucha donde hubo persecución, encarcelamiento y muertes.

Luego hizo un reconocimiento y la solidaridad para quienes se aferran con derecho a su pedazo de tierra y que arraigados en sus surcos se niegan y se resisten a ser despojados de ellas.

Dijo que en Guerrero se han visto los grandes y enormes hierros y las desviaciones.

Más de 80 mil hectáreas destinadas a la plantación del coco, hoy están desoladas y acabadas y lo que era el empleo directo para muchos campesinos que vivían de la tumba del corte, de la comercialización del coco hoy viven en la miseria.

Finalmente dijo que ser gobierno no significa estar alejados de los problemas populares, ser gobierno los vincula a coadyuvar en estas luchas. En Acapulco se quiere un desarrollo con justicia para que se pueda caminar con equidad y equilibrio que es lo que requiere el pueblo mexicano.

Mientras que el presidente de la comisión de la Reforma Agraria en el Congreso federal, Félix Castellanos Hernández señaló que en el país hay 400 asuntos agrarios. Mientras que en Guerrero se tienen alrededor de 15 problemas agrarios entre los que están los que han sonado últimamente como es el de Icacos, Plan de los Amates, E Podrido, entre otros.

Añadió que el Frente de Defensa Campesina tiene el propósito de defender jurídicamente las tierras ejidales, en refrendar a los campesinos, a los dirigentes que por motivos agrarios ya están siendo acusados y tienen órdenes de aprehensión.

En su turnó el comisario ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles en un breve discurso manifestó el apoyo a los ejidatarios, y en especial a los guerrerenses “porque ellos estuvieron también en su lucha”.

Por su parte, el representante de la Unión Campesina del estado de Michoacán, Antonio García Garfías dijo que no obstante de las órdenes de aprehensión, no hay cárcel que les detenga. Señaló que ellos se han unificado aún después de la persecución de los tres niveles de gobierno. Por lo que los invitó a que se unan no de palabras sino de hechos.

Dijo que las expropiaciones van a tener consecuencias que lamentar si no se toman las medidas pertinentes a tiempo.

García Garfías manifestó que los campesinos están abriendo los ojos y se están organizando en defensa de sus tierras.

Las Conclusiones

Al asesor legal de El Podrido, Humberto Sevilla Díaz, fue el encargado de leer las conclusiones del foro que duró casi tres horas. Las propuestas fueron resumidas en cinco puntos que serían entregadas a los diputados federales, encabezados por Félix Castellanos y a la diputada local, Adela Román para que desde sus curules las impulsen.

Sevilla Díaz dijo que de ese foro salía la propuesta de modificar la Ley de Expropiaciones. Asimismo, pidó a los diputados presentes que promovieran la derogación de los artículos 1 en su fracción 7, 8 10 y 17, 20 de la Ley de Expropiaciones, para que se adecuen a los principios de equidad y justicia en el campo de México.

El abogado legal dijo que con esto se pretende que se prohíba el acaparamiento mediante el despojo con apariencia de utilidad pública, entendida como el desarrollo integral de los dueños de la tierra           y no como fraccionadores que revender el patrimonio que no les pertenece.

En el segundo se propone prohibir al Ejecutivo federal de ocupar temporalmente y parcialmente los bienes expropiados hasta que no se deposite el monto que arroje el avalúo comercial sometido a consideración de un juez de distrito mediante la prueba pericial.

En el tercer punto, piden que los núcleos agrarios puedan recurrir al juicio de amparo de forma directa contra la resolución de expropiación del ejecutivo, tanto como para fijar el monto de fianza indemnizatoria como el derecho a conceder la suspensión del acto reclamado.

En el otro punto se pide que las partes tendrán derecho a           un perito valuador y que los bienes no sean contemplados por las oficinas de catastro municipal para el efecto de fijar el precio, en virtud de que las tierras ejidales no tienen que esta contempladas en ninguna legislación municipal.

En el punto final se pide que las indemnizaciones sean pagadas en el termino máximo de 60 días, una vez obtenida la resolución judicial que determine el monto relativo al valor de la tierra en caso de controversia.