“No sirve para nada” la Fiscalía Especial: Subcomandante Marcos

En el artículo sobre Guerrero, “Los presos y desaparecidos políticos: la memoria rebelde”, el subcomandante Marcos del EZLN plantea que “no sirve para nada” la Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado reciente que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, que supuestamente debe investigar el problema de los desaparecidos de la guerra sucia.

La califica como “una nueva mascarada para entretener a algunos ingenuos o para darle trabajo a algunos políticos profesionales con pasado de izquierda”.

En el artículo publicado el 19 de febrero en La Jornada, señala que la Fiscalía no está investigando el paradero de los desaparecidos, y sólo se encamina a interrogar a un pequeño grupo de “sicarios del poder” (Mario Arturo Acosta Chaparro, Miguel Nazar Haro, Francisco Quirós Hermosillo), sin que pueda cartigar a los autores materiales e intelectuales, porque para ello se han torcido las leyes.

Señala que las reservas con que el gobierno de México firmó la Convención sobre la desaparición forzada garantiza que los que ejecutaron y ordenaron las desapariciones forzadas no serán castigados por este delito.

Explica: “En diciembre de 2001, por fin, el Senado decidió ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994. Parecería que con esto se estaba dando un paso fundamental hacia la solución de este terrible problema, pero al mismo tiempo formuló una reserva y una declaración interpretativa. Al hacer esto se está violando el contenido fundamental de la Convención y, sobre todo, se comete una nueva burla contra las víctimas (y sus familiares) de esa terrible práctica de la desaparición forzada, caracterizada por la resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad.

“La reserva del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos se refiere al reconocimiento del fuero de guerra de los militares que cometieron el delito de la detención-desaparición, con lo cual se les garantiza que no serán juzgados por tribunales civiles.

“Y, por otro lado, en la declaración interpretativa se plantea que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de lo aprobado por el Senado. Es decir, impunidad para el pasado”.

“Con estos dos puntos se viola el artículo IX de la convención, en el cual se plantea lo siguiente: ‘El delito de desaparición forzada de personas sólo podrá ser juzgado por las jurisdicciones de derecho común competentes de cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares’. Y el artículo III: ‘Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

“Con la reserva y con la declaración interpretativa, el Estado mexicano está garantizando la total impunidad para los que cometieron y ordenaron la desaparición de cientos de mexicanos”.

De esta manera, afirma, “no sirve para nada una Fiscalía Especial, que supuestamente va a investigar las desapariciones, si desde antes de que presentara su plan de trabajo, desde antes que les pidiera muestras de sangre a las madres de los desaparecidos de Sinaloa, desde antes que abriera pomposamente sus oficinas en Guerrero, ya no tenía materia de trabajo”.

Y pregunta: “¿O será que realmente de lo que se trataba era de crear una parafernalia que sirviera para tener algo que responder, cuando en sus constantes giras por el mundo el señor Fox es cuestionado sobre la violación de los derechos humanos en México?”