Ninguna gasera tiene programa interno de supervisión, según Protección Civil
* La dependencia municipal está limitada para supervisar empresas de sustancias explosivas, dice el director * Descarta que los tripulantes de la camioneta incendiada el jueves en la Bocamar ordeñaran los tanques
El director de Protección Civil municipal, Sabás de la Rosa Camacho, dijo que legalmente esa dependencia está limitada en la vigilancia de las empresas que manejan productos explosivos, y que en el caso de las gaseras solicitó que la Dirección General de Gas, de la Secretaría de Energía, incremente su supervisión a la cuatro que operan en el puerto.
El funcionario aseguró que la responsable de verificar el buen funcionamiento de las camionetas repartidoras, las buenas condiciones de los tanques y que no haya fugas es la Dirección General de Gas, que depende de la Secretaría de Energía del gobierno federal y sólo tiene cinco inspectores en todo el país.
Aseguró que esta dependencia sólo acude una vez al año a supervisar a las cuatro empresas expendedoras de gas LP, y que eso no es suficiente, porque debe haber una verificación permanente para evitar accidentes como el del miércoles pasado. Agregó que ninguna de las cuatro cuenta con un programa interno de supervisión.
También lamentó que la Dirección de Protección Civil está limitada en la normatividad para supervisar las instalaciones y condiciones de las camionetas y los tanques de gas, y por eso hasta ayer la empresa Hidrogás no tenía antecedentes de accidentes.
El funcionario municipal también mencionó que una de las hipótesis para explicar el incendio del miércoles en la colonia Bocamar es que el fuego comenzó en el motor, y descartó que los trabajadores hayan estado ordeñando los tanques, porque no se encontraron huellas de la violación a las válvulas.
Aseguró que los trabajadores no hubieran podido sobrevivir a la explosión porque la combustión los hubiera alcanzado y los hubiera calcinado.
Sábas de la Rosa mencionó que aún no hay un dictamen definitivo de la explosión en la Bocamar, pero que los bomberos verificaron cada uno de los 72 tanques que llevaba el vehículo, los cuales no presentaron indicios de que los trabajadores los ordeñaran, pues no hubo material de cobre adherido.
También dijo que la empresa indemnizará a los habitantes de las tres casas dañadas en la explosión y que al representante legal Juan Martínez García ya se le pidió que investigue dónde están el conductor y sus ayudantes.
Dijo que a petición de los afectados, el inventario de daños, valuado preliminarmente en 15 mil pesos, se efectuará en los próximos días de manera minuciosa, porque hubo daños en las instalaciones eléctricas y posiblemente también en aparatos domésticos.
Las casas dañadas son las marcadas con los números 8, 9 y 26, propiedad de María de Jesús Piza, Pedro Escobedo y Silvestre Arzeta, cuyas fachadas sufrieron algunos daños. También hubo radiación en el cableado, lo mismo que el sistema de Telmex instalado en la vía pública, la incineración de dos árboles y la muerte de dos pericos australianos.
Al buscar personal de la empresa Hidrogás para conocer su versión de los hechos, se negó la información.
Hidrogás fue clausurada en septiembre; no tenía estudio de riesgos: Profepa
El incendio de la camioneta de Hidrogás exhibe nuevamente la limitación de algunas dependencias en la supervisión de las empresas que trabajan con material explosivo.
Mientras la Dirección General de Gas es la encargada de la supervisión de seguridad, la Dirección de Protección Civil no tiene mayor injerencia de revisión, la Profepa regula la revisión del manejo del producto, la Semarnat lleva el expediente técnico que incluye el estudio de riesgos y la Profeco regula a la empresa en lo que se refiere a la calidad del servicio al cliente y el costo.
Ejemplo de esta situación es lo que comentó el encargado del despacho de la Profepa, Raúl Lozano Villarreal, al mencionar que en septiembre de 2002 Hidrogás fue clausurada porque no tenía un estudio de riesgos, con el cual la empresa muestra a las autoridades que tiene capacidad de contrarrestar un accidente por el manejo de material explosivo.
Lozano Villarreal –que se negó a hablar de su designación como encargado de la Profepa, después de la destitución de Inocente León Pineda– aseguró que en septiembre la dependencia aplicó la sanción, y dos semanas después la empresa presentó su estudio, que se encontraba en trámite. Al presentarlo, los sellos fueron retirados y la empresa reanudó sus labores.
El expediente técnico de la compañía es manejo por Semarnat e incluye el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para que pudiera autorizarse la construcción de las instalaciones ubicadas en el libramiento de Paso Texca. (Raquel Santiago Maganda).




