No pidió la presencia de tantos policías en El Sur: Abad Orozco

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Abad Gerardo Orozco Rojas calificó como “normal” la presencia de policías municipales y del estado armados en las diligencias de actuarios. Sin embargo, precisó que la autoridad laboral solicita mínimo tres agentes y son los titulares de las dependencias los que deciden cuántos van.

“La JLCA pide a la Secretaría de Seguridad Pública (Luis León Aponte) y de Protección y Vialidad (Antonio Valenzuela Valdez) policías. Ellos deciden si van tres, cuatro o cinco, nosotros mínimo pedimos tres para que acompañen al actuario”, dijo a pregunta sobre el inusual contingente policiaco que acompañó al corresponsal de La Jornada, Misael Habana de los Santos, en el fallido intento de embargo a los bienes con que se elabora este periódico.

Dijo que asisten a estas diligencias policías armados desde que en 1995 un actuario fue asesinado, es además algo “legal y usual” aunque, insistió, nosotros no decidimos cuántos van.

En la diligencia de anteayer, participaron ocho policías municipales y ninguno del estado, aunque en la esquina de malaespina y Núñez de Balboa estaba un automóvil con agentes judiciales encabezados por el comandante de Asuntos Especiales, Ddaniel Mañez Campos.

El Sur intentó conocer la versión del secretario de Protección y Vialidad del municipio, Antonio Valenzuela Valdez, quien sin embargo no atendió al reportero Alfredo Mondragón, quien en más de tres ocasiones solicitó la entrevista al jefe de prensa Enrique Villagómez.

Debido al fracaso de la diligencia de embargo, Orozco Rojas informó que el denunciante ex trabajador de Medios del Sur, Misael Habana deberá proporcionar a la Junta el domicilio actual de la empresa donde laboró y que fue condenada.

“El nos señaló el domicilio de Vasco Núñez y el actuario que se constituyó verificó que los bienes se los llevó una persona (César Ortiz Jaramillo) y a raíz de eso se vio imposibilitado, actuó bien porque de embargar bienes hubiera actuado fuera de lo legal, lo que le queda al señor Misael es proporcionar el domicilio del demandado, si está fuera del estado debe dar el domicilio para girar un exhorto a la autoridad donde está la empresa, pero desconocemos su procedimiento”.

Orozco Rojas negó que la Junta tenga línea del gobernador René Juárez Cisneros para actuar de determinada manera en este caso, pues se trata de un organismo autónomo, aunque sea parte de la Secretaría General de Gobierno.

“Los tribunales laborales tienen autonomía propia, el gobernador no ha ordenado consigna en ningún asunto, la consigna es actuar conforme a derecho, en este asunto no se ha actuado a favor de nadie y se lleva conforme a derecho”, dijo.

Explicó que las resoluciones de la Junta no son definitivas para evitar injusticias si la autoridad sesga la ley.

“El perdedor tiene el derecho de amparo, si allá lo revisan y observan que hay violaciones a los derechos, ordenan reponer el procedimiento”.

–¿Cuándo una autoridad federal repone un proceso es porque la Junta actuó con tendencia hacia cierto actor de la demanda?

–Bueno sí. La autoridad federal estudia los conceptos de violación, por ejemplo la parte perdedora ya sea el trabajador o el patrón dice al tribunal “ofrecí a la junta estas pruebas y no les dio valor”, entonces la autoridad federal luego del análisis considera que no hubo el estudio de pruebas, concede el amparo y “Junta se te ordena para que estudies debidamente la prueba siguiendo los lineamientos”.

–¿Eso sucedió con los trabajadores de El Sur?

–Sí, exactamente.

El 28 de mayo del 2002, la JLCA realizó en pocos minutos una audiencia trifásica para el desahogo de pruebas. A dicha audiencia sólo asistió el representante de Medios del Sur y de Desarrollo de Medios, socio mayoritario de la primera, en su calidad de demandados, pues los trabajadores fueron presentados como notificados sin estarlo. Allí, la parte demandada aprovechó la ausencia de la representación de los trabajadores para negar que tuviera relación laboral con éstos. Por eso la autoridad emitió, también muy rápidamente, un laudo favoreciendo a la parte patronal, por lo que los 30 ex trabajadores de Medios del Sur recurrieron al amparo federal ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Entrevistado ayer por la tarde, el presidente de la Junta reconoció que hubo irregularidades y que por eso el Tribunal Colegiado mandató a la Junta a que repusiera todo el proceso, y para eso habrá una audiencia en la segunda semana de marzo.

“Les concedió el amparo para la reposición de la audiencia, porque la autoridad federal, determinó que al demandado se le debe emplazar cumpliendo con las formalidades de procedimiento, es decir en su domicilio, dejamos sin efecto el laudo y señalamos fecha para la audiencia trifásica y ordenamos notificar al demandado vía exhorto y estamos esperando la devolución del exhorto, mientras no sea devuelto no podemos caminar”.

Explicó que en este momento la JLCA espera la respuesta de su similar de la ciudad de México por un exhorto de notificación que envió para emplazar a juicio en Acapulco a Desarrollo de Medios (Demos SA de CV) que edita el periódico La Jornada, pues los trabajadores señalaron a esta empresa como socio mayoritario y depositario de las pertenencias de Medios del Sur.

“La audiencia está programada para los primeros días de marzo, les dije (a los trabajadores) que estuvieran pendientes en la ciudad de México para que lo diligencien, porque a veces enviamos exhortos y se los olvida o por equis situación no se hacen y para que exista rapidez necesitamos la participación de ustedes en el sentido de que una persona se traslade y haga el trámite correspondiente.

–¿Trámite que debe hacer la JLCA del DF?

–Andale, o sea verificar en la ciudad de México si ya se hizo o no se hizo.

–Si no se verifica, ¿tarda más?

–Es que como tienen exceso de trabajo pues hay expedientes que el actuario va dejando y va haciendo el de otras personas que están ahí pendientes, entonces se acostumbra que el interesado verifique, para que si no lo ha hecho le diga ‘oye porqué no lo has hecho, te pido que lo hagas’.

Negó que la autoridad local diera trato distinto en las demandas 2007 de Habana de los Santos y la 2133 de los 30 ex trabajadores de Medios del Sur. La diferencia en la celeridad de la primera dijo, fue porque se trata de una demanda local y en el segundo caso se demandó a una empresa con domicilio en la ciudad de México.

“En el asunto de Misael Habana demandó a Medios del Sur y al señor Juan Angulo y la empresa fue emplazada aquí, fueron convocados, no comparecieron a juicio para defenderse y la demanda se tuvo por contestada en sentido afirmativo. Al no haber pruebas por desahogar, la Junta dictó el laudo correspondiente donde condena sólo a Medios del Sur y Juan Angulo fue absuelto, por eso el procedimiento fue rápido”.

Continúo y dijo que Habana pidió el pago y Medios del Sur siguió sin respuesta por lo que la JLCA dictó un requerimiento de pago y embargo, pero en la visita del actuario al domicilio que señaló Habana constató que Medios del Sur “ya no tiene el domicilio en ese lugar, que la empresa es Información del Sur por lo que se vio imposibilitado para llevar a cabo el embargo”. (Nelly Bello).