Cierran tras 15 días sin éxito la oficina de la Procuraduría Militar en Atoyac

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La Procuraduría General de Justicia Militar cerró de manera inesperada la oficina que se instaló en esta ciudad, para recibir denuncias de familiares de desaparecidos de la guerra sucia contra los generales presos Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, acusado por la justicia castrense de homicidio de 143 personas en Guerrero, incluidas en las listas de desaparecidos.

La oficina cerró después de 15 días y sin éxito alguno, por el rechazo de los familiares a las investigaciones de autoridades militares en las desapariciones forzadas.

La oficina de la Procuraduría Militar que se instaló en la cabecera municipal de Atoyac, en la que fue una oficina de casa de campaña priísta, en la avenida principal Juan Alvarez, se cerró este martes sin explicación alguna.

Según vecinos de la oficina militar, a la cual –dicen– se acercaron muy pocos familiares que fueron citados, la oficina se cerró el martes 18, y fue el Día del Ejército, el 19 de febrero, cuando militares activos fueron a desocupar la oficina y se llevaron el poco mobiliario del lugar en unidades oficiales del Ejército.

Tres agentes del Ministerio Público Militar y dos secretarios que tenían la encomienda de integrar casi 200 averiguaciones que corresponden a este municipio contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo como responsables de las desapariciones forzadas, se dejaron de presentar desde el martes. Nunca hicieron amistad con los vecinos, eran muy serios, comentan.

La Procuraduría Militar citaba a los familiares de los desaparecidos, con oficios redactados y fechados en la 27 Zona Militar destacamentada en El Ticuí, en este mismo municipio. En los citatorios se alude al delito de homicidio calificado, nunca de desaparición forzada.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), habían anunciado protestas para que el Ejército dejara de intimidarlos.

Según una nota publicada en el diario El Universal, a esa oficina sólo acudieron 10 personas, de 30 citatorios que se habían girado.