Cobra la segunda ex empleada de CAPAMA su indemnización

Nelly Bello * El mediodía de ayer, la ex empleada de CAPAMA, María Elena Salmerón Mendoza, fue la segunda en cobrar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), casi medio millón de pesos luego de ganada la demanda laboral contra la paramunicipal.

El pago de los primeros 400 mil pesos a Eutimio Rodríguez Maganda, fue el 7 de febrero, quien se negó junto con su abogado a hablar con los reporteros que cubrieron la información.

Salmerón Mendoza también se negaba a hacer público el pago del cheque por 480 mil pesos. Sin embargo el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Acapulco, Gerardo Abad Orozco Rojas confirmó que la ex empleada estuvo al mediodía para recibir el pago.

Informó que Elizabeth Ortiz Ramírez, quien se desistió luego del laudo favorable a la demanda colectiva, no recibió nada, ni siquiera los 50 mil pesos que había trascendido que obtuvo como pago compensatorio.

Orozco Rojas dijo que queda pendiente el último pago por 240 mil pesos, para Esteban Parra Suástegui y después de cumplido el expediente de la CAPAMA, se archiva.

Los cuatro ex empleados, ingresaron al ayuntamiento en el periodo del ex director de CAPAMA, Fermín Alvarado Arroyo, como trabajadores de confianza. Sin embargo meses después de la salida de Alvarado Arroyo, en noviembre de 1997, demandaron a la paramunicipal alegando despido injustificado.

La demanda fue presentada en 1997 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje –instancia legal que puede intervenir en los juicios laborales contra ayuntamientos o el gobierno del estado– en la ciudad de Chilpancingo, que luego de dos años de trámites burocráticos se declaró incompetente pues la dependencia era una paramunicipal.

Entonces los asesores legales, presentaron la demanda en 1999 ante la JLCA de Acapulco que inició el procedimiento como autoridad competente, casi dos años después, en octubre del 2002, la instancia legal emitió el laudo a favor de los ex trabajadores. El entonces alcalde Zeferino Torreblanca acusó a ex directivos de la CAPAMA de favorecer con información que permitió el triunfo de los empleados, por lo que el ex edil calculó el monto a pagar en 4 millones de pesos.

En enero del 2003, ya con Alberto López Rosas como alcalde –que apoyó la postura de tráfico de información– recibió la notificación para el pago de 2 millones 200 mil pesos, aunada a la notificación de pago estaba la de embargo por parte de los demandantes, apoyados por la JLCA. Días después, en el mismo mes de enero, ambas partes llegaron al acuerdo de un pago en partes y el monto quedo finalmente en un millón 40 mil pesos.