Moisés Alcaraz Jiménez

No a la privatización de CAPAMA  

A Alfredo Arcos Castro, in memorian.
Gran demócrata, buen maestro
universitario y excelente amigo.

La privatización de empresas del Estado ha sido una de las expresiones más nefastas del neoliberalismo, modelo económico criminal que ha enviado a la pobreza a millones de personas en el mundo y ha concentrado la riqueza de manera insultante en un reducido número de grandes empresarios que son los únicos beneficiarios de un sistema socialmente injusto, rapaz y generador de profundas desigualdades.

En México, la venta de cientos de empresas públicas al sector privado del país y del extranjero, fue un proceso sucio y pestilente mediante el cual la elite gobernante, amafiada con el gran capital en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pero principalmente en el salinato, benefició a un selecto grupo de amigos que ahora son quienes integran las listas de grandes ricos del mundo, mientras en el país crecieron los niveles de pobreza y marginación.

Fue ese un modelo económico impuesto a México desde el exterior a través del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e implantado en nuestro país por los gobiernos señalados, cuyos miembros más destacados se formaron profesionalmente en los Estados Unidos.

Fue una verdadera contrarrevolución planeada y financiada en los centros internacionales de poder, donde los gobierno están al servicio de las grandes empresas. Desde esos centros de poder económico y político se han impulsado gobiernos afines en otros países que cumplen al pie de la letra sus recetas y modelos depredadores.

Todos los países de Latinoamérica, sin excepción, han sido objeto de diversas presiones y amenazas por los organismos financieros internacionales (MB, FMI y BID), que son los instrumentos de penetración del neoliberalismo. Todos esos países padecen ahora altos índices de pobreza y han sufrido severos retrocesos económicos y sociales. Argentina es uno de los casos más extremos, pues luego de ser un país exportador de alimentos, su población sufre ahora una de las hambrunas jamás vistas en el cono sur. En Argentina ya no hay nada que privatizar, todo fue vendido al capital nativo y trasnacional que ha hecho grandes negocios a costa del empobrecimiento de una de las naciones que llegó a tener los mejores niveles de desarrollo económico y social en Latinoamérica.

Gobiernos de derecha impulsados por los Estados Unidos en el contexto de la llamada globalización y el libre mercado, principales pilares del neoliberalismo, se apoderaron de los destinos de millones de personas en el mundo que ahora sufren los estragos del llamado Estado mínimo, que abdicaron de su función primordial, que es brindar bienestar y seguridad social a sus poblaciones y han dejado en manos del sector privado aspectos fundamentales de competencia exclusiva del sector público.

Por todo el mundo, el neoliberalismo ha transformado bienes y servicios públicos en simples mercancías, a las que ahora sólo tienen acceso reducidos sectores de poder económico. En nuestro país ese destino podrían correr la educación y los servicios médicos, que hasta ahora continúa proporcionando el Estado a millones de mexicanos. Estos servicios están en la mira del capital privado, al igual que lo están las dos únicas empresas públicas que aún forman parte del patrimonio nacional, Pemex y la CFE, que podrían ser vendidas a inversionistas principalmente del exterior si el PAN logra ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del 6 de julio.

Nada se escapa a la privatización y a la voracidad del capital criollo y transnacional. Ahora en nuestro país han lanzado una fuerte ofensiva contra los organismos públicos que en los municipios se encargan de proporcionar a la población los servicios de agua potables. Si en los lugares de mayor desarrollo económico resulta socialmente injusto este tipo de privatizaciones, en los estados marginados como Guerrero es criminal que se permita al capital privado hacer jugosos negocios en medio de la pobreza.

Esta ofensiva no es nueva, desde hace algunos años se ha venido gestando y en ello ha jugado un destacado papel la Comisión Nacional del Agua (CNA), que ya está aplicando en algunos municipios del país las fatales recetas del BM y FMI. Son las mismas recetas privatizadoras que una y mil veces han demostrado su fracaso en todo el mundo y que sólo han servido para expoliar aún más a poblaciones ya empobrecidas.

Al capital privado jamás lo mueve un fin social, su misión es acumular la mayor riqueza posible aun a costa de una mayor depauperización de la población y sólo invierte ahí donde tiene la certeza de que extraerá dinero en abundancia. La iniciativa privada busca apoderarse de CAPAMA no porque le preocupe la escasez del líquido en sectores pobres de Acapulco, sino porque ha visto que es posible hacer un gran negocio en esa empresa pública con sólo incrementar las tarifas, así se diga que habrá muchos candados jurídicos para impedirlo.

Encabezados por los gerentes de la CNA, brazo ejecutor del neoliberalismo en materia de aguas, inversionistas privados del país asociados al capital extranjero empezaron desde hace tiempo en los municipios más importantes una ardua labor de convencimiento, no exenta de engaño, amenazas y presiones a gobernadores y presidentes municipales para que privaticen este servicio.

En el caso de Acapulco, una vez reformada la ley respectiva, los privatizadores de la CNA han redoblado esfuerzos y todo indica que ya lograron vender su proyecto al cabildo, empezando por el propio alcalde, Alberto López Rosas, que se apresta a encabezar una campaña de convencimiento de la población para que acepte la privatización de este organismo público.

Es lamentable que quienes se dicen gobiernos progresistas defensores de las mayorías, que deberían de rechazar proyectos que lesionan a la población, se pongan al servicio de intereses particulares.

CAPAMA es una empresa rentable que ha dejado de operar con números rojos. El organismo requiere de una dirección eficiente para capitalizarse con recursos propios, lo cual es posible si quienes tienen a su cargo la empresa asumen su responsabilidad como servidores del estado y no de empresarios privados. Vender la empresa al sector privado es reconocer que estamos ante gobierno fracasados, incapaces de buscar otras alternativas para no entregar un bien público a manos privadas.

El agua es desde ahora un recurso estratégico que en un futuro próximo escaseará enormemente, alcanzando con ello un alto valor comercial ahora incalculable, por lo que no son pocos los grupos de poder económico que pretenden apropiarse de él. El Estado debe garantizar que éste siga siendo un bien público y no permitir que el neoliberalismo lo vuelva una mercancía más que se sume a los factores de pobreza que ha traído este modelo totalmente contrario a la justicia social.