Héctor Manuel Popoca Boone

Políticas públicas para el agro mexicano*

 (Primera parte)  

Hoy, para la mayoría de los hombres del campo, lo que está en juego es su propia supervivencia económica y social; además de su patriótico papel de generadores de alimentos que demanda la sociedad nacional.

Reconozcamos que en términos generales, de décadas atrás, hemos tenido una apertura irracional e indiscriminada de nuestras fronteras a la libre importación de productos agropecuarios. Ello provocó, también de manera general, una competencia desleal y ruinosa a la agricultura mexicana; colocando a la mayoría de la población rural en el inicio de su posible extinción económica y social.

Los campesinos en la era de la globalización no quedaron debidamente insertados sino que indefectiblemente ensartados. Nuestra incorporación debió ser gradual y paulatina, en la medida que hubiéramos fortalecido nuestra planta productiva con los necesarios apoyos del Estado mexicano, para contar con las mismas condiciones tecnológicas, de capitalización y de competitividad que tienen las agriculturas externas. No lo hicimos así.

De lo contrario, de seguir con la política libérrima de apertura de fronteras a la importación de productos agropecuarios, seguirá teniendo como resultante el apoderamiento externo de nuestros mercados locales y regionales, así como la apropiación extranjera de nuestras empresas agropecuarias, cuando no de su paro forzoso.

Lo anterior no significa que hoy queramos volver a los mercados cerrados que generaron ineficiencia y baja productividad. Pero reconozcamos que se nos pasó la mano al irnos al libre mercado asimétrico que provoca exclusión con injusticia social.

Es necesario avanzar hacia la construcción de un mercado agropecuario socialmente regulado. Hoy sabemos que los extremos, el libre mercado y el mercado cerrado, no son la solución.

Por otra parte, también reconozcamos que el Estado mexicano, en las ultimas décadas, disminuyó su función de apoyo y acompañamiento a la actividad agropecuaria y a sus actores. El nuevo proyecto agropecuario nacional requerido, es aquel que con la participación adecuada del Estado, garantice la rentabilidad económica de la actividad, en el marco de un mercado competitivo sin exclusión masiva de los productores del campo.

Que quede claro, los hombres y las mujeres del campo están dispuestos a participar en un proyecto de desarrollo nacional en el que prevalezca la equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso generado. Afanémonos para que el campo vuelva a ser negocio para todos los que viven en él y no para unos cuantos.

Es imposible tener un campo sano y fuerte sino se cuenta con una política agropecuaria sólida, clara y concertada con los agricultores. Una política que inicie el rescate y recuperación de la capitalización y la rentabilidad económica y social perdidas. Que le devuelva su carácter remunerador y rentable al esfuerzo agrario, para que este se realice en condiciones y circunstancias de mayor certidumbre y seguridad.

Por razones de seguridad e independencia nacional debemos otorgarle prioridad a la producción de los granos básicos. Una gran dependencia agroalimentaria no le conviene a un país que se precie de ser independiente y soberano; políticamente hablando.

Es necesario insistir en mantener una agricultura con sus productores, no con su exclusión. Percatémonos que tampoco tenemos qué ofrecerles a dónde irse, fuera de la agricultura, para encontrar una vida más digna y decorosa.

No es posible seguir sembrando y levantando cosechas, criar ganado y después venderlo, con una total incertidumbre de precios que van a la baja, de compradores inescrupulosos, de espacios de comercialización estrechos y de zonas de destino y de abasto urbanas vedadas. La reconstrucción de los mercados locales y regionales es asunto que requiere atención inmediata para que los campesinos tengan capacidad de negociación real y eficaz de sus productos que les proporcionen ingresos decorosos.

En materia de desarrollo regional, es necesario partir del reconocimiento de la diversidad de los procesos productivos agropecuarios, de la tenencia de la tierra, de la dotación desigual de infraestructura rural productiva, del acceso al financiamiento, de los ecosistemas, de la organización económica, en fin, de las diversas formas de eslabonamiento en las cadenas productivas. Todo ello con el propósito de diseñar y aplicar políticas de fomento y apoyo diferenciadas a realidades agropecuarias específicas.

Se requiere menos centralismo y verticalismo en la definición de qué es lo importante para la comunidad rural. La federalización de funciones y recursos es hoy en día un imperativo nacional. Tenemos que avanzar más en la municipalización de los programas agropecuarios. * Ponencia presentada en el encuentro nacional Diálogo por una política de Estado para el campo. En la mesa de trabajo: Papel del campo en el proyecto de nación. México, DF. San Francisco, Culhuacán.