Abelardo Martín M.

Información o autopromoción

Es común entre los gobernadores la confusión entre un programa de comunicación social, basado en la información oportuna, cierta y de calidad, y la difusión de lo que hace, dice y piensa el titular de cada dependencia.
El gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero merece reconocimiento porque se atrevió a hacer público el bochornoso e incómodo asunto de las relaciones entre su gobierno y las dos principales empresas televisoras nacionales, a quienes en prácticamente todos los estados de la República se les teme, se les odia, se les necesita y se les paga.
Para ningún gobernador es secreto que las empresas televisoras tienen ya establecidos los montos mínimos que cada estado debe aportar, y también cuáles son los temas y eventos susceptibles, programas especiales vinculados o, aparentemente, relacionados con la promoción turística y cultural.
Por supuesto que “el paquete” incluye una preocupación o atención especial a las actividades del Ejecutivo estatal, actividad que se diluye porque si alguno requiere cobertura de alguna actividad al margen del “acuerdo” debe aumentar la inversión.
Es de sobra sabido que la mayoría de los gobiernos estatales y federal dan prioridad al gasto de promoción a televisoras y radiodifusoras con las que suscriben “convenios” en los que la difusión queda en manos de los medios, no de los gobiernos.
En la sociedad actual, la información es un factor determinante de la gobernabilidad, evidencia de la que no son conscientes la mayor parte de los gobernantes, quienes conciben a las tareas informativas como la simple cobertura mediática de sus agendas y discursos.
La información en la actualidad es mucho más variada y amplia, tanto que cada responsable de programa de gobierno, podría y debiera contar con actividades de información articuladas y medidas. Sin embargo, eso no ocurre ni siquiera en la Presidencia de la República o en las instancias superiores.
Se da prioridad al spoteo publicitario, cuando que la comunicación social no es la repetición de consignas o datos, sino un permanente diálogo entre gobernantes y gobernados. La materia de esta conversación es la información amplia, oportuna y suficiente de cada actividad o programa.
El gobernador Aguirre dio ahora un paso importante, una muestra de hastío, cansancio o rebeldía respecto de la situación actual, pero sabe que no es suficiente. Es más, con seguridad tendrá que tocar a la puerta de los medios para resarcir o reparar los daños por sus expresiones publicadas en el último número de la revista Proceso.
En entrevista con esa publicación semanal, Aguirre asegura que la campaña del duopolio televisivo responde a la inconformidad de “un empresario” que “se molestó” porque no se le asignó un contrato para instalar 600 cámaras de vigilancia en el puerto.
Aunque la difusión de la ola de violencia en el estado, en especial en Acapulco, es un hecho real, la complejidad de la relación entre gobiernos y medios de comunicación es un hecho paralelo. La violencia en Guerrero es un hecho, producto de gobiernos incapaces de dar seguridad a la población y de garantizar gobernabilidad.
No obstante, Aguirre niega que la campaña mediática en su contra represente un rompimiento o represalia de las televisoras, porque él se alió con el magnate Carlos Slim Helú, archirrival de los dueños de Televisa y TV Azteca, y a quien los propios funcionarios de Guerrero consideran “el nuevo mejor amigo” del gobernador, quien se desvive en elogios hacia el empresario, que participa en un esquema de inversión tripartita (gobierno federal, local e iniciativa privada) para reactivar económicamente la zona turística tradicional de este puerto.
Aguirre afirma que la embestida de Televisa y TV Azteca a través de sus principales conductores (Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Javier Alatorre) tiene su origen en la molestia de “un influyente empresario”, que se negó a nombrar, porque no se le otorgó el contrato para instalar el mencionado sistema de vigilancia. Cuatro días después de la campaña de las televisoras, Aguirre dio el miércoles 9 una conferencia de prensa donde señaló que la campaña de ataques “a lo mejor es reflejo o producto de algunas presiones de empresas para ganar algunas licitaciones en Guerrero, y no me voy a prestar tampoco a eso. Yo tendré que seguir siempre los procedimientos que establece la ley, máxime cuando se trata de recursos federales. Ahí el gobierno no puede, de ninguna manera, orientar que gane tal empresa. No lo podemos hacer, a lo mejor a algunos grupos empresariales eso les ha causado cierto malestar”.
El gobierno de Aguirre ha sido azaroso y no exento de errores, omisiones o soberbia, pero merece reconocimiento si está decidido a cumplir con la responsabilidad de informar con transparencia, oportunidad y calidad, es decir, contar con un programa de comunicación social que contribuya a la gobernabilidad y no nada más a darle difusión y fama a su persona.