Niega indemnización por despido la Textiladora de Chilpancingo

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo La Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado se niega a pagar 148 mil 750 pesos de indemnización por despido injustificado a cuatro trabajadoras de la Textiladora de Chilpancingo, a pesar de que existe un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) al que la dependencia respondió con un amparo que solicitó ante la justicia federal para evadir el pago a las ex empleadas.

Las trabajadoras Blanca Evelia Barrios Valencia, Martha Patricia Barrios Valencia, Gloria Valencia Cruz y Reyna Vázquez Rojas fueron despedidas en noviembre del 2001 y desde el 7 de octubre del 2002 vienen solicitando una audiencia con el gobernador René Juárez para pedirle su intervención para la solución de su conflicto laboral.

Ello debido a que a pesar de que existe un laudo emitido por la JLCyA el 4 de marzo del 2002 en el que se requiere el pago de las prestaciones reclamadas que ascienden a los 148 mil 750 pesos, nadie se ha querido hacer responsable del pago a las ex empleadas de la Textiladora de Chilpancingo.

Las cuatro ex empleadas y su abogada, Josefina Hernández Catalán, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en donde denunciaron que ante la falta de respuesta a su petición de audiencia con el gobernador René Juárez, el 17 de enero pasado solicitaron una audiencia ahora con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, quien tampoco ha querido recibirlas.

La abogada informó que también el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Raúl Leyva Castro, envió el oficio DGTPS/09602003 al subsecretario de Desarrollo Económico y Trabajo del gobierno del estado, Armando García Larrumbe, a quien le expone que “como a la fecha las citadas trabajadoras no han podido hacer efectivo el laudo que les favorece, en virtud de que la citada empresa cerró sus instalaciones, y como es de su conocimiento la citada empresa sentó sus bases en esta capital bajo un esquema y lineamiento que esa Subsecretaría a su cargo realizó, motivo por el cual turnamos a usted toda la documentación referida a este asunto a efecto de que dé respuesta a la petición que hacen las trabajadoras”.

La abogada informó que sin embargo el 3 de febrero pasado se entrevistó con el subsecretario García Larrumbe para recibir información acerca del citado oficio, pero el funcionario le dijo que “no tenía ninguna documentación ni informe relacionado con la Textiladora de Chilpancingo” pero que lo busque en una semana para obtener una respuesta.

Sin embargo dijo que en esa dependencia sí existe un expediente del caso, toda vez que el 7 de noviembre del 2002, Rubén Meneses Castrejón en nombre del subsecretario de Desarrollo Económico, García Larrumbe, tramitó el amparo 954/2002 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta capital.

La dependencia argumentó en su solicitud de amparo que la Textilera de Chilpancingo “se encuentra en proceso de liquidación” ante la Notaría Pública Número Uno de esta capital.

Sin embargo la abogada Hernández Catalán dijo que ha acudido a esa Notaría y no existe tal liquidación.

“Con ello hemos llegado al convencimiento que esa dependencia del gobierno del estado, no tan sólo engaña y miente impunemente a la ciudadanía, sino que también lo hace con un juez federal e indudablemente también con el Ejecutivo del estado que ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones de las trabajadoras”, dice Hernández Catalán en un documento que distribuyó ayer a los medios de comunicación.

La abogada pone en evidencia que el “reiterativo anuncio por televisión y anuncios espectaculares de que las maquiladoras son un verdadero logro y beneficio social para las mujeres guerrerenses, es una mentira y que seguramente las personas que se beneficiaron con las maquiladoras le han ocultado la realidad que enfrentan o al menos la que fue instalada en esta capital”.