Demandan preliberación 52 presos indígenas en Acapulco

* Encuentra en el penal de Acapulco un escenario crítico sobre todo por la vulnerabilidad económica de los indígenas * Recibieron quejas por inadecuada alimentación, incertidumbre en procesos penales y maltrato de judiciales en las detenciones, informa * La Comisión está por concluir una investigación sobre el tráfico de enervantes en los penales del estado, el maltrato, castigos, traslados y cobros indebidos, adelanta el visitador Lugo Cortés

Alfredo Mondragón * Una comisión interdisciplinaria encabezada por funcionarios de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) visitó ayer a 52 presos indígenas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, y recibió múltiples quejas y sobre todo la petición del beneficio de la preliberación.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, reveló que este organismo “está realizando una investigación que está por concluir en relación con el tráfico de enervantes en el interior de los penales del estado, incluso sobre el maltrato, castigos, traslados y cobros indebidos por algunos servicios”.

La comitiva arribó al penal a las 10:00 horas y concluyó aproximadamente a las 4:00 de la tarde, con el acuerdo de que todas las dependencias desde sus ámbitos de competencia gestionarán su preliberación o libertad bajo fianza.

Participaron en la visita Lugo Cortés; el coordinador regional del organismo en Acapulco, Eusebio Saldaña Moreno; el subsecretario de Asuntos Indígenas, Fidelfo Rojas Linares; el subprocurador de Defensa de los Campesinos, Santiago Salazar Bautista.

También, el representante del Instituto Nacional Indigenista, José Luis López Ortega; Carlos Alberto Morales Escamilla, representante de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado; el médico de la Dirección Municipal de Salud, Tomás Morales Contreras y el representante de los Grupos Indígenas Radicados en Acapulco Kau Gaudencio Sirenio.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, entrevistado antes de ingresar al penal de Las Cruces, comentó que estas visitas son periódicas a todos los penales de la entidad, incluso a las barandillas municipales, separos policiacos y el tutelar de menores para supervisar el respeto a los derechos humanos de los procesados.

Dijo que en el caso de los indígenas, la primera barrera es el lenguaje y la ignorancia del conocimiento de las leyes que impiden tener una defensa adecuada de los detenidos y que esta visita servirá para revisar los expedientes penales de cada uno de ellos y en coordinación con la Defensoría de Oficio dar la asesoría jurídica.

El visitador, al concluir la visita, dijo que los derechos humanos y condiciones de los procesados al interior del penal “es un escenario crítico sobre todo por la vulnerabilidad económica de los indígenas; se recibieron quejas sobre todo por el inadecuado servicio de alimentación, incertidumbre en sus procesos penales y maltrato de parte de judiciales en las detenciones”.

Por su parte, el subprocurador de Defensa de los Campesinos, Santiago Salazar Bautista, dijo que revisarán la situación jurídica de cada uno de los indígenas presos debido a que “nos encontramos con algunos casos que por la paupérrima pobreza no han salido en libertad por no tener 5 mil pesos para pagar la fianza”.

Salazar Bautista dijo que de los 52 casos revisados, el 40 por ciento de los indígenas presos están en condiciones de pobreza por lo que coordinarán esfuerzos con otras dependencias indigenistas para contribuir en el pago de la fianza.