Juan Angulo Osorio

AL DÍA

  Sí llegó El Sur

 Un problema en el taller de impresión causó que El Sur llegara ayer a Acapulco después de las 2 de la tarde. Durante toda la mañana, decenas de lectores y amigos del gremio se comunicaron por teléfono o vinieron a nuestras oficinas preguntando sobre el motivo del retraso. Inquirían todos si la causa provenía de alguna intervención del gobierno, como muchos de ellos escucharon de los voceadores cuando preguntaban por el periódico en los puestos.

No están solos, nos respondían cuando les explicábamos que se trataba de un problema técnico y les agradecíamos su actitud de preocupación. Porque efectivamente, nuestros lectores saben que en los últimos días se han sucedido diversos actos de hostilidad del gobernador contra nuestro periódico, y precisamente en la edición de ayer la nota principal reproducía las opiniones de defensores de derechos humanos, abogados, diputados y dirigentes políticos que, a propósito del bloqueo contra El Sur, critican la política de comunicación social del gobierno del estado y abogan por una ley estatal de transparencia y acceso a la información pública.

Otra nota, también de la primera plana de ayer, se refería al despido del reportero Francisco Romo del noticiario de radio que conduce Jorge Zamora Téllez en MVS. Romo –quien se puso unas horas en huelga de hambre el lunes– atribuyó la decisión a una orden del mismo gobernador René Juárez Cisneros, transmitida mediante su director de comunicación social, César Bajos Valverde, al parecer muy molesto el primero por un comentario del reportero contra la designación como secretaria de la Mujer de Sandra Belkis Ocampo, la cuestionada ex alcaldesa de Tecpan que es una de las políticas favoritas del principal huésped de Casa Guerrero.

Ayer mismo continuó la hostilidad del gobernador contra nosotros durante una gira por Zihuatanejo, en donde de plano se negó a responder las preguntas de nuestra corresponsal Brenda Escobar, quien sólo quería saber su opinión de la cadena de hechos delictivos de los últimos días en aquella ciudad.

Como se recordará, el gobernador el viernes en este puerto, en un acto con la secretaria federal de Turismo Leticia Navarro, apenas quiso responder a una encuesta nacional que sitúa a Guerrero como el cuarto estado con más inseguridad según la percepción de sus ciudadanos, y dijo que no había tal. Puso entonces como ejemplo a Acapulco y Zihuatanejo, cuando en este último su mismo alcalde, el perredista Amador Campos Aburto, ha denunciado un incremento de la inseguridad al que ha asociado con la actitud de mafias políticas molestas por la derrota del PRI, que gobernó ininterrumpidamente ese municipio durante 48 años.

Cuestión de revisar las ediciones de El Sur de enero y febrero, y la nota de Brenda de hoy mismo para darse cuenta del clima de inseguridad en aquella ciudad de la Costa Grande.

Ciertamente en Acapulco no se perciben altos niveles de inseguridad, pero la mención de René Juárez parece ser más un apapacho al alcalde Alberto López Rosas, en reciprocidad a que éste lo acompañó en el trance para destituir al entonces delegado de la Profepa, Inocente León Pineda, el menos responsable de un informe de esa dependencia sobre la contaminación de nuestras dos principales bahías, consierado como “alarmista”, “irresponsable”, “criminal” por la clase política guerrerense de todos los partidos.

El caso es que al gobernador le molesta que publiquemos estas críticas. Por eso ha confirmado la orden de que a nuestros reporteros se les impida entrar a actos en Casa Guerrero, aunque a éstos seamos invitados por dependencias federales o gobiernos municipales. Casa Guerrero es la residencia oficial, es un edificio público, y todo lo que allí se hace se paga con recursos de los contribuyentes. No es la casa personal del gobernador.

Por eso también, de los periódicos similares al nuestro, sólo El Sur no recibe inserciones pagadas del gobierno del estado, como si éste fuese una empresa privada que puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, y no una entidad al servicio del público, parte del cual son nuestros lectores que tienen el derecho a contar con periódicos que critiquen a sus gobernantes.

La inquina llega al absurdo de no hacer llegar a El Sur los boletines oficiales que elabora la Dirección de Comunicación Social, para no hablar de la secrecía con que se maneja para nosotros la agenda del gobernador, prácticas violatorias del derecho a la información.

Lo más preocupante del caso es que no se ve cómo puede cambiar el gobernador su política hacia los medios. Porque se trata de una política que afecta a todos los periodistas, aunque parezca que sólo nos daña a nosotros. El incidente de ayer nos confirmó que tenemos muchos amigos en el gremio, y eso nos alienta para seguir adelante y no caer en la corrupción que se le impone a otras empresas periodísticas desde el gobierno del estado. Seguiremos informando.