Dudosa posición de la Fiscalía Especial ante la Procuraduría Militar, otra crítica

* El fiscal Ignacio Carrillo Prieto no dijo esta boca es mía cuando los militares anunciaron que están investigando a Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo por homicidio de 143 desaparecidos, señala Eloy Cisneros

Maribel Gutiérrez y Sergio Ocampo (Tercera parte) * Además de los cuestionamientos a la Fiscalía Especial por la falta de avances concretos en las investigaciones, también hay preocupación por su dudosa posición ante las actuaciones de la Pocuraduría de Justicia Militar, lo que se ve con claridad en el caso de dos de los acusados con más frecuencia como responsables de las desapariciones forzadas, que son los generales Mario Aruturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.

Las sospechas de posibles vínculos entre la Fiscalía Especial y la Procuraduría Militar se acrecentaron la primera semana de febrero, a raíz de que familiares de desaparecidos que habían presentado denuncias ante la Fiscalía Especial, y que habían dado sus testimonios a esa instancia, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia Militar.

Surge entonces la duda de cómo los militares obtuvieron la información, y si a espaldas y en contra de los familiares denunciantes se las proporcionó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

El profesor universitario y dirigente perredista Eloy Cisneros Guillén, en entrevista, y la maestra universitaria Anita Estrada Ramírez, en un documento enviado a este diario, plantean los cuestionamientos acerca de la intervención de la Procuraduría Militar.

El silencio del fiscal Carrillo Prieto: Eloy Cisneros

Eloy Cisneros Guillén fue detenido ilegalmente el 16 de diciembre de 1976, en Ometepec, y estuvo diez días dsesaparecido, sometido a torturas, y de estos hechos presenetó la denuncia ante la Fiscalía Especial. También presentó la denuncia de la desaparición de Andrés de la Cruz Zacapala y Daniel López Alvarez, el 6 de marzo de 1990 en Ometepec.

Igual que otros ex presos políticos, como Juan García Costilla, Octaviano Santiago Dionicio, Arturo Gallegos y Alejandra Cárdenas, Eloy Cisneros no confiaba desde el inicio en la Fiscalía Especial, y entre las críticas que plantea está su origen en la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por un militar, el general Rafael Macedo de la Concha, que antes de tener ese cargo fue procurador general de Justicia Militar, lo que de partida genera desconfianza y sospechas de posibles vínculos con las estructuras del Ejército.

Eloy Cisneros subraya el silencio del fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, ante la actividad de la Procuraduría Militar que se hizo cargo de las investigaciones contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por el delito de homicidio contra 143 personas, la mayoría de Guerrero, incluidos en las listas de los desaparecidos de la época de la guerra sucia.

Dice el profesor Eloy Cisneros: “Estamos acudiendo a esa instancia (cuyo nombre completo es Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) para cumplir, pero no tenemos confianza en esa instancia. Nosotros hemos demandado desde hace muchos años la conformación de una Comisión de la Verdad.

Y agrega: “La PGR ha nombrado a la Fiscalía por instrucciones del presidente (Vicente Fox), pero es una Fisclía que depende la Procuraduría, y la PGR está encabezada por un militar”, el general Rafael Macedo de la Concha.

–¿Porqué si su posición es ésta, presentó la denuncia?

–Porque es lo único que nos han dado, es lo único que tenemos, y aunque no le tenemos confianza a la Fiscalía, y se lo hemos dicho directamete al fiscal, le hemos dicho que tiene que ganarse la confianza de los familiares y de los agraviados, actuando, le hemos dado los elementos para que actúe y no ha actuado ¿Cuánto tiempo ha pasdo desde la creación de la Fiscalía, y no tenemos ningún avance?

Critica el silencio frente a los militares: “A nosotros nos ha extrañado que al fiscal se le dio indebidamente esa respinsabilidad, y no ha dicho esta boca es mía ni siquiera para atraer el caso cuando se supo que Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo iban a ser juzgados por el tribunal militar por los asesintos que cometieron en Guerrero.

“Era obligación del fiscal atraer ese caso y porque a él le correspnde, para eso fue nombrado, y no abrió la boca para decir que correspondía a él investigar a esos señores asesinos y no a un tribunal militar donde a nuestra forma de ver los han estado protegiendo”.

–¿Tiene usted conocimiento de que la Fiscalía Especial esté haciendo investigaciones aquí en Guerrero, en particular en los casos que usted presentó?

–En lo absoluto, en mi caso nada. Se presentaron (a principios de diciembre de 2002) tres personas en mi casa. Yo estaba en la puerta. Violentamente llegaron, y dijeron: “Somos la Procuraduría Federal. Y le digo: ¿Eso qué, a quién vienen a intimidar? Se presentaron, más que buscando alguna información, a intimidar y para decirme que si yo era Eloy Cisneros Guillén. Sí y qué, les dije, y les pedí que me dieran una copia de su credencial porque yo creo que no es la forma de hacer una investigación. Vnieron preguntándome por otras personas, nada de mi caso. Preguntándome de compañeros, que si yo los conocía.

“Entonces ahora, a nosotros que hemos demandado que se esclarezcan los hechos, nos están interrogando y de esa manera tan estúpida, intimidatoria, que no lleva a nada. Les dije: aquí (en Acapulco) la Fiscalía tiene una oficina, por qué no se nos convoca allí para hacer las investigaciones, esa Fiscalía ni siquiera funciona. Esa es la situación, el fiscal no está cumpliendo en lo más mínimo con sus obligaciones”.

Un citatorio de la Procuraduría Militar a Anita Estrada

La profesora de la UAG Anita Estrada Ramírez presentó la denuncia de la desaparición de sus hermanos Teresa y Domingo.

El un documento dirigido a El Sur informó que el 6 de febrero fue citada a declarar en torno a la desaparición de sus hermanos por la sección de averiguaciones previas de la agencia investigadora de la Procuraduría General de Justicia Militar, con el oficio AP-1-445.

Manifestó que el mismo documento dice que la cita es para que declare en su crácter de familiar de personas detenidas-desaparecidas en torno a la causa penal que sigue el fuero militar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro y al mayor Francisco Javier Barquín Alonso, por el delito de homicidio calificado.

Señala que la llaman a declarar en torno a la posibilidad de que su hermana Teresa haya sido privada de la vida por los militares antes señalados, dentro de las instalaciones militares de la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta, como parte de la lucha contrainsurgente de los años 70.

A partir de estos datos surgen nuevas dudas sobre la actuación de los militares, pues supuestamente, como lo había declarado el procurador militar, sus investigaciones contra esos tres militares, que están presos en el Campo Militar Número Uno de la ciudad de México, por el caso de los desaparecidos se basa en una lista de 143 personas, que según testimonios de otros militares, fueron arrojados al mar desde helicópteros que salían de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta.

Sin embargo, en esa lista de 143 personas no aparecen los hermanos de Anita Estrada Ramírez, ni Teresa ni Domingo. Se plantea entonces la pregunta ¿de dónde sacó la información la Procuraduría Militar?

En su carta, Anita Estrada manifiesta su posición ante el citatorio, en la que destacan, por una parte, su negativa a declarar en el fuero militar, y por otra, la pregunta: ¿La PGR o la Fiscalía Especial, es informante de la Procuraduría Militar?

La siguiente es parte de la carta:

1. Los familiares de personas detenidas-desaparecidas decidimos poner una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el mes de diciembre del año 2000, la cual retomó la Fiscalía Especial que preside el licenciado Ignacio Carrillo Prieto, donde en su oportunidad declaramos y aportamos elementos de prueba, fechas, lugares, testigos y testimonios.

2. Me niego rotundamente en mi condición de persona civil a declarar en el ámbito del fuero militar, dado que los militares que cometieron estos delitos fueron también ideólogos de una elaborada lucha contrainsurgente desde la esfera civil, claro bajo el cobijo, financiamiento y apoyo logístico de autoridades civiles y militares, llámese Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección Federal de Seguridad, Dirección de Investigación para la Delincuencia Organizada, policías judiciales estatales.

3. Hoy, la Procuraduría Militar quiere aparecer como quien podría resolver los casos de desapariciones políticas aun cuando el caso no es de su competencia.

Ante esto es preciso preguntarnos:

¿La cita que nos hace la Procuraduría Militar es con el fin de intimidarnos o mediatizarnos?

¿Quién les dio los datos de las denuncias que presentamos en la PGR a la Procuraduría Militar?

¿La PGR o la Fiscalía Especial es informante de la Procuraduría Militar?

¿Con qué seriedad o discrecionalidad la PGR y la Fiscalía Especial maneja la información de nuestras denuncias?

¿El licenciado Ignacio Carrillo Prieto se habrá tomado la libertad del tiempo para emitir resultados sobre su cometido? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para saber la verdad?

¿La Fiscalía Especial estará realizando su papel como investigadora independiente o es sólo una válvula de escape frente a la presión social creada por el Ejecutivo Nacional?