Arturo Solís Heredia

CANAL PRIVADO

* El problema del problema

Luego de que el vocero oficial del gobierno del estado, José Villanueva confirmó la semana pasada la existencia de dos órdenes de aprehensión en contra del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, no pocos ni poco respetables colegas y conocencias de este escribidor aplaudieron el anuncio, porque “ya era hora de terminar con la impunidad de este señor (dijeron unos de Plácido) que se ha dedicado a lucrar con la lucha social”, quesque para combatir la inseguridad, al mando de hombres (y mujeres, agregaría yo) armados, “en franco desacato a la ley y el Estado de derecho” (coincidió la mayoría).
Pero, con todo respeto para mis respetables, me cuesta mucho coincidir con su enjundia justiciera. Y no es que no entienda ni acepte parte de sus argumentos y razones.
Aunque dije aquí que respeto y hasta admiro el valor y la integridad de los ciudadanos agrupados para la autodefensa de sus vidas y patrimonio, también dije aquí que la violencia casi siempre engendra más violencia y que me preocupan los excesos y abusos probables y hasta posibles que cometieran esos grupos, a pesar de que fueran buenas sus intenciones y legitimas sus motivaciones.
También en este espacio dije, como los respetables en sus respectivos, que rechazo, discrepo y hasta me entripan los bloqueos de calles y carreteras como  estrategia habitual y belicosa para la movilización social en contra de gobiernos y autoridades.
Entiendo y acepto, pues, pero sólo en parte.
El problema es que su ánimo justiciero carecería por completo de asegunes si viviéramos en una democracia avanzada y madura, en donde todos los reclamos y demandas de todos los ciudadanos fueran escuchados y atendidas, si viviéramos en un país en donde casi todos los delincuentes y criminales, sin distingos de nacencia, procedencia ni poder adquisitivo fueran perseguidos, capturados, juzgados, condenados y encarcelados.
El problema es que vivimos en la anormalidad democrática, en donde los reclamos y demandas de los ciudadanos, especialmente los más jodidos y desprotegidos, suelen ser poco escuchados y muy desatendidas.
El problema es que vivimos en un país en donde menos del 2 por ciento de los asesinatos son esclarecidos, y sus responsables castigados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “de los 27 mil 700 homicidios dolosos cometidos en 2012, sólo 523 se resolvieron con una sentencia condenatoria contra los culpables, por lo que el 98.2 por ciento de los casos sigue sin resolverse”.
El problema es que en México “nos concentramos en castigar delitos menores con cárcel”, dice en su página web, el Centro de análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, que se enfoca en la evaluación y monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados.
De acuerdo con información de ese centro, “sólo 12 por ciento de las condenas que se dictan en el país corresponden a delitos graves como homicidio, violación o robo con violencia. Del total de reos (en México), 42 por ciento no ha sido condenado. Esto indica un uso desmedido de la prisión preventiva que no contribuye a la seguridad pública”.
El problema es que “el factor común entre los 20 municipios más violentos del país (Acapulco y Chilpancingo incluidos) es el alto porcentaje de impunidad”, informó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., José Antonio Ortega, el 6 de febrero de este año.
El problema es que, de acuerdo con el Inegi, “respecto a los delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 mil 270 durante 2013, apenas 19 fueron resueltos, que equivalen al 0.8 por ciento del total. Ese mismo año, enfrentaron juicio 299 presuntos responsables de mil 825 actos considerados como delincuencia organizada, pero sólo dos obtuvieron sentencia condenatoria. También quedó impune el 76 por ciento de la producción y comercio de drogas”.
El problema es que, según datos del mismo instituto, aunque en 2013 “el mayor número de procedimientos judiciales por conductas tipificadas como delincuencia organizada se iniciaron en Guerrero”, de los 308 delitos cometidos en ese año, “sólo se procesó a 23 detenidos y ninguno de ellos fue sentenciado”.
El problema es que, en ese contexto de impunidad de los peores delincuentes y criminales, ordenar aprehender al líder de la UPOEG parece más una decisión con motivos políticos que judiciales.

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