Aprueban medidas para que se cumplan recomedaciones de derechos humanos

* También se reglamenta la asignación a comunidades y colonias de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) * Exhortan a ayuntamientos a no pedir certificado de ingravidez para contratar mujeres

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * A tres días de que culmine el primer periodo ordinario de sesiones, los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad diversas reformas en materia fiscal, de administración y para requerir a funcionarios públicos y municipales que no acepten o incumplan las recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos.

Además, exhortaron a los ayuntamientos a no pedir a las mujeres certificados médicos de no gravidez como requisito para obtener un empleo, y turnaron a comisiones un punto de acuerdo para reiniciar los trabajos para promulgar una Ley de Derechos y Cultura Indígena y la situación jurídica de la Policía Comunitaria.

La sesión no tuvo debate en ningún tema, pues fueron negociados previamente los dictámenes entre las diferentes fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN y las representaciones del PRS, Convergencia, PT y PVEM.

El primer acuerdo fue para una propuesta del presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Barrios, que fue fundamentada por el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado priísta Gustavo Miranda González, quien explicó sobre el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), al que definió como un instrumento para potenciar el desarrollo social de los estados y municipios.

Dijo sin embargo que en la Ley de Coordinación Fiscal se reglamenta sólo la asignación de los recursos a los estados y los municipios, pero no la distribución que los municipios deben hacer a sus comunidades y colonias populares en condiciones de marginación social y extrema pobreza, razón por lo que se considera necesario establecer los mecanismos legales que sirvan de base a los ayuntamientos para distribuirlos de manera equitativa, privilegiando la integración de las comuniades al desarrollo nacional.

La iniciativa busca reglamentar con claridad y precisión la distribución de los recursos provenientes del FISM, “bajo una fórmula que permita que su asignación sea equitativa con relación a las comunidades y las poblaciones más pequeñas del territorio municipal, procurando que la aplicación de estos recursos no se concentre en las cabeceras municipales, así como en los principales centros de población de un municipio y que respetando el contenido y espíritu de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos se apliquen en obras y acciones que beneficien a las personas que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y rezago social”.

Acatar recomendaciones sobre derechos humanos

También se aprobó un dictamen de acuerdo presentado por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos que leyó en tribuna el diputado Joaquín Mier Peralta sobre modificaciones a la Constitución del Estado para modernizar el marco jurídico y administrativo de las instituciones responsables de la seguridad pública, la procuración de justicia, la readaptación social y defensa de los derechos humanos, específicamente en la rendición de cuentas.

Con las modificaciones constitucionales, los presidentes municipales y servidores públicos de la administración estatal que no acepten o incumplan con las recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos tendrán que comparecer y rendir un informe ante el Congreso local para explicar su decisión.

Proteger a ciudadanos y a funcionarios

Mientras que el diputado panista, David Tapia presentó el dictamen que fue aprobado por unanimidad, sobre modificaciones al Código Penal del estado para brindar protección y seguridad jurídica a la víctima del delito, servidores públicos de la PGJE, querellantes, quejosos, agraviados, testigos y peritos.

La modificación al Código Penal es para “dictar medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y protección a la víctima y ofendido del delito, así como a los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones que desempeñen o hayan desempeñado lo requieran, siempre y cuando se dé la presunción de que la seguridad de sus personas y familias estén en peligro”.

Respeto a mujeres embarazadas

Mientras que la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Porfirio Sandoval Arroyo presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, por el que se exhorta a los ayuntamientos “para que se abstengan de solicitar el certificado médico de no gravidez como requisito para poder laborar por parte de las mujeres dentro de sus respectivas oficinas”.

Y es que el pasado 7 de noviembre se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado, el decreto número 441, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Guerrero, número 248 y que entre otras disposiciones menciona que en la ocupación de puestos laborales no habrá distinción de       ningún tipo ni especie.

Sandoval dijo que “la mencionada ley local, para el caso en especial de las mujeres menciona que bajo ninguna circunstancia se le deberá de solicitar como requisito de ingreso o permanencia en su puesto laboral certificado medico de no gravidez”.

Aludió que “algunos ayuntamientos han tomado como norma solicitar para el ingreso en su planta laboral documentos tales como pruebas psicosométricas, de conocimientos y exámenes médicos de no gravidez en el caso de la mujeres, para así estar en condiciones de dar trámite de contratación final”.

Indicó que “estos requisitos por su simple solicitud marcan un sentir segregacionista y ejemplifican una mentalidad de repudio hacia la lucha que las mujeres han implementado por la derogación del requisito del certificado de no gravidez en la contratación de personal, derogación que a nivel federación ha sido anulado y que en el ámbito estatal se ha ido implementando de manera gradual”.

Además de que la solicitud del certificado médico de no gravidez como requisito para acceder a un empleo “se ha considerado y se considerará por la mujeres como una práctica infame, discriminatoria y segregacionista hacia todas las mujeres, además de significar un retroceso en al calidad de los valores de las mujeres”.

La diputada panista en su punto de acuerdo no hizo referencia al caso del ahora ex director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco, quien giró una instrucción para no contratar a mujeres embarazadas, lo que le valió ser despedido por el alcalde perredista Alberto López Rosas.

Ley de derechos y cultura indígena, a comisiones

Mientras que el punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD, Alfredo Jerónimo Cristino por el que pidió reiniciar los trabajos para promulgar una ley sobre derechos y cultura indígena y analizar la situación jurídica de la Policía Comunitaria fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas, Seguridad Pública y Justicia, para su análisis y dictamen y posterior discusión y aprobación en su caso.

El diputado perredista no presentó su propuesta como un asunto de urgente y obvia resolución, y por eso fue turnada a Comisiones. Allí solicita “reiniciar el análisis para crear las condiciones de la discusión sobre la ley de derechos y cultura indígena, y con ello el papel y reconocimiento de instancias propias de los pueblos indígenas, como es el caso de la Policía Comunitaria mediante las iniciativas legislativas pertinentes que regulen el funcionamiento de las mismas”.

Además pide “hacer un exhorto al gobernador del estado, licenciado René Juárez Cisneros para que en tanto se cubre este procedimiento legislativo, se deje de hostigar a los integrantes de la Policía Comunitaria, de tal manera que se garantice la estabilidad política de los municipios y localidades donde ésta actúa, así como la seguridad personal de los ciudadanos que la integran, debido a que contribuyen a apoyar la seguridad pública de los ciudadanos de una amplia región del estado”.