EDITORIAL

 * El gobierno, contra el derecho a la información

El gobernador René Juárez Cisneros dijo apenas el fin de semana pasado que gobierna para todos, pero no es cierto. A nuestros lectores, por ejemplo, su gobierno les niega el derecho a la información, consagrado en la Constitución, sólo por la hostilidad irracional que mantiene hacia nuestro periódico.

Un nuevo episodio de esa actitud alcanzó niveles extremos ayer, cuando al reportero Zacarías Cervantes se le impidió la entrada a un acto oficial en Casa Guerrero, pese a que El Sur fue invitado al mismo por la Comisión Nacional Forestal del gobierno federal.

Desde septiembre, en el contexto de las elecciones municipales y legislativas, El Sur fue excluido de la lista de periódicos invitados a las actividades oficiales del gobernador sin ninguna explicación. También desde entonces no recibimos los boletines que elabora su Dirección de Comunicación Social. En uno y otro caso, el gobierno del estado viola la Constitución en el sentido ya señalado, y ejerce sobre nuestro medio una presión dirigida a inhibir la libertad de expresión asimismo establecida en nuestra Carta Magna.

Adicionalmente, el gobierno del estado desde el mismo mes suspendió la publicación de publicidad oficial en El Sur, y se ha negado a pagar un adeudo de 600 mil pesos con nuestra empresa editora, Información del Sur, SA de CV, por publicidad contratada y publicada en nuestras páginas.

De este modo, el gobierno del estado ha pretendido doblegarnos suponiendo que es insostenible un periódico que no tenga los ingresos que proporciona el pago de la publicidad oficial. La suspensión de la publicidad del gobierno estatal en El Sur obedece a una decisión política con la buscan impedir que en Guerrero se difunda una visión plural sobre los acontecimientos, y que en los periódicos no se publique ninguna crítica a su gobierno. Pero para ello el gobernador usa recursos que son de los contribuyentes, entre los que nos incluimos, y que no pueden manejarse como si fueran de su propiedad.

Hemos sido cautelosos en extremo, pues somos además de un periódico una empresa legalmente constituida que tiene que cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, sus proveedores, sus anunciantes y el fisco. A ninguna empresa le conviene estar en pleito con el gobierno, pero no podemos callar esta situación ante la nueva arbitrariedad cometida en nuestra contra.

No vamos a modificar nuestra línea editorial, que es lo que quiere el gobernador. Defenderemos nuestros derechos constitucionales y legales como periodistas, y con esos mismos instrumentos pondremos las demandas pertinentes para salvaguardar el interés de una empresa que es patrimonio de muchos guerrerenses preocupados por un Guerrero mejor.