Marcial Rodríguez Saldaña

El fiscal anticorrupción en Guerrero

Como una forma de calmar los severos cuestionamientos a la corrupción que hay en el gobierno mexicano y a los altos índices en que se encuentra ubicado nuestro país en el concierto internacional, Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una Comisión Anticorrupción Autónoma, lo cual no ha cumplido y cambió por una fiscalía especializada en anticorrupción, que tampoco se ha designado.
1. La corrupción en México sigue siendo un lastre que corroe a las instituciones gubernamentales. De acuerdo con los datos de la Organización de Transparencia Internacional que publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en 2013 nuestro país se ubicó en los sitios más altos de corrupción, lugar 106 de 177 naciones, muy por encima de países como Uruguay (19), Chile (22), Costa Rica (49), Brasil (72), Perú (83), El Salvador (83) y Colombia (94).
2. Para cambiar la imagen que tiene México en el concierto internacional respecto de sus altos índices de corrupción en las entidades públicas es que Peña Nieto primero propuso crear una Comisión Anticorrupción Autónoma, a efecto de sustituir a la actual Secretaría de la Función Pública que depende directamente del Poder Ejecutivo Federal, pero aún esta propuesta que pretende maquillar la corrupción en México no ha tenido el interés para que sea aprobada por los legisladores federales.
3. Como una medida provisoria, los integrantes del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, constituidos en Constituyente permanente, reformador de la Constitución de la Federación, aprobaron en la reforma política constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, que entró en vigor al día siguiente, que en la nueva Fiscalía General de la Nación tendría al menos dos fiscalías especiales, una para delitos electorales y otra de combate a la corrupción, pero estas comenzarían a funcionar hasta que se aprueben las leyes secundarias, aspecto que no es de interés de los legisladores federales, pues han estado ocupados en aprobar las leyes para entregar contratos particulares a empresas mexicanas y extranjeras para que extraigan el petroleó del subsuelo mexicano.
4. En el caso de Guerrero, en la Constitución reformada se aprobó en el artículo décimo sexto transitorio que dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales, o sea a más tardar el 29 de mayo de 2014, el actual procurador debería de verificar que se realizara la designación del Fiscal Anticorrupción en el Estado de Guerrero con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del estado, lo cual no ha ocurrido.
5. Es evidente que el sistema de creación y nombramiento de una nueva entidad pública para combatir la corrupción en Guerrero, como lo es la Fiscalía Especializada en Anticorrupción que siga manteniendo dependencia y subordinación del Poder Ejecutivo del estado, no resolvería este delicado problema, pero aun así el actual Procurador de Justicia en Guerrero está incurriendo en una grave omisión constitucional al no proceder a su designación para que sea ratificada por la legislatura local. El hecho de que a nivel federal no se haya designado a este fiscal no excluye la responsabilidad del procurador para cumplir su obligación constitucional. Lo más adecuado sería que cualquier instancia de combate a la corrupción sea totalmente autónoma del poder público y plenamente ciudadana.
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