La retención del síndico de Olinalá implicado en robo de vacas y homicidio, provocó la aprehensión de Nestora

*Hace un año fue detenida la coordinadora de la Policía Comunitaria en esa cabecera municipal en una operación violenta y excesiva, en la que los militares cerraron los accesos a la población y con amenazas impidieron que un grupo de comunitarios los siguieran para saber a dónde la llevaban, recuerdan. No actuó sola ni de mala fe, las decisiones que se tomaron fueron colectivas, relata el actual coordinador

Lourdes Chávez

Olinalá

Sin pretenderlo, la Policía Comunitaria (PC) de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detuvo en flagrancia, cuando se robaba unas vacas, al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, y lo sometió a un proceso de “reeducación” en la Casa de Justicia de El Paraíso, con sede en Ayutla de los Libres.
Las consecuencias de dicha acción fueron la aprehensión de los principales dirigentes de esa Casa de Justicia en penales estatales y federales de mediana y máxima seguridad, comenzando por la coordinadora regional de Olinalá, Nestora Salgado García. En tanto, el funcionario municipal regresó a sus funciones en el Ayuntamiento.
A un año de la detención de Salgado García por un centenar de soldados, marinos y policías municipales –el mismo tiempo que tiene recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit–, integrantes de la organización comunitaria recordaron la acción que encabezó la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, conocida en la estructura como la comandanta Nestora.
En el sitio habitual de reuniones, frente a su casa que sirvió de base en los primeros meses de gestión, el policía comunitario Giovani Torres Salgado recordó que la detención del síndico no fue premeditada, fue a partir de la petición de familiares de dos hombres asesinados a balazos, padre e hijo, a quienes las autoridades municipales de Olinalá se negaron a recoger.
Indicó que del Ayuntamiento de Huamuxtitlán notificaron al de Olinalá sobre el homicidio de dos personas, que transportaban ganado de Olinalá a Cualac, para que se hicieran cargo del levantamiento de los cadáveres. Al final la Policía Municipal de Huamuxtitlán se hizo cargo.
Para evitar que se los llevaran al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, donde tienen que pagar para recoger a sus muertos, los familiares, residentes de la cabecera municipal de Olinalá solicitaron a la PC que los acompañaran a pedirlos a Huamuxtitlán.
Torres Salgado indicó que en dos camionetas –que donó el gobierno del estado a la CRAC de Olinalá y que se siguen utilizando–, unos 40 policías comunitarios se trasladaron al municipio vecino a hora y media de distancia. Llegaron tarde, los muertos estaban de camino a la capital, pero el síndico procurador de Olinalá estaba recogiendo las vacas y la camioneta de las víctimas.
Hasta ese momento no sabían que los asesinados estaban implicados en abigeato, y el síndico en el robo de vacas y el homicidio. En el corralón de la Policía Federal observaron que dos personas que acompañaban al funcionaron limpiaban rastros de sangre de la camioneta de las víctimas, y Patrón Jiménez argumentó que las vacas eran suyas cuando la comandanta Nestora lo encaró.
Para entonces, a uno de los policías comunitarios le pareció reconocer uno de los animales, lo revisó y confirmó, por la marca del hierro en la piel, que era suyo. Se lo habían robado.
No habrían coincidido con el funcionario en el lugar de no ser porque la vaca estaba echada, no podía levantarse del piso liso, y el síndico tampoco llevaba medios para cargarla.
El actual coordinador de la Policía Comunitaria y artesano de Olinalá, Gustavo Patrón Coronel, informó que existe un video de los diálogos y los reclamos de los policías comunitarios, que se mostraron como evidencia a las autoridades estatales. Incluso, en la Secretaría General de Gobierno las autoridades estaban convencidas de su responsabilidad, pero insistían en que la PC lo pusiera en libertad porque era una autoridad electa constitucionalmente.
La última reunión con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se realizó la tarde y se prolongó hasta la noche del 19 de agosto de 2013 en Chilpancingo, sin que las partes llegaran a algún acuerdo. El 21 por la tarde, Nestora Salgado fue detenida en Olinalá, en una operación violenta y excesiva, en la que los militares también cerraron los accesos a la población, y con amenazas impidieron que un grupo de comunitarios los siguieran para saber a dónde la llevaban.
Hay  versiones de vecinos en los poblados aledaños de que el comando que la llevaba iba a una gran velocidad. No había forma de alcanzarlos.
Esa misma noche, soldados y policías federales estatales y municipales sacaron a 39 personas en proceso de “reeducación” de la Casa de Justicia de El Paraíso, entre ellos al síndico Patrón Jiménez, y se llevaron detenidas a 14 autoridades de la CRAC.
A la distancia, Patrón Coronel opinó que por la simpatía de Nestora entre la población, el gobierno imaginó que tocarían las campanas para un levantamiento, “pero nosotros no somos guerrilleros, nosotros no nos enfrentamos a ellos, estamos por el bienestar de nuestro pueblo, no queremos estar en guerra”.
El coordinador de la PC informó que las acciones de vigilancia y seguridad continuaron pese al hostigamiento, con menor intensidad. Hace tres meses hablaron con los mandos militares para buscar una coordinación y evitar que paren, revisen y pidan explicaciones a los comunitarios cada vez se que cruzan con los soldados. La repuesta llegó días después: ya no tienen permitido hacer recorridos, aun con armas reglamentarias, “que para eso estaban ellos”.
Ahora hay dos campamentos militares en Olinalá, uno al sur de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al norte uno de la Marina Armada de México. No obstante, todas las tardes, integrantes de la PC se siguen reuniendo en una calle cerrada de Olinalá, frente a las casas de Nestora Salgado y sus hermanos.
Aseguró que “los policías comunitarios no han desmayado, no han salido para evitar otro detenido, pero están a la expectativa de cualquier cosa que se necesite”, así como los consejeros, dos comandantes regionales y los de barrio.
Subrayó que Salgado García (acusada del secuestro de casi 40 detenidos por la PC) no actuó sola ni de mala fe, las decisiones que se tomaron fueron colectivas, por la estructura comunitaria.
Añadió que si la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quisiera encontrar la verdad, investigaría los antecedentes de los detenidos por la PC en Olinalá.

Las campanadas de la Iglesia marcaron el inicio del movimiento para defenderse de la delincuencia

Como no había ocurrido en muchos años (tal vez desde la Revolución), el 27 de octubre de 2012 se tocaron las campañas de la iglesia de Olinalá porque se temía por la vida de un taxista de la ruta Chilapa-Olinalá desaparecido. Un día antes, un chofer secuestrado fue encontrado sin vida y con huellas de tortura y estaban ocurriendo raptos y extorsiones en la población.
Nestora Salgado acudió como muchos vecinos a saber lo que ocurría, participó con cientos de hombres y mujeres en las acciones de apoyo y de búsqueda del desaparecido y de la banda delictiva que se había instalado en la cabecera municipal; los hombres colocaron retenes en cinco accesos a la población, la líder natural destacó por la organización de las mujeres en la distribución de los alimentos, durante los siguientes diez días.
Su hermana Minerva Salgado aclaró que Nestora nunca se involucró en política de partidos ni se involucraba en las fiestas religiosas, hacía altruismo a título personal y “ganó simpatías porque nunca abandonó los retenes, organizaba a las mujeres, como tiene facilidad de palabra. La gente se va con quien la que defiende”.
El hermano de Nestora, Roberto Salgado García recordó que a todos les dio mucho coraje cuando la Policía Municipal soltó a un sospechoso que les entregaron los vecinos, mientras continuaban la búsqueda de los integrantes de una banda de secuestradores en una casa que sabían que rentaban. Cuando entraron a la vivienda no había nadie y la turba quemó un automóvil y dos motocicletas en el lugar.
De regreso al Ayuntamiento, el pueblo se volcó contra el alcalde Eusebio González Rodríguez, rebasado por la población. Los ciudadanos armados colocaron retenes y barricadas y exigieron la presencia de soldados de la Marina para resguardar al pueblo, pues no confiaban en los de la Sedena, que ya estaban permanentemente en la zona, tampoco confiaban en la Policía Municipal.
“Ahora nos damos cuenta de que fue un error, porque desde que llegaron los marinos fueron agresivos, a los muchachos que se encontraban en la calle por las noches los golpeaban y querían meter miedo de allá para acá”, reflexionó Roberto Salgado.
Cuando se quitaron los retenes la gente nombró a Nestora Salgado su representante y se conformaron los policías de barrio, el 25 de marzo de 2013 conformaron la Policía Ciudadana de Olinalá y el 19 de mayo se incorporaron a la CRAC, bajo el respaldo de la Casa de Justicia de El Paraíso. Por otro lado, los soldados se aliaron con el alcalde y comenzó el hostigamiento.
Giovani Torres indicó que “desde que llegaron no se sabe de ningún delincuente detenido por los soldados, pero se llevaron a un policía comunitario que tenía un arma registrada”, lo encerraron en el penal de Chilpancingo y salió libre tras el pago de una fianza para seguir su proceso penal en libertad.
También retiraron a los comunitarios los apoyos del campo que llegan a través del municipio a los campesinos, a los que trabajan como peones de albañil no les dieron empleo; cuando se repartieron bombas para insecticidas a dos que se anotaron de plano les dijeron que a ellos no les iban a dar.
Recordaron que Nestora les dijo que había recibido amenazas pero no sabía si venían de la delincuencia o del gobierno. Cuando se la llevaron temían más por su vida, ya en manos del Estado.