Debe millones el gobierno por gastos de un acto del candidato Salinas en 1987

* Funcionarios de Finanzas dirigida por Edgar Elías elaboraron facturas apócrifas para defraudar a un empresario maderero * Secodam notificó al contralor estatal que se debe pagar el adeudo * El caso ya está también en la CIDH

De la corresponsalía, Chilpancingo * El gobierno de René Juárez Cisneros ha desacatado una resolución de la IX Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que mandata el pago de un adeudo millonario que contrajo en 1987 la administración estatal con una empresa que le vendió un cargamento de maderas finas para un templete que utilizó aquí en Chilpancingo en un acto de campaña el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari.

En ese entonces el adeudo era de 81 millones de los viejos pesos –81 mil pesos actuales–, pero a la distancia de 16 años, la suma con todo intereses moratorios es de mil 460 millones 229 mil 320 pesos, según un acuerdo reciente emitido por el contralor del Estado, Enrique Alarcón Vélez.

El mismo funcionario solicita al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Rafael Acevedo Andrade que determine la “procedencia e improcedencia de dicho reclamo”.

En este caso, que ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), están involucrados ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado que, según el informe, habrían falsificado documentos oficiales para cobrar aquellos 81 millones 227 mil 740 de viejos pesos para defraudar al dueño de la empresa Polindustrias Forestales, Leopoldo Contreras Barragán.

El       triplay de pino fue utilizado por la dirigencia estatal del PRI, pero el pago de este cargamento, que fue entregado el 25 de noviembre de 1987 en el gobierno del extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu lo debería de haber hecho la Secretaría de Administración y Finanzas cuyo titular era Edgar Elías Azar, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La compra del material que se utilizó en Guerrero en los actos de campaña de los candidatos priístas para las que resultarían muy controvertidas elecciones de 1988, la autorizaron Elías Azar y el secretario de Adquisiciones y Administración y Servicios, José Luis Patiño Soberanis.

El 21 de octubre de 2002, el visitador regional de la Zona Centro-Pacífico de la Secodam, Miguel López Peña, notificó al contralor estatal, Enrique Alarcón Vélez que el gobierno de René Juárez debe de pagar la deuda a la empresa maderera Polindustrias Forestales SA de CV.

Y además solicita       que se realice una investigación a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración que sustrajeron con facturas apócrifas el importe de cuatro cheques nominales de Bancomer y uno de Banobras que se expidieron a favor de la señora Carmen González Gil a quien hicieron pasar como propietaria de la empresa Madera de Chihuahua SA”, negocio que al parecer resultó inexistente y que sirvió para defraudar al empresario Contreras Barragán.

Incluso el caso del supuesto fraude llegó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde el 6 de junio –un mes antes de la elección– se inició una averiguación previa –la SC/3890/88 C-142/88- en contra de Carmen González, quien al parecer era secretaria particular del entonces secretario de Finanzas, Edgar Elías Azar.

El Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa Cuatro del Sector Central de la PGJDF, Hilarión Reyes Hernández, solicitó el arraigo domiciliario de Carmen González de Gil para evitar que en ese entonces evadiera la acción de la justicia porque existía la versión de que dicha funcionaria cambiaría de residencia en el extranjero.

Desde esa fecha, el empresario ha acudido ante diversas instancias judiciales y la Secodam para que el gobierno estatal le pague el adeudo.

Incluso, funcionarios de las administraciones estatales de los gobiernos de Rubén Figueroa Alcocer, Angel Aguirre Rivero y el del actual, René Juárez Cisneros han reconocido este adeudo, pero no lo han saldado.

El 25 de octubre de 2002, la magistrada de la IX Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, María Eugenia Rodríguez Pavón, emitió una resolución para que el gobierno de Guerrero indemnice al empresario defraudado y que es procedente iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra funcionarios estatales que cometieron irregularidades.

Pero hasta el momento, dice en un escrito el empresario Leopoldo Contreras Barragán, el gobierno no ha acatado esa resolución.

“El gobernador del estado –René Juárez Cisneros– lejos de querer negociar sólo hizo el grotesco ofrecimiento de 5 millones de pesos”, señala el empresario en un escrito que envió al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Martí Batres Guadarrama.